Trenes paralizados, trenes vacíos y trenes descarrilados: este el balance de ocho años de sanchismo. Algo que funcionaba perfectamente en 1992 ahora ya no es que llegue con retraso o tiemble como el tren de la bruja, es que es una ruleta rusa que da miedo. De hecho, ha caído en picado el uso del AVE, el que aún sigue funcionando, porque las cancelaciones y las rutas fuera de servicio se han multiplicado. No hay apenas accidentes en la alta velocidad del resto del mundo. En nueve meses no puedes tener más accidentes y pasajeros muertos que todo el resto de líneas de alta velocidad del mundo en 25 años. No puedes mantener al frente de la red ferroviaria a un tipo que ya es conocido como “el carnicero de Adamuz” y “Oscar muerte”. No puedes pretender no ser responsable cuando manteniendo al mando al llamado “carnicero de Adamuz” y “Oscar muerte” al poco tiempo tienes otro accidente.
No puede ser que nos salga a todos tan caro mantener a Oscar Puente menos a Sánchez. Después de Adamuz la responsabilidad política por el accidente quizá podía haberse circunscrito a Puente, pero la responsabilidad política por Urda, al haber mantenido a Puente, ya sólo puede saldarse con la dimisión de Sánchez. Por eso Sánchez, ahora con más motivo, sostiene a Puente. Lo cual no quiere decir que no lo vaya a cesar dentro de una hora si llega a pensar que sacrificar a Puente le beneficia medio punto en las encuestas. Seguramente el equipo de relatores de Sánchez ya tiene más que estudiado si le conviene decapitar a Puente y pasar él a recibir los golpes directamente sin intermediario, si le conviene mantenerlo hasta el final, o si le conviene cesarlo pero esperando aún un poco más, tratando de que absorba todavía, antes de sacrificarlo, el mayor grado posible de responsabilidad y odio social.
Lo que ya no tratan de sostener ni los propios medios sanchistas, como en los primeros momentos, es la responsabilidad de un humilde controlador a cuyo fallo se le pudiera atribuir toda la culpa del descalabro. Es imposible sostener esta pirueta durante más de unos días porque al final se impone lo obvio: primero que para cuando todo llega a depender de un controlador es que todos los demás sistemas de seguridad han tenido que fallar, y segundo que estos sistemas fallaban constantemente, por lo que no es haya habido un fallo y un controlador cometiera un error, sino que ha habido en España fallos constantes, tras los que han tenido que intervenir los controladores sin equivocarse constantemente, hasta que de tanto ir el cántaro a la fuente uno ha cometido un error.
Una vez superada la línea de contención del fallo humano como única causa, la defensa del gobierno ha rotado en la dirección podemita, atribuyendo el motivo del accidente a la existencia de compañías privadas usando la red ferroviaria. El argumento es muy conveniente porque exculpa al gobierno, carga los muertos a la siempre odiada empresa privada y ofrece la posibilidad de presentarse como salvador, proponiendo de cara a las elecciones la nacionalización de los trenes. El problema es que esta tesis tampoco puede resistir más de 72 horas de debate serio mientras existan las redes sociales, por más que tengas echando humo una sincronizada mediática que te hubiera servido para ejercer el poder absoluto en el siglo XX.
En países como Japón, en los que la red ferroviaria es privada hace décadas, sencillamente no hay accidentes en la alta velocidad. En España, por otro lado, la red ferroviaria es pública y la gestiona el Ministerio de Transportes a través de la sociedad pública ADIF. El tren embestido es en Urda es de la compañía Iryo, la cual pertenece en un 51% a Trenitalia, la sociedad estatal de trenes italiana. El tren que embiste es un Ave de Renfe, la sociedad pública de trenes de España. Hablar por tanto de estatalizar los trenes españoles no tiene pies ni cabeza, cuando todo está ya más que estatalizado.
A mayor abundamiento, lo único que podría hacerse es dejar de autorizar a operadores privados o semiprivados a usar la red, lo cual significaría que el estado español pasara a asumir a cuenta propia el coste de ofrecer él esos servicios, dejar además de cobrar el canon que percibe de los operadores privador por usar la red, y ampliar aún un poco más si cabe la tutela de Oscar Puente y sus enchufados políticos sobre el funcionamiento de la red. Tampoco cabe el argumento de que el uso de la red por parte de los operadores privados impone un sobredesgaste de la red, primero porque los operadores pagan un canon por su uso para su mantenimiento, y segundo porque la red de alta velocidad española está lejos de los niveles de uso y estrés de la mayor parte de las redes de alta velocidad del resto del mundo.
Decíamos hace sólo un par de semanas, cuando murió Maricarmen, que en la pizarra de una campaña electoral hay tres cuadros: el de los temas que sabes que te favorecen, el de los temas que sabes que te perjudican, y el de los cisnes negros que te revientan la planificación. Gana el que consigue mantener el foco de lo que se debate en campaña sobre el cuadro de temas que le favorecen. Pues bien, el accidente de Urda es un cisne negro, un imprevisto que se ha comido por las patas toda la campaña electoral de Pedro Sánchez, con sus camisetitas, sus besuqueos y sus bailes ridículos. El accidente de Urda no es sin embargo un suceso meramente azaroso, como evidencia el precedente de Adamuz. Es la plasmación en una tragedia concreta de la mala gestión, la enchufocracia, la corrupción, la colonización política de la administración, la sustitución del buen hacer por la propaganda y el desmoronamiento general de la calidad de los servicios públicos en España.
