La firmeza de Ferrovial en su decisión de trasladar su sede a los Países Bajos, avalada por sus accionistas, ha dado lugar en las últimas horas a nuevos y estrambóticos ataques contra la empresa española por parte del gobierno. Efectivamente sólo de estrambótica se puede calificar la forma de actuar del gobierno por un doble motivo. En primer lugar porque el gobierno debería aclararse respecto a si la existencia de las grandes empresas en un país es buena o mala. Si las empresas son un mal, entonces debería alegrarse de la marcha de Ferrovial. Pero si las empresas son un bien, entonces lo que tiene que hacer es empezar a cuidar a las empresas y dejar de insultarlas. Si las empresas son buenas para la patria, lo antipatriótico no es que las empresa se marchen, sino que se tengan que marchar porque el gobierno de su propio país las persiga, las insulte y promueva contra ellas un clima antiempresa. De hecho la fiereza del gobierno contra Ferrovial es la prueba de que no sólo Ferrovial es el problema. El gobierno quiere dar un escarmiento con Ferrovial y mandar un mensaje al resto de empresas porque sabe que hay muchas más empresas que se están espantando con este gobierno. Por otro lado Ferrovial no abandona el negocio en España ni deja a los trabajadores en la calle sino que simplemente traslada su sede. Por lo demás es obvio que el estado no regala el dinero a las empresas, sino que en todo caso y concurso de por medio les paga por la prestación de unos servicios. Si el estado eligió a Ferrovial para encargarle una obra fue porque la oferta del resto de empresas era peor y más gravosa para los contribuyentes y las arcas del estado. Pretender que Ferrovial devuelva el dinero es como pretender que el estado desmantele y devuelva por su parte las vías, los túneles o las obras construidas. Los negocios de Ferrovial en España y con el estado español son de todos modos sólo una pequeña parte de su negocio.
Ferrovial tiene que devolver hasta el último euro de dinero público que recibió de los españoles y las españolas en los momentos más difíciles.
El Gobierno de España debe actuar con firmeza y contundencia. pic.twitter.com/AS1yWLWlV1
— Ione Belarra (@ionebelarra) April 13, 2023
En segundo lugar, el gobierno debería aclararse sobre si cree o no en la Unión Europea y en la libre circulación de capitales. En vez de seducirlas o siquiera dejar de insultarlas y maltratarlas, el gobierno por el contrario ha decidido represaliar a las empresas que se vayan. Lo que sucede es que eso puede resultar inviable dentro de la Unión Europea y además no se pueden establecer barreras de salida que no actúen al mismo tiempo como barreras de entrada. Si pretendes prohibir a tus empresas que salgan de España, no puedes pretender que vengan empresas a España. El mismo discurso que está haciendo el gobierno contra Ferrovial lo podría esgrimir el gobierno de cualquier otro país para castigar a cualquier empresa que decidiera venir a España. Si la razón por la que una empresa va a estar en España no es por su atractivo sino por no poder salir, las empresas que estén fuera se pensarán dos veces el hecho de venir. Y si el gobierno entorpece la salida de empresas fuera de España, el resto de gobiernos entorpecerán la salida de empresas de sus países hacia España. ¿Acaso se piensa el gobierno que esto es un pulso sólo entre el gobierno y Ferrovial y que los ojos de todas las empresas, nacionales e internacionales, así como de sus respectivos gobiernos, no tienen puestos los ojos en este momento sobre el estrafalario comportamiento del gobierno español?
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En este sentido, resulta interesante consultar la estadística de filiales de empresas extranjeras en España que todos los años publica el INE. Como puede apreciarse, la cifra de negocios de las filiales de empresas extranjeras en España supera el medio billón de euros, una cifra cercana al 40% del PIB español. Además, las filiales de empresas extranjeras en España dan trabajo a 1,79 millones de personas. Cuando el gobierno habla de limitar o represaliar los movimientos entre países de las empresas, ¿es consciente de estos números y de la importancia para la economía española de las empresas que vienen de fuera? ¿No se da cuenta el gobierno de las posibles implicaciones de empezar una guerra contra la libre circulación de empresas? ¿O sólo le importa al gobierno la posible popularidad ante sus electorado de su discurso antiempresa, dándole igual el destrozo reputacional y económico que pueda causar con ese discurso?
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