Declarar el estado de alarma es una decisión muy grave que supone una severa restricción de derechos fundamentales, no digamos un estado de excepción. Un gobierno, por consiguiente, no puede declarar un estado de alarma o de excepción como si tal cosa, no ya en una situación que no lo justifique, sino en una que lo justifique. La declaración del estado de alarma o el de sitio presuponen una situación grave. No obstante, esa situación grave no otorga carta blanca al gobierno para aplastar sin control los derechos fundamentales. Ante una situación grave y la necesidad de tomar una serie de decisiones que afecten al libre ejercicio de algunos derechos, el marco legal prevé el estado de alarma o el de excepción, pero para evitar que el gobierno se exceda en sus poderes excepcionales, o vaya más allá de lo previsto en el recorte de los derechos, somete la declaración del estado de alarma o de sitio a una serie de requisitos que el gobierno tiene que cumplir. Más severos en el caso del estado de excepción, por limitar más los derechos, y algo menos en el estado de alarma.
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Por todo lo anterior, la excepcional situación de la pandemia no justifica que el gobierno se haya saltado los requisitos del estado de alarma, o peor aún: que haya impuesto un estado de excepción bajo los requisitos del estado de alarma, que son menores que los del estado de excepción, para establecer sin embargo las limitaciones que serían propias de un estado de excepción y que por tanto exigirían unos requisitos y unos controles a los que debe someterse el gobierno superiores y más exigentes que los del estado de alarma.
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No resulta demasiado exagerado decir que declarar un estado de alarma saltándose los requisitos para hacerlo, o imponer un estado de excepción con las limitaciones propias de un estado de excepción, pero sin los controles al gobierno propios de un estado de excepción, es casi como un pequeño golpe de estado.
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🔴#ExclusivaABC | El segundo estado de alarma también fue inconstitucional https://t.co/cae73GDkLN
— ABC.es (@abc_es) September 8, 2021
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Que el gobierno del PSOE y Podemos hayan declarado no uno, sino dos estados de alarma inconstitucionales, es un hecho gravísimo que no puede dejar de tener consecuencias jurídicas y políticas. Sería un falso debate pretender que frente a la pandemia el gobierno no tenía otra opción que hacer cosas fuera de la ley y que las opciones eran saltarse la ley o dejar morir a la gente. En absoluto, todo lo hecho por el gobierno pudo hacerlo dentro de la ley, pero el gobierno decidió hacerlo mal, hacerlo fuera de la ley, y sobre todo ejercer sus poderes excepcionales sin el control y los requisitos que le imponía la Constitución, desde la aprobación del Congreso a la enumeración, concreción, extensión y circunstancias de las limitaciones a los derechos fundamentales. Aquí por el contrario el gobierno suspendió los derechos fundamentales de forma ilimitada y arbitraria, se inventó un estado de alarma de 6 meses frente a los 15 días renovables que marca la ley, cerró el Parlamento y se puso a gobernar sin rendir cuentas a nadie de sus actos como en una dictadura.
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Ciertamente una situación excepcional puede requerir medidas excepcionales, de hecho el marco legal prevé un marco excepcional para situaciones excepcionales, pero para poder pasar un semáforo en rojo una ambulancia tiene que tener activadas las sirenas y las luces de emergencia encendidas. Una ambulancia puede realizar una conducción excepcional, pero también tiene que adoptar avisos y medidas excepcionales para hacerlo. Un conductor de ambulancia que se saltara los semáforos sin luces ni sirena no estaría salvando vidas, sino poniéndolas en riesgo, y debería asumir las consecuencias de sus actos. A lo que asistimos por tanto es algo así como a la responsabilidad de un gobierno que ha actuado como un conductor de ambulancia enloquecido. Afectando a una cuestión tan sensible como los derechos y libertades fundamentales, resulta difícil entender que un gobierno pueda hacer algo tan grave como declarar ilegalmente un estado de alarma, o un estado de excepción encubierto, sin que aquí no haya una serie de dimisiones al más alto nivel en cadena, o directamente una convocatoria electoral. Que no salga del propio gobierno asumir su responsabilidad no ayuda además a presumir en todo este asunto que haya actuado, aunque ilegalmente, al menos de buena voluntad. Tenemos un gobierno que no respeta más derechos de la gente que los que le obliga la ley, y ni siquiera todos los que le obliga la ley, y que ha aprovechado la pandemia para gobernar sin control y desbordar la Constitución.
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