El PSOE debería estar feliz. No se entiende su descontento. O sea, el PSOE siempre ha presumido de ser el azote de la corrupción. Claro que, bien mirado, Abalos también presumía de que le repugnaba pagar por sexo. Abalos fue por cierto el hombre al que Sánchez encargó subir a la tribuna a sostener la moción de censura que acabaría con el gobierno corrupto del PP, para dar paso a una era de pureza encabezada por P.S. Por lo que vemos hubo mucho humor en la moción de censura de Sánchez. El caso sin embargo es que el PSOE debería estar rebosante de satisfacción si realmente fuera su propósito la lucha contra la corrupción. De entre todos los corruptos, los más odiosos deberían ser los propios, los que manchan las siglas y el buen nombre del partido. En este sentido el PSOE debería celebrar la severidad de las penas a Abalos y Koldo. ¿Por qué en cambio el PSOE se muestra rabioso?
Para tratar de contestar la anterior pregunta quizá debamos reflexionar sobre la existencia misma de la cloaca puesta en marcha por Moncloa para tratar de destruir a los agentes, fiscales, periodistas y jueces que investigaban la corrupción del PSOE. ¿Qué sentido tenía aquella fontanería? De ser el PSOE un partido honorable, entonces debía ser el primero en celebrar la erradicación de corruptos en sus entrañas. Pero es que si, como afirma el discurso de Sánchez, todo acababa en Abalos o Cerdán, ¿cuál era el objeto de la cloaca? De entrada la defensa de Abalos o Cerdán no debiera ser el objetivo de un partido comprometido con la honradez, pero es que además Abalos o Cerdán eran trincheras que ya habían sido sobrepasadas por la Justicia. El objetivo de la cloaca era por tanto que la Justicia pudiera ascender más arriba. Sólo así se entienden las encomiendas y los altos poderes de Leire Díez, ante la que todas las puertas estaban abiertas y para la que todos los recursos del estado se encontraban disponibles (cosa de la que se aprovechó espléndidamente la buena de Leire). La puesta en marcha de la cloaca y la actividad de Leire Díez sólo se explica si el nivel de la corrupción llegaba mucho más alto que Cerdán, Abalos o Zapatero.
La situación en que nos encontramos, de hecho, es que la corrupción es el menor de nuestros problemas. No porque la corrupción no sea un asunto muy grave, sino porque lo que peligra es la democracia. ¿Cómo ha respondido el gobierno socialista a los casos de corrupción que se han descubierto? En vez de la felicidad esperable por la depuración de sus corruptos, ha arremetido contra los agentes, los fiscales y los jueces. Lejos de ser el primero en condenar a los corruptos, el gobierno se ha lanzado con todos los medios a su alcance a llamar golpistas con toga a los jueces y magistrados que investigan sus chanchullos. La creación de una cloaca para destruir a los jueces que le investigan no sólo desmiente que al gobierno de Sánchez le repugne la corrupción, sino que invita a pensar en una auténtica voladura del estado de derecho para defender su corrupción. Tenemos un grave problema si el señor X de la corrupción es Pedro Sánchez y está viendo que a su mano derecha le han caído 24 años de cárcel por sus delitos. ¿Qué no haría alguien con todo el poder del gobierno en sus manos por evitar 24 años de cárcel? ¿Qué no podríamos esperar de un presidente del gobierno acorralado y sin nada que perder de cara a intentar cualquier cosa? ¿No es para evitar ese tipo de escenarios que, ante escándalos mucho menores, dimiten los presidentes en democracia?
El detalle de las penas, por lo demás, resulta anecdótico. Hoy se está diciendo desde los altavoces del gobierno que las penas a Abalos y Koldo son excesivas, pero en el caso Gurtel a Bárcenas y Correa les cayeron penas de 51 y 33 años. Nadie del PSOE salió entonces a decir que le parecían muy excesivas. También se escandaliza el entorno del gobierno por el hecho de Aldama se libre de la cárcel por haber colaborado con la justicia, cuando precisamente el gobierno de Sánchez indultó al exconcejal popular de Majadahonda, José Luis Peñas, el cual había sido condenado a cinco años y tres meses de prisión por asociación ilícita, cohecho, falsedad documental o malversación, pero había ayudado a desentrañar la trama de corrupción popular. El PSOE justificó aquel indulto precisamente al valorar que Peñas, al tirar de la manta, había ayudado a desentrañar la trama. Félix Bolaños explicó que con aquel indulto el gobierno enviaba un mensaje claro: «El mensaje que enviamos con esto es un mensaje muy contundente: quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España y quien colabora para perseguir el delito, cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del Gobierno de España». La Fiscal general del Estado, Teresa Peramato, decidió en cambio ordenar al Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no rebajara de los 7 años la petición de condena para Aldama. El objetivo evidente era que Aldama acabara en prisión para que el mensaje al resto de imputados en las diversas tramas fuera que no colaboraran con la justicia y no tiraran de la manta.
Las contradicciones del PSOE son por tanto evidentes. La cuestión es que a los políticos, en realidad como al resto de la gente, hay que valorarlos por sus actos y no por su verborrea. La forma en que está reaccionando Pedro Sánchez a los casos de corrupción que se acumulan a su alrededor es atacar a los jueces y los agentes molestos con todas sus fuerzas. Pedro Sánchez no está luchando contra la corrupción, está luchando con todos los recursos que le da la presidencia contra quienes investigan la corrupción. La explicación más plausible para poder entender este comportamiento es que Sánchez sea el número uno en que confluyen todas las tramas. El riesgo es por tanto extremo para la democracia porque Sánchez podría sentirse tentado, a fin de evitar condenas como las que acaba de ver, de hacer cualquier cosa antes que perder unas elecciones y dejar el poder.
