Que tenemos un problema con la Justicia en España parece bastante evidente. Nadie ni a izquierda ni a derecha cree en la justicia. Se acepta o se rechaza tal o cual sentencia según la naturaleza del tribunal del que proceda, sabiendo que cada tribunal tiene un determinado color o una determinada composición, contaminada por la elección de sus miembros. Efectivamente la Justicia lleva décadas prostituida, desde el momento en que los partidos políticos empezaron a poder elegir a los miembros del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Los políticos no pueden elegir a los jueces que les tienen que juzgar. Todos los lodos presentes vienen de aquella anormalidad.
Hay varias formas de elegir a los jueces en un estado democrático de derecho. Una forma es que los jueces elijan a los jueces. Lo bueno de este sistema es que los políticos no eligen a quien les juzga. Para ser juez hay que pasar un filtro objetivo que es sacar una oposición y una dura oposición además. Esto no sólo garantiza que a la judicatura se accede por una vía objetiva, la oposición, sino que quien accede a la judicatura debe tener una adecuada cualificación y formación. Que los jueces elijan entre ellos a quienes deben ocupar los puestos en los tribunales más elevados, el Supremo y el Constitucional, parece por tanto la mejor garantía de independencia para un sistema judicial.
Alternativamente, se puede optar por un sistema en el que los políticos elijan a los jueces. De este modo, los magistrados del Supremo y el Constitucional se convierten en un reflejo de la mayoría parlamentaria en cada momento. El problema es que si la mayoría de gobierno elige a los jueces, queda en entredicho la separación de poderes. El elemento fundamental de un juicio es que el juez sea independiente. No cabe un juicio justo si el juez es elegido por una de las partes. Por tanto hay un problema fundamental con que la mayoría política pueda elegir a los jueces. El quebranto se produce tanto si un tribunal politizado tiene que juzgar al gobierno como a la oposición. Todo lo que haga el gobierno quedará santificado y todo lo que haga la oposición será condenado, al margen de que efectivamente esté bien hecho lo actuado por el gobierno o esté mal lo actuado por la oposición.
Ante la evidencia de la escasa consistencia de un sistema en que los políticos eligen a los jueces, se suele establecer un sistema de mayoría reforzada para los nombramientos, una mayoría de tres quintos por ejemplo. En teoría esto asegura que los nombramientos tengan que estar consensuados y que los jueces elegidos tengan un perfil equilibrado para todas las partes. La realidad sin embargo ha ido yendo poco a poco por otro lado. La necesidad de una mayoría reforzada a lo que ha llevado en la práctica primero es a un reparto de cuotas (tantos nombramientos de jueces para ti, tantos para mi) en vez de al nombramientos de un 100% de jueces consensuados, y en segundo lugar y conforme se ha ido deteriorando el sistema a una situación de bloqueo, como la que se ha producido en los últimos años por la imposibilidad de llegar a un acuerdo para renovar un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, que es del que depende todo y del que después salen los nombramientos del Supremo y el Constitucional. Quien controla en cada momento el CGPJ, controla el Supremo y el Constitucional. O por lo menos controla los nombramientos cada vez que haya que proceder a la renovación de un magistrado en cualquiera de estos tribunales.
Existe también la posibilidad, que era la que apuntaba la Constitución del 78, de establecer un sistema mixto, en el que una parte de los jueces los nombraran a través del CGPJ los políticos y otra los propios jueces entre sí, para buscar un equilibrio. El problema es que la Constitución dejó demasiado abierta esta cuestión y al final el PSOE del ahora tan venerado Felipe González, en 1985, reformó la Ley Organica del Poder Judicial para que todos los magistrados del TS y el TC, de facto, acabaran siendo elegidos por la mayoría política. Estamos como estamos por culpa de la reforma que puso la justicia en manos de los políticos desde 1985.
El caso es que uno puede elegir un sistema u otro, pero después tiene que hacerse cargo de las consecuencias de haber elegido ese sistema y no otro. De este modo, el PSOE y toda la izquierda apuestan por el sistema en que los políticos eligen a los jueces. El problema es que, lógicamente, aceptan encantados las consecuencias de esta elección cuando el tribunal que dicta sentencia, por ejemplo el Constitucional, refleja su mayoría de gobierno y avala sistemáticamente todos los planteamientos de la izquierda, desde luego en todas las cuestiones fundamentales. Por el contrario, la izquierda se niega a acatar las sentencias del Tribunal Supremo porque este refleja una mayoría distinta, fruto de la mayoría política que había en un momento anterior, cuando las renovaciones en el tribunal dependieron de aquella mayoría. Esa mayoría se mantiene hasta que las renovaciones van dependiendo de una una nueva mayoría parlamentaria.
La cuestión es que si apuestas por un sistema en que los políticos eligen a los jueces, tienes que aceptar las sentencias de los tribunales tanto cuando la mayoría en esos tribunales es “progresista” como cuando es “conservadora”, o haber elegido otro sistema. No puedes acatar las sentencia cuando son fruto de tus nombramientos y llamarlas golpistas cuando no has podido nombrar tú a los magistrados. Tienes que asumir la responsabilidad de haber apostado por un sistema en que los jueces los nombran los políticos o apostar por un modelo en que los jueces son independientes de los políticos. Lo que no se puede pretender es nombrar sólo tú a los jueces o asumir las sentencias de sólo los jueces que has nombrado tú, porque eso no sólo no es coherente, sino que ni es justicia, ni es estado de derecho, ni es democracia. Un estado en que los magistrados sólo los pudiera nombrar la izquierda sería tan anómalo como un estado en que la derecha nombrara todos los magistrados. La cuestión es si los políticos quieren un sistema de magistrados independientes o magistrados que siempre les den la razón. Si apuestan por la primera opción pierden el control de la Justicia, pero si apuestan por la segunda tienen que comerse todas las sentencias dictadas por magistrados nombrados cuando eran los otros los que tenían la mayoría. Si lo que se pretende es que los políticos elijan a los jueces, pero que los políticos que elijan sean siempre de izquierda, eso sólo puede pasar en las dictaduras.
Por lo demás, a la vista está el fracaso del sistema actual basado en que los políticos eligen a los jueces. Ya nadie cree en la justicia. Ya todo el mundo habla de golpe de estado. Todos los tribunales están contaminados por su etiquetado. Es por tanto el momento de presentar a los españoles un cambio de modelo. Las alternativas son unos tribunales de colores por turnos o unos tribunales independientes el 100% del tiempo. No sólo es que el segundo sistema es más lógico y deseable, ¿o alguien prefiere un juez nombrado por la otra parte a un juez independiente?, es que el fracaso de haber apostado por el primer sistema salta a la vista. Debería abrirse el debate proponiendo al sanchismo una reforma de la Justicia consensuada por todos con el objetivo de despolitizar los tribunales. Si el sanchismo la rechaza, entonces esa reforma para despolitizar la Justicia debería convertirse en el punto 1 del programa político de los partidos de la oposición de cara a las próximas elecciones.
