Parece bastante evidente que imponer un arresto domiciliario a toda la población y suspender derechos fundamentales como los de reunión y circulación no se puede hacer sin utilizar medidas represivas. Pero, ¿cómo de represivas? ¿Cómo de justificadas? ¿Cuánto sí y cuánto no justifica el coronavirus?
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Respecto a la declaración del estado de alarma ya se ha señalado, por un lado, la cuestionabilidad de que no sea un estado de excepción encubierto y que no nos encontremos sometidos a una enorme ilegalidad. Una ilegalidad que podría afectar directamente a la validez de las sanciones.
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Tampoco se puede dejar de hacer notar que la norma que se está utilizando masivamente para imponer el estado de alarma y reprimir a quienes se saltan las condiciones del confinamiento es la famosa Ley Mordaza. De ser el objeto de toda las invectivas de la izquierda, ha pasado a ser su instrumento favorito y desde luego el más utilizado en los últimos tiempos.
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Apuntadas todas estas paradojas, interesa sin embargo detenerse por un momento en los datos.
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Según la última actualización publicada en la web del Ministerio del Interior, a 29 de abril había acumuladas 740.117 propuestas de sanción contra los ciudadanos a cuenta de saltarse el confinamiento.
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Por otra parte, según la última actualización del Ministerio de Sanidad, ayer había en España 121.343 españoles que se han recuperado del coronavirus. Es decir, es España hay 6 multados por cada español recuperado del virus. Somos mucho mejores multando que curando. El aparato represor del estado funciona a pleno rendimiento.
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Cabe indicar que las sanciones por saltarse el confinamiento en virtud de la bienamada Ley Mordaza, que la izquierda utiliza de forma exhaustiva (más multas en un mes que en los 5 años anteriores), van de los 601 euros a los 10.400. Esto resulta interesante porque, asumiendo que las 740.117 multas fueran por el importe mínimo, hablamos de un ingreso extraordinario para el gobierno de 444 millones de euros en menos de 50 días, en un momento en el que el gobierno necesita dinero de forma desesperada.
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La cuantía y cantidad de las multas, en una situación de legalidad discutible y en virtud de una ley tan denostada por quienes ahora la aplican, invitan por lo menos a preguntarse si no habrá un cierto exceso de celo y un cierto afán recaudatorio mediando en todo este asunto.
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En los primeros 10 días de confinamiento, Francia impuso 225.000 multas. En 46 días, España ha impuesto 740.000. Teniendo en cuenta que Francia tiene 70 millones de habitantes, la proporción de multas en España resulta apreciablemente mayor. Las multas en Francia, además, parten de los 135 euros frente a los 601 en España, teniendo además los españoles un sueldo medio bastante menor. Puede que los españoles seamos muy incumplidores, o puede que el gobierno español esté encantado con este estado recaudatorio policial.
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