Marine Le Pen ha sido condenada a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación «inmediata» por desviar presuntamente fondos del Parlamento Europeo. Aunque la sentencia puede ser recurrida y por tanto no es firme, Le Pen no va a poder solicitar la suspensión provisional de su inhabilitación, así que de hecho la inhabilitación pedida por la fiscalía general de Francia implica como efecto más relvante su descarte como candidata para las elecciones francesas de 2027.
Se trataría fundamentalmente de un vidrioso caso en que los asistentes parlamentarios que destina la Eurocámara a sus parlamentarios habrían sido puestos a trabajar en realidad para su partido. En España el PSOE diría que no es auténtica malversación por no haber un lucro personal para Le Pen. Desde luego cabe preguntarse en primer lugar si hay algún partido que todo lo haga de forma perfectamente irreprochable e incuestionable, y si Agrupación Nacional es una excepción en medio de una galaxia de partidos todas cuyas prácticas son inmaculadas o si existe un baremo para Agrupación Nacional y otro para el resto.
En segundo lugar cabe preguntarse también si la pena a Marine Le Pen, incluida su inhabilitación para presentarse a las elecciones de 2027 cuando casualmente encabeza las encuestas a la presidencia, es justa y proporcionada, más aún cuando ni siquiera se trata de una condena firme. ¿Se habría producido un proceso y una sentencia como esta contra otra líder y otro partido que no fuera el de Le Pen? ¿Se hubiera producido contra la propia Le Pen si no fuera relevante su resultado en las encuestas? ¿O estamos asistiendo a una persecución general contra todas las formaciones que, con todas sus notables diferencias entre sí, se salen del consenso davosiano a lo largo de toda la Unión Europea? Si alguien se preguntaba si lo que había sucedido en Rumanía podía suceder también en Alemania o en Francia, aquí tiene ya la respuesta. Puede que un líder patriótico haga algo inadecuado en algún lugar, ¿pero todos los líderes patrióticos y sólo los líderes patrióticos y sólo cuando las encuestas les dan posibilidades de poder gobernar? La cuestión da que pensar.
¿Podría suceder lo mismo en España? El Tribunal de Cuentas, colonizado por el PSOE gracias a los acuerdos con el PP de Casado, ya trabaja activamente contra las finanzas de VOX y particularmente contra las de VOX como acabamos de apreciar con la anterior noticia sobre las cuentas del PSOE. A VOX sin embargo se le puede aplicar un baremo extremo como el que se está aplicando a los partidos antiagendistas. ¿Es imposible la ilegalización de VOX o la inhabilitación de Abascal? La ministra de Igualdad, Ana Redondo, la misma que quiere acabar con la presunción de inocencia, ya dijo hace poco que había que sacar a VOX de las instituciones. ¿Hay alguien en el ejecutivo que diga algo que no sea supervisado por Pedro Sánchez? ¿Tiene Moncloa los medios para intentar ilegalizar a VOX? Si tiene los medios y piensa que con ello (y acaso sólo con ello) podría evitar una derrota electoral, ¿le temblaría el pulso ilegalizando a VOX? Más aún: a la vista de lo que estamos viendo, ¿podría esperarse por ello algún tipo de reproche o acción en contra de la UE?
El principal problema para ilegalizar a VOX es que se trata de una iniciativa que puede poner en marcha la Fiscalía General, pero respecto a la cual tendría que decidir una sala especial del Supremo. Aquí es donde todavía Moncloa no tiene total control. La cuestión es que el Supremo es un tribunal en donde el sanchismo no tiene mayoría, pero donde las mayorías vienen determinadas por los partidos. ¿Qué opinaría el PP sobre la ilegalización de VOX? ¿Pensaría que le puede favorecer?
Sea lo que sea no hablamos de algo impensable, puesto que como evidencia la entrada anterior ya nos lo planteábamos en 2022. La cuestión es que estamos viendo cómo ahora lo que parecía una medida de excepción para un escenario español se está normalizando por toda Europa, y que la pregunta ya no es a qué partidos va a votar la gente, sino a qué partidos o a qué candidatos se le va a dejar votar a la gente. ¿Hasta cuándo podremos seguir llamando democracia a esta anormalidad?
