En la Comunidad Foral se ha consolidado una realidad que pocos se atreven a formular con claridad: para una parte relevante de la plantilla pública, el mejor puesto no es ya el que se ocupa, sino el que se deja vacío. Los datos de absentismo y de retribuciones del personal del Gobierno de Navarra, puestos frente a los del sector privado, dibujan un contraste difícil de justificar.
En 2025, una media de 1.903 trabajadores del gobierno foral faltaron cada día a su puesto por incapacidad temporal, lo cual supone el 6,1 % de una plantilla que supera ya los 31.000 empleados. En 2013 la tasa era del 3,74 % y sólo faltaban unos 890 trabajadores diarios. La plantilla únicamente creció en torno a un 31 % en ese periodo, mientras que el número de empleados públicos de baja casi se duplicó. Desde 2019 el aumento de personal ha sido del 15,6 %, pero el de ausentes diarios del 38 %. Cada empleado público acumula de media 21 días de absentismo al año. El coste solo de las sustituciones ronda los 46 millones de euros anuales, a costa del conjunto de los contribuyentes navarros. La pregunta es evidente: ¿se ha duplicado la mala salud o se ha duplicado la buena costumbre de faltar al trabajo de forma poco explicable, bajo el amparo de un marco que convierte el absentismo en un coladero?
De forma paralela, el salario medio de la plantilla pública se situó en 46.734 euros brutos en 2025 (45.138 en 2024). En el conjunto de Navarra, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario medio bruto fue en cambio de sólo de 32.605 euros en 2024. La diferencia supera los 14.000 euros anuales y alcanza casi el 50%. En la última década el sueldo medio foral subió unos 8.700 euros; el del sector privado, alrededor de 5.900. Los niveles salariales más bajos de la Administración equivalen al salario medio en el sector privado, lo que desactiva el argumento de que en la administración foral se cobra más por una mayor cualificación del personal. En determinados colectivos, como Policía Foral, los salarios alcanzan niveles estratosféricos. Por si los salarios o el absentismo no fueran bastante, la estabilidad asegurada, una jornada generalmente inferior y subidas retributivas coordinadas completan el paquete de privilegios del funcionario foral. El problema de esta brecha no es la envidia, sino que se financia a costa de todos. Los salarios públicos no dependen del mercado laboral, de la oferta y la demanda, de las ventas o los beneficios, sino de una firma arbitraria sellada en un presupuesto pagado con los impuestos, con una generosidad equivalente a la sed por la compra de votos. No es por tanto sólo una cuestión de justicia, sino de sostenibilidad, que haya un equilibrio entre los salarios públicos y los salarios privados, porque los otros financian los unos. Obviamente todos pagan impuestos, pero los de unos son un circuito cerrado que vuelve a los presupuestos tras salir de los presupuestos.
Navarra tiene salarios privados medios relativamente altos en el contexto español y la industria paga mejor que los servicios, pero la comparación es elocuente: en el ámbito privado la media se mueve en la franja de los 30.000-33.000 euros, con una presión competitiva y una exposición al ciclo económico que el empleo público desconoce. Como decíamos por tanto, los salarios inferiores del sector público (38.466 euros brutos promedios en el nivel C y 31.875 en el nivel D) son iguales o superiores a los salarios medios en el sector privado, por lo que los empleados sin siquiera titulación superior del sector público están cobrando más que muchísimos empleados titulados superiores en el sector privado. Una vez más no es que la normalidad sea lo del sector público y lo del sector privado una injusticia, sino que en el sector privado hay que generar en forma de ventas y beneficios los salarios que se pagan y en el sector público basta con pasarlos a costa de todos a las cuentas públicas, por cierto generalmente muy desbarajustadas, entre otros motivos por la cantidad de empleados públicos y sus altos salarios en términos comparativos. Es decir, no es que los empleados públicos tengan que estar castigados, pero tampoco privilegiados, los salarios públicos y privados deben estar alineados acorde con la riqueza general que puede generar el país y que puede permitir un estado con unas cuentas públicas saneadas y sin depender de la deuda.
El resultado de la brecha salarial del sector público es una asimetría cada vez más visible. Se cobra más, se falta más y el coste de cubrir las ausencias se triplica en poco más de una década. La plantilla crece, pero el número de personas presentes no lo hace al mismo ritmo. La productividad aparente del servicio público se diluye entre sustituciones, listas de espera y una carga que recae sobre quienes sí acuden. Mientras tanto, miles de trabajadores del sector privado sostienen con sus impuestos un sistema en el que la diferencia salarial y de condiciones laborales se ha ampliado exponencialmente, no reducido.
Nadie discute que existan bajas legítimas ni que la sanidad, la educación o la seguridad requieran personal cualificado y bien retribuido. El problema aparece cuando la tasa de absentismo marca máximos históricos al mismo tiempo que los salarios públicos se alejan de los privados y el gasto en sustituciones se dispara. En ese contexto, la ironía se impone sola: lo único que puede ser todavía más maravilloso que ser trabajador público es no ir a trabajar al puesto público. Podríamos rematar el análisis con el hecho de que, según Asepeyo, el 4% de los trabajadores acumula el 34,06% del total de las bajas, casi un tercio del volumen total. Las patologías psiquiátricas, por otro lado, representan ya el 15,66% de los procesos y tienen una duración media de 136 días, muy por encima de la media general. ¿Se han endurecido las condiciones de trabajo o se ha reblandecido la fortaleza mental de la población? ¿O simplemente ha crecido la picaresca amparada en un marco amistoso para el pillo?
Los datos están publicados. La pregunta que queda es si la ciudadanía y los propios trabajadores del sector privado están dispuestos a seguir financiando, sin un debate serio, un modelo en el que la mejor forma de trabajar para la Administración foral parece ser, cuando no hacer lo mismo por mucho más, ya directamente no trabajar.
