Como quien no quiere la cosa, los días pasan y casi nadie recuerda que hace ya más de dos meses que el gobierno del PNV tiene en Vizcaya a dos personas fallecidas y sepultadas bajo una montaña de basura. Si hace un mes las familias se mostraban desesperadas, podemos imaginar lo que experimentan ahora, pasados más de dos meses sin que el gobierno vasco haya recuperado aún los cuerpos. Cuesta pensar que la tarea de recuperar estos cuerpos exceda en tanto las capacidades de un gobierno que maneja un presupuesto anual de 11.000 millones de euros y que rechazó la ayuda del Ejército por considerar que le sobraban el personal y los medios. No puede. No sabe. No quiere. ¿Qué está pasando en este caso con el gobierno vasco?
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La cronología de este accidente viene marcada últimamente por los encontronazos del gobierno con las familias de las víctimas que, como es lógico, inicialmente permanecieron en silencio, asimilando su dolor, esperando pacientemente el resultado de las labores de búsqueda, pero que con el paso de las semanas y como resulta comprensible comenzaron a reclamar del gobierno vasco que encontrara de una vez los cuerpos de los fallecidos.
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En el rosario de desencuentros acaecidos conforme pasaba escandalosamente el tiempo, se cuentan episodios tan aberrantes como la decisión de la familia de no acudir a una cita con el lehendakari sobre el terreno porque se había filtrado desde el gobierno vasco a la prensa. Según las denuncias de las familias el PNV es mucho mejor buscando fotos que buscando cuerpos. Sólo les faltaba a las familias convertirse en instrumentos de campaña del partido incapaz de encontrar a sus familiares.
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Desde aquel momento el gobierno vasco se encuentra en conflicto con las familias, al punto que, una vez más según sus denuncias, el director de comunicación del gobierno vasco, Julián Beloki, les amenazó con tener “mucho cuidado con lo que decís en los medios de comunicación”. Unos medios de comunicación que tampoco se acuerdan ya demasiado de todo este escándalo.
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Conviene recordar que el accidente que acabó con la vida de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce tuvo lugar el 6 de febrero. Es decir, casi han pasado dos meses y medio sin que se recuperen los cuerpos, y esto se sigue alargando. Pasado tanto tiempo cabe preguntarse si, por ejemplo, la suspensión de las elecciones vascas ha convertido la búsqueda de estas personas en una cosa poco prioritaria. O si el negarse a hacerse la foto con Urkullu y convertirse en una presencia crítica y molesta les está pasando factura a las familias. Obviamente el coronavirus ayuda a que todo ese asunto caiga en el olvido, lo que favorece al gobierno vasco. ¿Cuánto tiempo es razonable esperar a que se rescaten los cuerpos antes de empezar a sospechar del interés real del gobierno vasco por encontrarlos? ¿Qué altura moral puede tener un gobierno que sabiendo dónde se encuentran los cuerpos de las víctimas no puede, no sabe o no quiere ponerlos a disposición de sus familias para que puedan enterrarlos, llorarlos y pasar este oscuro capítulo? ¿Habría pasado todo este tiempo si fueran el padre, el hijo o el hermano de Urkullu?
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