Se dice que en la época de Jesús la vida religiosa de los judíos se regía por la Ley de Moisés, la Torá, la cual se estructuraba tradicionalmente en 613 preceptos divididos en 248 mandamientos positivos (lo que se debía hacer) y 365 prohibiciones (lo que no se debía hacer). ¿Cuál era el resultado? Pues que nadie cumplía la ley ni sabía siquiera lo que tenía que hacer. Es decir, por un lado la mayor parte de la gente ni se sabría los 613 preceptos, y por otro tanto precepto es imposible cumplirlos todos. Con sólo 10 mandamientos ya el cristiano más justo peca 7 veces al día, con un infierno normativo de 613 preceptos nos iríamos a cifras de pecado de 4 dígitos. Pues bien, todo esto que cabría decir de los preceptos judíos se puede aplicar hoy y con mucho mayor motivo a la legislación española.
Un exceso de normas conduce al caos porque acaba siendo imposible cumplirlas todas. Si los judíos no podían saberse de memoria sus 613 preceptos como para que Sarah Santaolalla se aprenda las 471.000 normas de la democracia española. Por supuesto el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, así que no se apresure usted demasiado en pensar que no es un delincuente. Todo está regulado y usted no sabe cómo, así que las posibilidades de que lo sea sin saberlo resultan abrumadoras.
Que todo esté regulado y haya literalmente medio millón de normas nos aboca a que casi seguro todos estemos incumpliendo alguna, lo que abona el terreno a cualquier dictadura. Si el gobierno a poco que busque a todos nos puede culpar por estar incumpliendo alguna norma, y alguna estaremos inclumpliendo entre tantas, ser inculpado en cualquier momento es cuestión de que el gobierno decida o no decida ponernos encima la lupa, así que mucho cuidado con hacer nada que moleste al gobierno, o inmediatamente podemos ser represaliados por incumplimientos de normas que no podemos ni imaginarnos.
Por supuesto un infierno normativo nos conduce también a la paralisis o al caos, según sea el caso. Tener una norma para cada cosa es casi como no tener ninguna. O sea, o las normas son generales o hacer cada uno lo que quiere no es muy distinto de tener una norma para cada cosa que uno hace. Por otro lado, es imposible emprender cualquier asunto si exige enfrentarse a un laberinto burocrático que en el mejor de los casos puede encarecer y retrasar cualquier cosa hasta extremos insospechados, y en el peor de los casos imposibilitar hacer cualquier cosa salvo escribir normas.
El exceso de normas convierte en delincuentes a los ciudadanos, pero no sirve sin embargo para controlar mejor al gobierno. Todo lo contrario. Cuanto más controlados estamos los ciudadanos, menos controlados están los gobiernos. Esas 471.000 normas que nadie puede conocer ni cumplir a rajatabla conviven con uno de los momentos de más corrupción en el gobierno y más excesos de poder en la historia democrática de España. No es en absoluto casual. Un estado con 471.000 normas no es el paraíso de los demócratas sino de los picapleitos. Con 471.000 normas aplicables, es imposible -si eres lo bastante poderoso, puedes nombrar los jueces, o tienes abogados lo suficientemente caros- saber cuál es realmente la norma aplicable, y ante la duda de cual es la norma aplicable la norma aplicable acaba siendo ninguna. Por tanto 471.000 normas no son suficientes y hay que ir a por la 471.001. España tiene muchos problemas, pero seguro que uno de ellos no es la falta de normas. Tenemos además normas locales, autonómicas, nacionales, europeas… No es que no tengamos un problema de falta de normas, es que tenemos un problema gigantesco de exceso de normas. Jamás las dictaduras antiguas tuvieron tantas normas como las democracias modernas. ¿Por qué no seguimos subiendo y creciendo?, nos preguntamos perplejos bajo el peso de 471.000 normas en la mochila.
