Abrumados por la vorágine informativa corremos el peligro de dejar de reseñar algunos asuntos graves que afectan a nuestra comunidad, como el posible caso de cohecho que la Justicia investiga en el Departamento de Salud.
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Como ya hemos venido refiriendo, el Defensor del Pueblo trasladó a la Justicia la petición de amparo de un médico del SNS, que había denunciado un posible caso de cohecho. El caso no sólo es que aparentemente no se investigó, sino que acabó con el denunciante represaliado. Sin embargo, el manto de silencio sobre el suceso reventó con la decisión del Defensor no sólo de prestar atención a la queja del denunciante, sino de trasladar el caso a la Justicia.
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Hace unos días el Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, compareció en el Parlamento de Navarra para aportar detalles en relación a este caso, y preguntado por las razones por las que trasladó el asunto a la Justicia el Defensor aportó estos tres motivos:
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1-El ofrecimiento del reparto de un 12% de lo facturado por la empresa que suministra una marca de material a cuatro médicos integrantes de una sección del complejo hospitalario de navarra, por medio de tarjetas de El Corte Ingles.
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2-El posible acoso profesional al denunciante.
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3-La existencia de entradas no consentidas en la historia clínica por parte de dos médicos compañeros del denunciante y miembros de la sección.
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https://twitter.com/i/status/1440629889904771083
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Resulta bastante curioso, por no decir preocupante, que si todo esto le llega al Defensor del Pueblo lo traslade a la Justicia, como parece bastante lógico, pero que si todo esto le llega a los superiores del denunciante y al Departamento de Salud no se haga nada, se entierre la denuncia y encima se persiga al denunciante. No menos curioso y preocupante que cuando todo este asunto salta a la tribuna política y a la opinión pública el gobierno se ponga de canto, reste importancia al asunto, adopte una actitud pasiva y se desinterese de todo el caso.
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Se están denunciando cosas con detalles muy concretos, como porcentajes, empresas, marcas y hasta pagos en forma de tarjetas de El Corte Inglés. Aquí puede haber algo muy feo, y si lo hay puede tener una vertiente judicial y una vertiente política. La vertiente política será tanto más grave cuanto, si hay caso, el gobierno se haya esforzado más intensamente por no aclararlo y no investigarlo. La depuración de responsabilidades en tal supuesto debería ser exhaustiva. No es posible reconocer en el gobierno a los implacables buscadores de casos de corrupción que había en la oposición. Y eso que de todos los casos que denunciaron en la oposición no llegó a haber ni una condena. Si su objetivo era luchar honestamente contra la corrupción resulta difícil entender su pasividad actual, ahora que están en el poder, pero si su objetivo sólo era usar las denuncias de corrupción para llegar al poder todo se comprende muy bien. O por lo menos todo encaja mucho mejor.
