El gobierno de Sánchez ha gozado durante unas semanas del desvío de atención de la guerra de Irán. La crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz, por no mencionar los bombardeos diarios y las diversas peripecias propias de las guerras, como el rescate de los pilotos estadounidenses del corazón de Irán, han ocupado lógicamente el foco de atención. Hoy mismo es noticia el acuerdo de paz que aparentemente se ha alcanzado y cuyos extremos iremos poco a poco conociendo, pero que a primera vista parecen pasar por la renuncia a las armas nucleares de los ayatolás y el restablecimiento del tráfico por Ormuz. No podemos sorprendendernos por tanto de que Sánchez continúe impertérrito en su pequeño trono en un día en que habría dos o tres motivos para que cayera el gobierno. Un día cualquiera en la última legislatura de Sánchez, por otro lado.
Para empezar, tenemos el desfile de corruptos por los juzgados que constituían el núcleo de confianza de Sánchez, alrededor de los dos últimos secretarios de organización del PSOE. Ellos con sus queridas y sus chanchullos eran la banda que recorriendo España en un Peugeot, todo sugiere que financiados por las mordidas de Servinabar y las saunas de prostitución, llevaron a Pedro Sánchez, pucherazo de por medio, al frente de la secretaria general del PSOE para después iniciar el asalto a Moncloa. La llegada al gobierno de España, como al gobierno de Navarra, no tenía para ellos otro fin que facilitar los negocios que les llevarían a hacerse ricos robando. Para conseguir este objetivo no importaban los medios, los socios ni los pactos que fueran necesarios para obtener sus votos. Lo único importante era el premio.
Por si fuera poco, hoy conocemos nuevos audios de Red Eléctrica en los que se ponen de manifiesto los problemas previos al gran apagón de hace un año. El apagón general no fue un suceso inesperado. Los días previos ya se veía lo que podía suceder. Se jugó al límite con las renovables y marginando la nuclear más allá de la prudencia más elemental. El sistema no se cayó sin avisar. La red colapsó porque antes se estuvo jugando al límite intentado batir los récord en el uso de renovables. Se puso por encima la agenda política y la consecución de portadas que dijeran que teníamos el gobierno más verde del mundo a la seguridad del sistema. No sólo eso, sino que es algo que se sabía desde el primer día y el gobierno lo ha estado ocultando y empujando para delante para taparlo con más escándalos, sin asumir ninguna responsabilidad política por lo sucedido.
También hoy sabemos que la vía de Adamuz que provocó el descarrilamiento del tren de alta velocidad estaba rota. Es decir, tenemos por un lado que la vía estaba rota, y por otro que no se detectó. Ambas cosas sucedieron por falta de mantenimiento y vigilancia de la red viaria. Una vez más es la red pública la que falla y son los encargados políticos los responsables, pero no pasa nada. No se responde por la mala gestión, no se asumen responsabilidades políticas. Pagamos más impuestos que nunca, el estado recauda cantidades ingentes pero los servicios colapsan, las vías se descuidan y la gente muere. ¿Dónde está el ministro responsable? Insultando a la gente, difundiendo bulos y bloqueando a media España en las redes. Pero el responsable último, como en todo, no es Puente, es Sánchez.
Un gobierno adornado a los nivel del actual por la corrupción y la incompetencia criminal sólo se puede mantener por medio de la opresión. Cuanta más corrupción e incompetencia, más opresión, y cuanta más opresión más corrupción e incompetencia, porque el poder para oprimir genera impunidad y la impunidad conduce a la corrupción y la incompetencia, ya que el poder ha superado el umbral en el que tiene que responder por sus actos. En vez de asumir responsabilidades políticas, el sanchismo ha redoblado sus esfuerzos para colonizar la justicia, las grandes empresas, la fiscalía general y los medios. En vez de rodar cabezas, el gobierno se ha bunkerizado, ha promovido reformas legales que le blinden, le otorguen poderes cada vez más absolutos y que le permitan amordazar a las voces críticas. En vez de un problema de corrupción, o de abuso del poder, el gobierno pretende que tenemos un problema de exceso de libertad de expresión y de exceso de independencia judicial.
Da igual lo que diga The Economist, que hoy asegura que España es una democracia homologable. No somos los españoles los que tenemos que consultar a The Economist para saber lo que pasa en España, debería ser más bien The Economist el que consultara a los españoles para saber lo que pasa. ¿Cómo se entera en vez de eso The Economist de lo que pasa en España? ¿A quién pregunta? ¿A quién cobra? ¿Podría aparecer en The Economist un artículo contra la Agenda 2030 o sería una imposibilidad metafísica? ¿Qué porcentaje del contenido de The Economist es información y cuánto política? ¿O nos pensamos que la crisis de los medios nos afecta sólo en España? The Economist ha defendido un referéndum de autodeterminación en Cataluña, la amnistía a los golpistas y el pacto de Sánchez con los separatistas. Unos años antes publicó portadas con el titular “Viva Zapatero”. Súper Zapatero, el hombre que se ha hecho rico gracias a su amistad personal con las figuras criminales de la dictadura venezolana, el hombre que volvió a meter a la ETA en las instituciones para conseguir el poder pactando con ella, el hombre que dejó en 2011 a España en la ruina y al estado en la quiebra.
Un país tiene un grave problema cuando el gobierno resiste un suceso que debiera hacerle caer. Cuando no es un suceso sino que cada día en las portadas de los medios libres hay dos o tres sucesos que debieran hacer caer al gobierno, y sin embargo no pasa nada, entonces es que además de un gobierno indigno e incompetente se encuentra en riesgo la democracia. Sánchez se encuentra rodeado por completo por la corrupción, siendo por tanto la hipótesis más lógica que es el líder de todas las tramas corruptas a su alrededor. Gobierna por decreto, en minoría parlamentaria, sin presupuestos. Su ejecutivo no acepta preguntas de medios que no son afines. Ha colonizado la Justicia. RTVE es un panfleto al servicio del gobierno desde el que se miente de manera rutinaria. Las grandes empresas españolas han sido colonizadas. Todas las empresas y sociedades públicas se encuentran en manos de marionetas del gobierno. Fontaneros del gobierno se encargan de operaciones para destruir a los jueces, fiscales y guardias civiles que investigan los casos de corrupción del gobierno. El Tribunal Constitucional se ha convertido también en un títere del gobierno. Desde Moncloa se impulsan reformas legales para terminar de colonizar la justicia o perseguir la libertad de expresión en los medios o las redes sociales. Todos los medios del gobierno se dedican a difamar a los jueces y los medios que denuncian la corrupción del gobierno. ¿Qué pasa entonces con The Economist? ¿No se entera de nada de todo esto? ¿O se entera pero a pesar de ello sigue respaldado al sanchismo? Sea como sea queda en entredicho su credibilidad como medio.
Por otro lado, para saber lo que pasa en España un español no necesita leer The Economist cuando le basta mirar por la ventana, y entre lo que ven sus ojos por la ventana y lo que le cuenta The Economist lo suyo es que crea a sus ojos. La libertad en España se encuentra en una encrucijada histórica y es problema de The Economist si no se entera, o si es que nos quiere desenterar de lo que pasa desde Inglaterra.
