El absentismo laboral se ha convertido en un problema grave tanto para las empresas como para la Administración Pública. La AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), en una reciente publicación de la que se hace eco Institución Futuro, ha estudiado los datos de Incapacidad Temporal llegando a conclusiones perturbadoras. Del análisis se concluye que Navarra tuvo en 2024 la mayor tasa de absentismo de toda España. Navarra vuelve a estar en el top de las estadísticas nacionales, pero en el top de las estadísticas equivocadas e indeseables.
No es un hecho puntual. La tendencia de Navarra responde a una dinámica de crecimiento sostenido en el periodo 2017-2024. A partir de 2022 la Comunidad Foral supera los niveles previos a la pandemia y en 2024 se alcanza el valor más elevado de todo el periodo. Puede apreciarse además un hecho curioso. El absentismo en Navarra dobla el de Andalucía. ¿Cómo es posible que doblemos la tasa de otra comunidad autónoma? ¿Cómo puede explicarse una diferencia tan significativa?
El coste de estos datos sobre el papel se traduce en unas cifras astronómicas para las empresas, pero también para el sector público. De hecho, el coste del absentismo laboral es para el sector público el segundo mayor coste de la Seguridad Social tras las pensiones. Hablamos según la AIRef de unos 16.000 millones de euros anuales. El coste del absentismo laboral se ha multiplicado un 200% desde 2014. Un problema que no se ataja se dispara, ¿y a quién le importan los problemas de las empresas o el coste del gasto público? Desde luego no a este gobierno. Pensar también en las empresas o gestionar el gasto público diciendo “no” es impopular, por tanto los números crecen y crecen sin cesar.
El absentismo laboral en el sector público es un 14% mayor que en el sector privado. Esto ya de por sí invita a pensar al respecto, pero si buscamos una diferencia espectacular entonces debemos observar la tasa de absentismo entre los autónomos. Si entre los asalariados del sector privado esta tasa ronda los 40 casos por cada 1.000 afiliados, cuando se trata de los autónomos la tasa de absentismo cae a unos 10 casos por cada 1.000. Es decir, hay 4 veces más de absentismo entre los trabajadores asalariados que entre los autónomos. Los datos de absentismo también son significativamente superiores en España respecto a los datos en la UE, concretamente un 68%.
Se miren por tanto por donde se miren los datos resultan insostenibles. La AIREF detecta fallos de supervisión y una «deficiencia estructural» en el control de las bajas, con una duración media que ha subido de 40 a 46 días. Las bajas laborales han crecido más de un 60% desde 2017. Un 25% de los trabajadores genera el 55% de los episodios de absentismo. Para rematar la singularidad de algunas de las cifras, la mitad de las bajas laborales son de menores de 35 años, especialmente los lunes y viernes. Por lo visto las enfermedades saben bien el día de la semana que es.
Obviamente que una persona enferma tenga su baja es un avance social apreciable e irrenunciable, pero una vez más da la impresión de que se está perdiendo el equilibrio entre justicia y abuso. Las cifras hablan por sí mismas y muestran diferencias absimales entre el presente y el pasado reciente, entre los tipos de trabajadores, las comunidades autónomas y los días de la semana que no se explican con facilidad. Que buena parte de este cuadro de datos se explica por un notorio descontrol de las bajas no sólo es evidente sino que lo reconoce la propia AIREF, tanto cuando reconoce una «deficiencia estructural» en el control de las bajas como cuando propone implementar mecanismos de control más estrictos para evitar prolongaciones de baja innecesarias y posibles fraudes.
El estado es una estructura de proporciones gigantescas que se lleva para funcionar la mitad de la riqueza de la nación. El problema es que la riqueza de la nación es la gasolina que hace funcionar el motor del estado. Si el estado asfixia y sobrecarga con sus sobrecostes la economía del país se encontrará con que está ahogando la economía que le dota de recursos. Una vez más los equilibrios se han roto y se han roto en el sentido que le resulta al gobierno más cómodo: cargar más gasto al contribuyente en vez de asumir la impopularidad de gestionar los recursos públicos con diligencia, lo que implica rechazar y controlar gastos y por tanto asumir protestas y descontento.
