Las armas de Servinabar

Resulta que Servinabar también estaba metida en el negocio de las armas, además de la construcción. Servinabar, la empresa mitad nacionalista mitad socialista de Antxon Alonso y Santos Cerdán, en lo que realmente estaba metida siempre al parecer era en el noble mundo de las mordidas, fuera en el campo que sea. SAPA Operaciones es una empresa vasca de armamento que abonó 145.200 euros a Servinabar entre 2021 y 2022. ¿Y qué tiene que ver Servinabar con el armamento vasco más allá de la amistad de Alonso con Otegui? Pues que la Fiscalía Anticorrupción tiene bajo investigación uno de los mayores contratos recientes de Defensa, el programa de fabricación del vehículo blindado 8×8 Dragón, adjudicado por 2.100 millones a TESS Defence, sociedad integrada por Indra, Escribano Mechanical & Engineering, Santa Bárbara Sistemas y… SAPA, la pagadora de Servinabar.

En diciembre de 2021, según publica The Objective, SAPA entró en el capital de Indra con la adquisición de un 5% de sus acciones, una operación respaldada por el Gobierno a través de la SEPI. Posteriormente, elevó su participación hasta el 7,94%, convirtiéndose en uno de los principales accionistas de la tecnológica y entrando en su consejo de administración. En 2022, además, recibió una subvención estatal de 32 millones de euros procedentes de fondos europeos.

SAPA, dirigida por Jokin Aperribay, el presidente de la Real Sociedad, está especializada en tecnología de transmisiones y movilidad para vehículos militares y mantiene una posición relevante en la industria armamentística española. Su participación en TESS Defence la sitúa ahora en el perímetro empresarial de uno de los expedientes examinados por Anticorrupción, aunque no consta que la compañía esté siendo investigada individualmente ni que se le atribuya la comisión de ningún delito. La Fiscalía abrió diligencias en enero de 2026 a raíz de una denuncia presentada por un particular en diciembre del año anterior. Las pesquisas se centran en posibles irregularidades en las adjudicaciones del Ministerio de Defensa a Indra y EM&E, así como en los mecanismos de financiación pública empleados para desarrollar los programas militares. La denuncia apunta a posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El caso es que tenemos una investigación sobre el megacontrato de Defensa para comprar el vehículo blindado Dragón, que SAPA forma parte del conglomerado beneficiado por esta adjudicación sospechosa, y que SAPA pagó casi 150.000 euros a Servinabar de forma como poco llamativa.

El vehículo Dragón, por otro lado, aparte de ser objeto de investigación la adjudicación para su desarrollo y estar por medio el cóctel mágico del gobierno, la SEPI, los fondos europeos, Indra y Servinabar, se encuentra muy cuestionado por motivos puramente militares y técnicos. El desarrollo del vehículo ha estado plagado de problemas y retrasos, pero además se cuestiona su propia utilidad en el nuevo campo de batalla moderno. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto el desfase de este tipo de vehículos en el teatro de operaciones de la guerra actual, donde los vehículos tradicionales no pueden hacerse visibles en las cercanías de la línea del frente sin ser casi de inmediato destruidos por los drones. El Dragón además es un transporte blindado de tamaño monstruoso, significativamente mayor que los vehículos de este tipo de otros países, al que el operador de un dron es casi imposible que pueda fallarle el impacto. ¿Qué sentido tiene que el gobierno financie tan generosamente el desarrollo de un vehículo tan problemático y aparentemente desfasado? Seguro que el pago a Servinabar es una explicación tan llamativa como poco satisfactoria en este suceso.

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