El caso del posible contrato a dedo de Bildu a Pirritx y Porrotx sigue dando que hablar. El Defensor del Pueblo de Navarra, esa inutilidad (el cargo, no la persona) que nos podíamos ahorrar perfectamente, es el único apoyo que han podido encontrar los payasos oficiosos de la izquierda abertzale, cuya agenda profesional (como confirma su web) es básicamente un periplo de actuaciones por las localidades del País Vasco y Navarra con ayuntamientos nacionalistas. Conste que el Defensor del Pueblo nos parece un gasto prescindible desde los orígenes de NC, como nuestra hemeroteca puede confirmar, al margen de su posicionamiento en este asunto concreto.
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Ayer los payasos nacionalistas montaron su pequeña performance en Pamplona para protestar por la suspensión del contrato posiblemente irregular, con su uniforme de payasos y rodeados de niños, en una muestra más de su peligrosa incapacidad para separar a los pequeños de su activismo político. Tras su esperpéntico show, el abogado de los payasos se quejó de que el Consejo de Navarra, al que se ha derivado la decisión sobre la actuación, probablemente no vaya a reunirse antes de la fecha señalada para la misma, pero por otro lado declaró que aunque «Podríamos acudir a la justicia ordinaria, por la vía penal o contencioso administrativa, pero no queremos: preferimos perder una actuación que enrarecer todavía más el ambiente”.
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Las palabras del abogado de Pirritx y Porrotx resultan conmovedoras, como si los payasos-activistas no estuvieran acostumbrados a actuar en ambientes tan enrarecidos como escenarios llenos de niños rodeados de fotos de presos. Como si la izquierda abertzale a lo largo de toda su trayectoria no hubiera buscado sistemáticamente las fisuras del sistema para utilizar la legalidad y las garantías del estado de derecho en provecho propio, a la par que trataba, literalmente, de dinamitarlo. La renuncia a recurrir a los tribunales para reclamar la validez del contrato sugiere más bien que saben perfectamente que su caso es indefendible y que mientras no tengan un pronunciamiento en contra al menos tienen un caso con el que victimizarse. Mientras no haya una resolución podemos hablar de persecución en vez de corrupción, para no enrarecer el ambiente.
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El último punto a señalar es que el contrato preveía un pago de 4.000 euros a Pirritx y Porrotx por su actuación. Una cifra nada desdeñable ante la que cabe preguntarse si es muy superior a la que cobran en cada una de las localidades por las que pasan, da la impresión que en la mayoría de los casos gobernadas por ayuntamientos abertzales. Carecemos de datos concretos pero a 11 actuaciones por mes los beneficios del activismo humorístico infantil podrían resultar de lo más sustanciosos.
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Un comentario
El mega-progre sentado en el sillón institucional más inútil, tocando el violón.