Vendo amnistía, compro votos, pongo magistrados

El Tribunal Constitucional ha consumado su traición a la Constitución y su aval a la amnistía. No se trata de una medida más, sino de la homologación de la corrupción en el momento fundacional del sanchismo. El sanchismo nace por una negociación con unos delincuentes en la que se intercambia su amnistía por sus votos. Es una auténtica autoamnistía y una compraventa de votos. ¿Cómo podemos sorprendernos de toda la corrupción que ha llegado después de este inicio corrupto?

Discutir que la amnistía es inconstitucional no tiene sentido porque lo saben perfectamente sus propios defensores. ¿Cómo vas a discutir que la hierba es verde con alguien con sabe perfectamente que la hierba es verde? No dicen que la hierba es rosa porque la vean rosa o porque sinceramente piensen que es rosa, sino porque para conseguir sus objetivos necesitan que la hierba sea rosa. Es por eso que la realidad o los argumentos les dan exactamente lo mismo.

Naturalmente el aval del Constitucional a la amnistía no se produce por unanimidad, sino sólo con el apoyo de los 6 magistrados progresistas y con el voto particular en contra de los otros 4 magistrados. No es por tanto una decisión consensuada en absoluto. Es una decisión ideológica, no jurídica. El TC de Pumpido, como siempre, sirve a los intereses del gobierno, en los términos exigidos por el gobierno y en los plazos que se habían anticipado planteados por el gobierno. La exculpación de todos los altos cargos corruptos del PSOE en los ERE de Andalucía vino indicando el camino.

A poco que lo pensemos, el trabajo del TC de Pumpido va a venir marcado por sus sentencias salvando a todos los corruptos y delincuentes del sanchismo. Ya han amnistiado por la vía de hecho a los socialistas corruptos de los ERE de Andalucia. Ya han amnistiado a los golpistas y malversadores que sostienen al sanchismo desde Bruselas. ¿Qué es lo que puede estar por venir? Sentencias que anulen las causas contra las captaciones de fondos de Begoña Gómez, contra el enchufe al hermano de Sánchez, contra la filtración de datos secretos del Fiscal General del Estado, y finalmente la anulación de las posibles sentencias que puedan llegar contra Cerdán, Koldo y Abalos. El control del TC se dibuja como la piedra angular para poder comprar, como último recurso, el silencio de todos los corruptos del PSOE a cambio de su amnistía.

Alguien podría pensar que estamos incurriendo en la misma práctica que el gobierno, y que cargamos contra las sentencias de la Justicia o las defendemos según nos convenga. No es cierto. El problema con la Justicia española es que hay dos tipos de jueces: los que han sido nombrados por los políticos y los que no han sido nombrados por los políticos. Todas las sentencias a favor de los políticos que los han nombrado son sospechosas. Cargamos contra la amnistia primero por la evidencia, y segundo porque se trata de una sentencia de este tipo que hemos descrito. En rigor sólo se puede llamar jueces a los que no han sido nombrados por los propios enjuiciados, todos los demás son otra cosa. La esencia del juez es ser imparcial y por tanto un juez nunca puede haber sido nombrado por una de las partes. Algo huele a podrido cuando todos los jueces no nombrados por los políticos deciden una cosa, como en los ERE de Andalucía, hasta que el caso llega manos de los jueces nombrados por el gobierno y le dan la vuelta a la sentencia para favorecer al gobierno.

En el caso de la amnistía, a Europa no se le escapa el escándalo al que asistimos. La propia Comisión Europea establecía hace unos días que nos encontramos ante una autoamnistía, que los favorecidos por la amnistía son los mismos que han decidido la amnistía y que se trata de un intercambio con unos delincuentes de votos por impunidad. Entre todos los defensores de la amnistía, no hay ninguno que no haya sido previamente elegido por el sanchismo. El sanchismo sólo cree en los jueces nombrados por el sanchismo porque ya no le da la razón, ni dentro ni fuera de España, ningún juez que no haya sido nombrado por el sanchismo.

Para concluir este análisis, les remitimos a la literalidad de lo escrito en la Constitución, para que ustedes mismos decidan si creer a sus ojos o al Tribunal Constitucional. El artículo 62 establece que corresponde al Rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Es decir, si la Constitución prohíbe expresamente los indultos generales, no cabe una amnistía dentro de la legalidad. Una amnistía es una medida que todavía va más lejos que el indulto general, porque no sólo borra la pena sino el delito, y no sólo exonera a una persona concreta después de ser condenada sino a un colectivo antes siquiera de ser juzgado. Si por otro lado fuera constitucional la amnistía, no tendría sentido que fuera inconstitucional el indulto general, porque se podría aprobar una amnistía en vez de un indulto general eludiendo su prohibición y consiguendo los mismos efectos. Por consiguiente, si la Constitución prohíbe lo menor, que es el indulto general, menos aún puede permitir lo mayor, que sería la amnistía. El problema como decíamos es que esto lo sabe todo el mundo, incluyendo los que defienden la constitucionalidad de la amnistía contradiciendo lo que decían ayer, que la defienden no por su constitucionalidad sino porque legal o ilegal es lo que les conviene en el momento actual para mantener el poder.