Esto de que la izquierda ha dejado de creer en la familia tradicional parece un poco exagerado a la luz de las noticias de los últimos tiempos. De que la institución familiar goza de buena salud da cuenta por ejemplo la contratación por parte de Nasuvinsa de la mujer del vicepresidente Javier Remírez:
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Alguien podría sentirse maliciosamente tentado a relacionar esta noticia con la información publicada la semana pasada referente a las subidas de sueldos de la directiva de Nasuvinsa, unas subidas derivadas de la recalificación de la complejidad de la empresa, recalificación a la que dio el visto bueno el Gobierno de Navarra y que como vicepresidente firmó… Javíer Remírez. Poco más o menos, Remírez sube el sueldo a los directivos de Nasuvinsa y a continuación Nasuvinsa contrata a la mujer de Remírez. Asumiendo que no hay ninguna relación sino una mera sucesión de hechos por lo menos es llamativo o poco bonito, pero juzguen ustedes mismos.
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La contratación de la mujer de Remírez, a su vez, se incardina dentro de la cada vez más amplia lista de parientes que han pasado a cobrar de la nueva administración con el nuevo gobierno. Recordemos el caso del consejero de Educación, por poner otro ejemplo.
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La cosa puede mejorar aún si recordamos la contratación de la mujer de Joseba Santamaría como secretaria secretaria de gabinete del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, que dirige el consejero José María Aierdi Fernández, designado a propuesta de Geroa Bai.
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Desde luego no podemos olvidar en este pequeño recopilatorio en el que ya empieza a resultar sencillo perderse al marido de María Solana, nombrado jefe de gabinete del presidente del Parlamento, Unai Hualde.
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Como criterio en este tipo de asuntos puede resultar una ayuda primero ver el grosor de la lista, y también preguntarse si, antes de ser casualmente nombradas al llegar al poder sus maridos, esposas, cuñados, etc, todas estas personas estaban cobrando el triple que ahora. Si estaban cobrando el triple no hay caso, en caso contrario y tratándose de un gobierno de progreso cabe albergar alguna suspicacia razonable. Es decir, si se tratara de un gobierno de derecha no habría duda: indiscutiblemente sería corrupción estructural, robo y saqueo de las arcas públicas.
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