Si retrocedemos en la hemeroteca a comienzos de septiembre, nos encontramos con la primera estimación que realizaba el propio Gobierno de Navarra en relación al sobrecoste que iba tener aumentar el número de consejerías de 9 a 13. La cifra que entonces ofreció el vicepresidente Remírez fue de 1,65 millones de euros.
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Los interrogantes en torno a este asunto y el creciente número de altos cargos ha llevado a nuevas preguntas y nuevas respuestas, ya que ayer el vicepresidente Remírez volvía a comparecer para anunciar que el sobrecoste no iba a ser de 1,65 millones sino, según los últimos cálculos, de 6 millones de euros.
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La cifra llamaba la atención porque era casi 4 veces más que la inicialmente anunciada y porque recordemos que no se trata de un coste sino de un sobrecoste. Es decir, no es el coste de la burocracia de la cúpula del gobierno sino el sobrecoste respecto al gobierno anterior por los cargos de nueva creación.
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Si retomamos la cifras que detallaba el Diario de Navarra ya el pasado mes de agosto, en 2018 con el anterior gobierno la partida dedicada a los altos cargos y personal eventual de libre designación asociado fue (sin contar los pagos a la Seguridad Social) de 5,8 millones de euros. Aparentemente nos encontramos por tanto ante un aumento de los costes espectacular.
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La cifra multiplica casi por cuatro la cantidad inicialmente admitida y eleva a 24 millones el sobrecoste a lo largo de la legislatura
El nuevo gobierno insiste en que el brutal aumento de la burocracia gubernamental, la multiplicación de altos cargos y su coste subsiguiente responde a una necesidad real para poder afrontar las fabulosas políticas sociales que va a desarrollar el nuevo gobierno, y no a un mero reparto de carguitos a cuñadas, esposos, esposas de amigos y socios, aunque de todo ello tenemos ejemplos. El argumento, sin embargo, deja en muy mal lugar al antiguo gobierno, que por otro lado en parte es el mismo. O sea, si para desarrollar unas políticas sociales de progreso dignas de tal nombre eran auténticamente necesarias cuatro consejerías más y tropecuántos nuevos altos cargos, entonces no cabe sino concluir que las políticas sociales del gobierno anterior sin todas esas consejerías y altos cargos fue una auténtica birria. Por no mencionar que la política social de este nuevo gobierno es una birria respecto a la que podría ser con 47 consejerías.
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Lo único seguro de momento es que 6 millones anuales que podrían haber ido destinados a políticas sociales y gente necesitada de verdad de momento se van para pagar burocracia, cargos y puestos de nueva creación. Los progresistas dirán lo que quieran pero da la impresión de que la buena política social sería hacer justo lo contrario de lo que están haciendo. Sólo falta que llegue otra crisis y vuelvan a caer los ingresos, a ver quién va a pagar todo esto.
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Un comentario
¿Qué son 6 millones más de nuestros impuestos para esta panda de analfabetos intelectuales y morales comparados con los más de 680 millones que se han llevado sus compañeros socialistas en Andalucía?