El gobierno de Barcos estudia rescatar las ikastolas privadas con dinero público

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Ya nos habían advertido los partidos nacionalistas de que iban a practicar sin contemplaciones la «discriminación positiva» respecto al vascuence. El último paso que el Gobierno de Uxue Barkos está estudiando e iría en este sentido sería el de convertir las ikastolas privadas y ruinosas de la zona no vascófona en centros públicos, así como sus profesores en funcionarios, o asumiendo un estatus equivalente, sin necesidad de tener que pasar siquiera por una oposición. Esto es por lo menos lo que se hizo en la CAV en 1993.

Por si fuera poco, el consejero de Educación José Luis Mendoza anuncia que todos los contribuyentes navarros pagaremos con nuestro dinero los autobuses y los comedores de todos estos centros concertados, un privilegio (una discriminación positiva para ellos, negativa para los demás) del que no gozan los estudiantes del resto de centros concertados y ni siquiera con carácter general los de los centros públicos.

El cuatripartito al rescate de las ikastolas privadas con el dinero de todos

En la base de la adopción de esta medida se encuentra la inviabilidad económica de las ikastolas de la zona no vascófona, que acumulan deuda y pérdidas millonarias. Cuando se celebró el Oinez de 2013, la ikastola Argia de Tudela, la cual acoge a 250 alumnos de 150 familias, tenía una deuda de 1,9 millones de euros. Es decir, 12.600 euros de deuda por familia. La situación del resto de ikastolas en la zona no vascófona resulta similar, por lo que podemos hablar de un rescate público en toda regla a las ikastolas. ¿Como los bancos? Peor, puesto que ni en teoría tendrán que devolver el rescate, que asumiremos directamente todos los navarros.

El consejero de Educación ha explicado que acogerse a la «publificación» sería una decisión voluntaria de cada ikastola, aunque parece improbable que ninguna de ellas la rechace. Somos los contribuyentes los que quedaremos obligados a la publificación. Hasta ahora todos estos centros se han encontrado con los problemas económicos que se habría encontrado cualquier centro concertado en lugares donde no existe demanda ni masa crítica para rentabilizar un colegio. No obstante, esta inviabilidad económica ha sido presentada como una especie de persecución política al mismo tiempo que recibían ingresos de los ayuntamientos, del Gobierno de Navarra, del gobierno central, del gobierno de la CAV, del Oinez y hasta de la Diputación de Guipúzcoa. Una situación de financiación privilegiada que, no obstante, ni ha evitado la acumulación de pérdidas ni el abandono del discurso victimista. El paso que se da ahora implica socializar definitivamente las pérdidas de estas ikastolas privadas.

La publificación de estas ikastolas avanza también en el propósito de oficializar el vascuence en toda Navarra y extender a toda la comunidad la oferta del modelo D. Al pasar a ser centros públicos, también se abre la puerta a prohibir la ampliación de la oferta concertada en Navarra. A comienzos de este mismo año el Parlamento de Navarra rechazó por los pelos esta medida, sólo porque Geroa Bai unió excepcionalmente sus votos a UPN y PPN y sólo porque precisamente se trataba de no limitar también el concierto de estas ikastolas. Ahora que parece que van a ser publificadas, ya no habría motivo para limitar por ley desde el gobierno el crecimiento de toda la educación concertada.

Resulta un tanto paradójico que se intente justificar la existencia de unos centros con pérdidas en base a una supuesta demanda en la zona no vascófona cuando, al mismo tiempo, se pone límite por ley a que otros centros puedan crecer precisamente para responder a la demanda existente y ahorrando dinero a los contribuyentes. El cuatripartito respeta la libertad educativa de los navarros, siempre que lo que elijan coincida con lo que el cuatripartito piensa que deben elegir. En caso contrario lo limitan por ley, ya sea la educación diferenciada, la concertada o el PAI.