En las reuniones finales, Gara insiste no sólo en la presencia de los miembros de la organización internacional encargada del arbitraje, sino también en la de cinco “cualificados políticos internacionales” que tras las reuniones a las que asistieron habrían alcanzado un “detallado conocimiento de la posición de las dos partes en la mesa de negociación”.
El día 21, en la última reunión, ETA hace llegar a los socialistas un texto de nueve puntos de los que los más importantes eran “La unidad territorial de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, estableciendo un único marco jurídico-político para los cuatro territorios, que deberá ser refrendado por los ciudadanos vascos” y “el derecho de los ciudadanos vascos a decidir libremente su futuro”. Ambas cuestiones se habían hecho públicas en la Propuesta de Marco Democrático presentada por Otegui en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona y -según Gara- ETA y el gobierno habían alcanzado un preacuerdo sobre ellas ya en 2005.
ETA exige la aprobación de este texto por parte de los partidos tras las elecciones del día 27 a cambio del “compromiso de desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares”. Propone la próxima legislatura para desarrollar el acuerdo, partiendo de la legalidad vigente pero cambiándola conforme ese desarrollo lo haga necesario. Es decir, anunciar la paz antes de las generales a cambio de la autodeterminación y un referendum para unir Navarra y el País vasco en un único marco jurídico-político. Tras el anuncio solemne del acuerdo de paz, su desarrollo se completaría entre el 2008 y el 2012, dando aparentemente por hecho que, gracias a la consecución de la paz, el gobierno que saliera de esas elecciones sería el mismo que había negociado el acuerdo.
A esta última reunión, en la mesa de partidos, sólo acuden PSOE y Batasuna. Dos personas a cada lado. A la salida se confirma que no hay acuerdo. La negociación está rota. ETA comunica que queda libre de los compromisos adquiridos y el 5 de junio anuncia el final del alto el fuego.