La democracia española al límite

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El mayor desafío de la democracia es precisamente cómo se controla al gobierno. Por eso no tiene sentido pretender, como repiten algunos, que si un gobierno es democrático su poder tenga que ser ilimitado. O sea, el problema de la democracia es justo conseguir que quien tenga la mayoría no tenga un poder ilimitado. Esto es así porque si quien ostenta la mayoría tiene un poder ilimitado nadie podría llevar a los tribunales al gobierno, ya que los tribunales serían una mera prolongación del gobierno. Cualquier abuso de poder sería irrefrenable. Obviamente un gobierno, incluso un gobierno democrático, puede cometer un abuso de poder. Es decir, el problema es cómo controlar en una democracia el poder de un gobierno que por otro lado es representativo y legítimo.

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Los elementos fundamentales de control del poder en una democracia son la constitución y los jueces. Parece también estos días que la constitución es lo que le da el poder al gobierno, cuando esto sólo es una cara de la moneda. La constitución tiene precisamente como función limitar el poder del gobierno. El gobierno no puede pretender ejercer un poder que la constitución no le da.

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Obviamente de poco sirve una constitución si al leer esa constitución uno asegura que dice blanco y otro asegura que dice negro. Es por ello que si la constitución tiene que funcionar como una fuente de poder, pero también como un límite al poder, el intérprete de lo que dice la constitución no puede ser el gobierno, ya que eso sería como intentar que el gobierno se limitara a sí mismo, o sea entregarle el poder absoluto. ¿Cómo conseguir entonces que los jueces sean imparciales que por otro lado es el atributo esencial que debe tener un juez? Naturalmente tampoco puede ser que los jueces los nombre la oposición, por lo que las democracias ofrecen dos fórmulas distintas para garantizar la independencia judicial y el control al gobierno sin que por otro lado sea el gobierno el que tenga que enfrentarse a una justicia parcial, porque la justicia debe ser imparcial para todos, también el gobierno tiene derecho a una justicia imparcial.

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La primera fórmula es que los jueces, cargo al que se llega por oposición y por tanto el filtro es la capacidad y no la ideología, elijan entre ellos a los miembros de los tribunales más elevados. De este modo se garantiza al menos la separación de poderes y el deseable aislamiento de los partidos respecto a los órganos judiciales.

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La segunda fórmula es que los magistrados de los altos tribunales los elijan los representantes de los partidos pero estableciendo un sistema de mayorías reforzadas. De este modo, aunque el gobierno tenga la mayoría absoluta de la representación ciudadana, no puede usar esta mayoría para imponer sus jueces, sino que los tiene que consensuar con la minoría. Esto obviamente se aplica gobierne quien gobierne y beneficia a todo el mundo si lo que se quiere es una justicia independiente y poder llamar democracia al sistema en que vive. Esta fórmula se parece un poco a la de dos personas que tienen una disputa y nombran juez o árbitro para que resuelva su conflicto a una tercera persona en la cual ambas confían por considerarla justa e imparcial. Si el juez o el árbitro fuera decidido por una de las partes en conflicto obviamente cabría dudar mucho de la imparcialidad. Este tipo de fórmulas consideran preferible el bloqueo a la parcialidad. El bloqueo de los órganos judiciales es un problema, de hecho el segundo problema más grave al que puede enfrentarse una justicia democrática, pero es que el problema más grave y el que se debe evitar por encima de todo es la parcialidad de la justicia.

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La Constitución Española establece un sistema mixto, en el que parte de los altos magistrados los nombran las cámaras de representación, aunque por mayoría reforzada, y otra parte los propios jueces. En ese diseño probablemente tiene mucho que ver el hecho de que viniéramos del franquismo. Nuestra Constitución es muy garantista en general, sin duda por el temor a los excesos de poder por parte de las instituciones del gobierno. Irónicamente, el desprecio de todos esos contrapesos nos acerca al franquismo o a cualquier otra forma de dictadura o abuso de poder mucho más que dejar en su tumba a tal o cual muerto. Lamentablemente este sistema comenzó a ser pervertido ya en los 80 y después los partidos han convertido la elección de magistrados en un acto en el que, en vez de consensuar 4 independientes que todos puedan asumir, pactan una cuota de 2 de los tuyos por dos de los míos, y de esos polvos sumados a una serie de factores propios de la actualidad hemos acabado en el presente y amenazante lodazal. Ya metido en el barro, el gobierno parece totalmente dispuesto a cambiar la forma de nombrar a los jueces pero sin cambiar la Constitución.

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Para no judicializar la política, hay que no politizar la justicia

Llegados a este punto no podemos negar ya que nos encontramos ante un fallo crítico del sistema operativo de la democracia española. Ahora sólo tenemos dos opciones para salir de esta crisis. Puesto que la fórmula del acuerdo entre partidos y el sistema de mayorías reforzadas ha quebrado, o salimos hacia la desviación que nos lleva a una mayor independencia judicial, y que los jueces elijan entre ellos a los magistrados de los altos tribunales, o salimos hacia la desviación que nos lleva a que el gobierno nombre a los magistrados a su antojo como en Venezuela. Hablan de despolitizar la justicia los mismos políticos que quieren nombrar los jueces.  El sistema de que el gobierno, aunque represente a la mayoría, nombre a los magistrados a su gusto, implica una doble amenaza a cual más peligrosa. Primero la de colocar al gobierno en una situación de impunidad ante los atropellos o ilegalidades que pudiera cometer, y segundo poder perseguir injustamente a la oposición. Ningún tirano podría pedir más.

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