Durante todo el estado de alarma hemos estado asistiendo a un abuso del poder por parte del gobierno, seguramente empezando por la propia declaración del estado de alarma y los poderes que en su consecuencia el gobierno se arrogó, los cuales parece que el Tribunal Constitucional va a determinar que sólo podían corresponder a un estado de excepción. Durante ese estado de alarma acaso ilegal, por otro lado, asistimos a momentos inquietantes como aquel en que un grupo de policías derribaban la puerta de un domicilio para detener una fiesta ilegal. Los policías determinaron por su cuenta y riesgo que era una fiesta ilegal y echaron la puerta abajo sin una orden judicial. Lo hicieron no amparados en la legalidad sino en la premisa de que existía un aforo ilegal, cosa que sin embargo sólo se podía confirmar tras entrar ilegalmente y contar a los presentes, lo que por otro lado y si había justicia anulaba todo lo hecho. Si ya era preocupante que se violaran los derechos fundamentales con la excusa de la pandemia, más aún lo era que los mandos policiales, el gobierno y los medios satélites del gobierno salieran en tromba a justificar el aparente atropello a la inviolabilidad del domicilio. Pues bien, efectivamente la Justicia parece estar determinada a exigir responsabilidades a la policía por este atropello.
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Hablamos como si tal cosa que aquí se haya impuesto un estado de excepción bajo los requisitos de un estado de alarma, o de que la policía haya empezado a entrar a los domicilios reventando las puertas sin orden judicial con el beneplácito del gobierno. Si por el contrario los españoles estimamos en algo nuestros derechos y la libertad, ninguno de estos actos puede pasar como si tal cosa. Por el contrario, se trata de hechos gravísimos que exigen la máxima responsabilidad. No sólo es que aquí aparentemente el gobierno se ha arrogado unos poderes extraordinarios de forma ilegal, sino que además se pretende que esto se asuma con naturalidad y con impunidad. No hacemos más que ver todos los días como, a cuenta de una cosa u otra, la clase política dirigente se salta las leyes, recorta derechos y dinamita el estado de derecho mientras se garantiza para hacerlo un marco de impunidad.
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Varapalo judicial a la patada en la puerta que avaló el Gobierno.
Archivan las actuaciones en contra de los jóvenes e investigarán a los policías.
Marlaska lo ordenó y justificó. Ahora si todavía tuviera algo de decencia, dimitiría. No lo hará. pic.twitter.com/3Hok6YkMtz
— Toni Cantó (@Tonicanto1) June 18, 2021
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O el estado de derecho y la Constitución son un límite al poder del gobierno, o el estado de derecho y la Constitución dejan de tener sentido. Contra lo que a menudo pueda pensarse, el estado de derecho y la Constitución no son concesiones que el poder político hace al pueblo, sino límites que el pueblo impone al poder político. Cuando el poder carece de los límites de una constitución o un estado de derecho, a eso lo llamábamos absolutismo. Si una sociedad no establece unos fuertes límites y unas severas represalias contra el abuso de poder, la libertad está en peligro. Si el gobierno decidió que se podía imponer un estado de excepción sin declarar el estado de excepción, sino sólo un estado de alarma, sometido a menos requisitos, y que no tendría que responder por ello. O que se podían derribar las puertas de los domicilios para hacer cumplir un estado de alarma ilegal mediante sanciones nulas, y que no tendría que responder por ello, y efectivamente no responde por ello, aquí desaparece hasta el menor atisbo de apariencia de estado de derecho sin que siquiera Junqueras tenga que mover una barretina. Y sin embargo todo va de lo mismo: de poner las leyes y el estado de derecho al servicio del gobierno en vez de que las leyes y el estado de derecho limiten los poderes del gobierno, entre otras cosas para impedir la instauración de un régimen absolutista. Pero es que había una pandemia. Por supuesto que había una pandemia, por eso mismo había que extremar la vigilancia sobre el gobierno, ya que para abusar del poder se le daba al gobierno una excusa perfecta. Desde el punto de vista democrático no se puede hacer borrón y cuenta nueva con esto. La plena restauración de la normalidad no pasa sólo por la reintegración de todos los derechos que nos han limitado, sino también por la asunción de responsabilidades por todos los excesos y abusos. Y cuando hasta la propia declaración del estado de alarma se encuentra en cuestión, las responsabilidades sólo pueden ser máximas.
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