Después de no resolver el problema del CGPJ, toca no resolver el problema del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha perdido con sus últimas decisiones el último protón que pudiera conservar de prestigio y legitimidad, al menos de legitimidad ética y moral. Su credibilidad es cero. Lo que nos quedaba por ver es a magistrados nombrados por un partido amnistiando a los corruptos de ese partido. No sólo es tener que ver esto, sino que habiendo visto esto no cabe duda de que serán capaces de lo que sea que aún no hemos visto. El principio de que quien ha de ser juzgado no puede nombrar a su juez ha decaído hace tiempo. Pero ahora lo ha hecho además sin disimulo ninguno. Para los políticos en el poder no hay justicia. Y si eso es así, al sistema en que vivimos ya no le podemos llamar estado de derecho ni democracia.

Tenemos un problema si nadie cree en la Justicia. Si por un lado tenemos al líder del partido más numeroso de la oposición diciendo que no cree en la independencia del TC, por otro lado tenemos al gobierno y sus socios cuestionando permanentemente todas las decisiones judiciales, y hasta persiguiendo a través de sus medios afines a los jueces incómodos y hablando, sólo cuando les conviene, de la práctica del lawfare. Ahora que lo controla, el PSOE cree en el Constitucional tanto como descreía de él cuando lo controlaba el PP. El problema es que nunca tenemos una Justicia independiente, sino una Justicia dependiente por turnos. Esto no puede ser.

Irónicamente, si tanto la derecha como la izquierda están de acuerdo en que la Justicia no es independiente, porque constantemente se están quejando de las sentencias de los tribunales y jueces que no controlan, debería ser fácil aprovechar la ocasión para cambiar el sistema. Por lo menos no puede haber discusión sobre el diagnóstico. Todo el mundo sabe que los jueces no son independientes. Los primeros que lo saben son los partidos porque son ellos los que nombran a los jueces. Pero lo que no pueden hacer es quejarse y al mismo tiempo negarse a cambiar el sistema. Y si el motivo de queja es que los jueces no son independientes, la solución sólo puede ser un sistema que garantice la independencia de los jueces. Pero claro, ¿cómo resolver el problema sin renunciar a los tribunales ya controlados? Y en el caso de Pedro Sánchez o de los corruptos del PSOE, ¿cómo mantener el poder o salir de esta sin acabar en la cárcel mediante una regeneración democrática que garantice la independencia de los jueces? Mejor llamar regeneración democrática a dejar de entregar dinero público a los medios incómodos con el gobierno. Acabemos con la libertad de expresión en vez de garantizar la independencia de la Justicia.

Por lo demás, resulta de lo más surrealista el argumento de que hay una malversación mala y una malversación buena, y llamar malversación buena a que los políticos roben el dinero público sin lucrarse personalmente. Como si esto fuera posible. Como si de hecho la alternativa a lucrarse personalmente no fuera todavía más inquietante. ¿Qué es malversar sin lucrarse? ¿Lucrarse es sólo comprarse un Ferrari? ¿Hay algún político que robe sólo para quemar en su jardín el dinero que roba? Porque cualquier otra cosa que haga con el dinero es lucrarse. O sea, alimentar con el dinero que roba un sistema clientelar de votos que le garantice la permanencia en el poder es lucrarse. Fomentar la creación de una república independiente cuyo presidente será el malversador que la fomenta también es lucrarse. Es más, estas son formas de lucrarse mucho más peligrosas para el estado a que el malversador meramente se compra un Ferrari.

Es decir, por un lado tenemos que el daño al contribuyente, o a la Sanidad y la Educación, es el mismo, no mejor, si el malversador quema el dinero en el jardín que si se lo gasta en un piso o compra votos, o si fomenta la república independiente de la que quiere ser presidente. Por tanto, desde el punto de vista del daño causado a las arcas públicas, al bolsillo del contribuyente, o a los colegios y los hospitales que pierden ese dinero malversado, el daño es el mismo. Desde el punto de vista del perjuicio causado al que pone el dinero, por tanto, no hay malversación buena y malversación mala. Esa distinción no tiene sentido. Por lo demás, respecto a la peligrosidad del delito, en realidad es menos grave y menos peligroso para la democracia, para la convivencia pacífica o para la conservación del estado, que el malversador se gaste el dinero en un yate que en comprar votos, o en fomentar una revuelta golpista. De haber una malversación buena, a lo mejor tendría que ser precisamente la que se hace con ánimo de lucro. Todas las demás que estamos viendo cómo se blanquean por interés político en realidad son mucho más peligrosas y dañinas, por lo que en todo caso deberían estar más y no menos penadas.

Finalmente, está claro que la situación de la Justicia resulta insostenible, que fallando la Justicia toda la vida política y el normal funcionamiento del estado quedan contaminados, y que el programa de cualquier partido que quiera regenerar de verdad la situación debe llevar como primer punto de su programa una reforma radical de la Justicia que garantice su independencia. De hecho la oportunidad que nos ofrece esta crisis institucional, y a la vez la única salida de esta situación, es la conformación de una gran mayoría electoral en torno a un programa de regeneración, uno de cuyos puntos fundamentales tiene que ser la garantización de la independencia judicial, un principio que por otro lado no debe ser de izquierdas ni derechas sino absolutamente prepolítico y transversal.

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