En Velate todo es dudoso, salvo que la adjudicación se la llevó la UTE de Cerdán. A partir de ahí cabe cualquier cosa menos hablar de normalidad y no sospechar, habida cuenta además de todas las irregularidades que acompañaron el proceso de adjudicación. Un proceso al que varios miembros de la mesa de contratación, sin que se les escuchara, opusieron su voto particular, un proceso en que incluso la gubernamental y colonizada Cámara de Comptos señaló que no se habían garantizado de forma suficiente los principios de igualdad y transparencia, un proceso en el que fue pieza clave el presidente de la mesa, anormalmente retrasada su jubiliación legal por el gobierno, quien puntuó pudiendo conocer las puntuaciones de los demás y decantando el resultado a favor de la empresa de Cerdán, un proceso que la Oficina Anticorrupción de Navarra ha calificado de irregular y nulo de pleno derecho, y un proceso al fin paralizado, judicializado e investigado ya por la UCO.
Que la construcción del túnel se haya paralizado debido al surgimiento de sobrecostes ocultos es por tanto lo más normal dentro de este desastre, ¿o cómo no esperar el derrumbe de un edificio construido sobre unos cimientos de fango? No podía terminar bien algo empezado sobre unas bases tan oscuras y efectivamente en esas estamos. Sin embargo el gobierno de María Chi ha hecho todo lo posible en primer lugar para que la adjudicación a Acciona-SErvinabar saliera adelante aunque no fuera ejemplar, segura, ni transparente. A buenas horas nos hablan de seguridad jurídica en estos momentos, cuando hay que paralizar y volver a licitar el proyecto. Pero es que entretanto el gobierno foral ha hecho todo lo posible por seguir impulsando la obra y pagando los injustificados sobrecostes planteados por la UTE.
En el culebrón de Velate uno de los episodios relevantes ha sido la participación en el proceso de la directora general de Transportes, Berta Miranda, que ayer defendía en el parlamento foral que la orden que firmó para continuar con las obras de Velate estaba avalada por los técnicos y tuvo el visto bueno jurídico. Ya vemos por lo demás, a la luz de los hechos posteriores, lo avalada técnicamente y lo fundamentada jurídicamente que estaba la obra ahora paralizada, también por criterios técnicos y jurídicos.
Se da la circunstancia de que Berta Miranda firmó la continuidad de las obras mientras actuaba durante dos meses como sustituta interina del cesado Pedro López Vera, el siniestro personaje al que le explotó en primer término el escándalo y que previamente había mandado al destierro al secretario de la mesa de contratación de Velate que había dado las alarmas con su voto particular y sus advertencias. Berta Miranda, por tanto, firmó la resolución 31/12/2025 de continuidad del Modificado 1, para terminar bien el año, cuando el Interventor General había firmado un reparo suspensivo en fecha anterior (25-11-2025) y ya lo conocía la Dirección General. Los observadores dividen su diagnóstico entre prevaricación, temeridad, empeño en el error o algo peor.
No sólo la oposición, sino hasta Contigo-Zurekin se pregunta (a buenas horas) quién es la máxima responsable real de la firma, conscientes de que una cosa es la persona que pone la firma y otra la que toma la decisión. ¿O tenemos que pensar que ante un asunto tan delicado y ya bajo el foco de toda la opinión pública la directora de Transportes tomó la decisión de firmar por su cuenta y riesgo y sin estar al corriente la cúpula del gobierno foral? Que Berta Miranda actuara siguiendo las indicaciones de los técnicos tampoco resulta muy relevante cuando los hechos posteriores, con la paralización de todo el proceso y la resolución del contrato, han revelado la precariedad de los fundamentos jurídicos de esa forma de proceder y cuando en el gobierno foral sanchista, como en el sanchismo en general, los técnicos consultados se dividen entre los que dan la razón al consultante y los que son represaliados o exiliados a una nave en Landaben.
