Con alguna frecuencia hemos tenido la originalidad de criticar una institución tan aparentemente amistosa como el Defensor del Pueblo. El problema con el Defensor del Pueblo es que lo nombra el gobierno y que, como reconoció el DAO de la Guardia Civil imputado por represaliar a los guardias civiles que investigaban la corrupción del PSOE: «Me debo a quién me designa, y tiene la potestad de cesarme en cualquier momento». Obviamente el gobierno no va a nombrar defensor del pueblo a un tipo que, llegado el momento de elegir, entre el pueblo y el gobierno no elija al gobierno. En el caso de Gabilondo, que es socialista y ha sido incluso candidato del PSOE, ni siquiera existe una apariencia de independencia. Sánchez sabía desde el principio que para todo lo que estaba dispuesto a hacer el requisito para todos sus nombramientos era la disciplina absoluta.
No cabe duda de que el criterio de Sánchez a la hora de elegir a alguien para un puesto es la devoción y entrega total. Lógicamente, cuanto más importante es el puesto a colonizar más asegurada y total debe ser la lealtad del elegido. Así pues el DAO de la Guardia Civil, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General o el presidente del Tribunal Constitucional deben ser los más leales, serviles y devotos de todos los escogidos. Si en un momento dado todo podía depender de Pumpido, cabe pensar que Sánchez considera la obediencia de Pumpido como la más segura de todas. Si falla otro cargo por debajo tiene remedio, pero para el Tribunal Constitucional del que todo depende no caben personas que le puedan fallar a Sánchez en el momento decisivo. Podemos estar por tanto bastante seguros de que el Tribunal Constitucional volverá a corregir al Supremo, volverá a erigirse en un tribunal no constitucional, sino en una instancia superior al Supremo, y volverá a servir al gobierno validando un censo inflado con cientos de miles de nuevos votantes, que el sanchismo, literalmente se ha sacado de la chistera para autorealizar las predicciones del CIS y conseguir esos resultados. No es como dice y prejuzga el socialista Gabilondo, con un argumento circular de libro, que si los censados son españoles puedan votar, sino que precisamente es eso lo que se discute, si efectivamente se han cumplido siquiera los requisitos para inscribirlos como españoles.
¿Cuál es el límite? Cambiar el censo para cambiar el voto es una maniobra golpista de manual. Si el TC valida esta maniobra lo mismo puede anular las elecciones si el resultado no le gusta al PSOE y si pese a todas las trampas Sánchez no revalida la presidencia. El TC podría avalar los cambios en el censo antes de las elecciones e impugnar el resultado electoral por los cambios en el censo si Sánchez pierde las elecciones. ¿Cuál es el límite? ¿La coherencia, el derecho o las necesidades de Sánchez? Este es justo el problema con Sánchez: que no tiene sentido preguntarse cuál es el límite de Sánchez, que Sánchez no tiene límite, que el límite de Sánchez es el punto al que se le impida llegar a Sánchez. ¿Y quién puede impedir hacer algo a Sánchez? La máxima instancia autoerigida por cierto como tal es el Tribunal Constitucional. El límite ni siquiera es la Constitución sino el Tribunal Constitucional, porque la Constitución dice lo que dice que dice el Tribunal Constitucional. Lo que dice la Constitución puede ser además hoy una cosa y mañana la contraria, porque en 2023 Sánchez se presentó diciendo que la amnistía era inconstitucional y tras necesitar los votos de los golpistas catalanes pasó a decir que no había cosa más constitucional que la amnistía. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto? Lo que Sánchez ha necesitado que dijera, ya que la composición del TC es el producto de una mayoría parlamentaria izquierdista y Sánchez ha nombrado a los magistrados que tienen que determinar si es constitucional lo que hace el sanchismo.
Conde Pumplido al frente del TC es el botón nuclear del sanchismo, el último recurso para tratar de validar una trampa en el censo sin la que sabe que seguramente tiene perdidas las elecciones. La validación de un nuevo censo diseñado por el gobierno es con toda probabilidad un punto de no retorno de la democracia. Si no obstante el 29N hubiera una oleada tal de votos antisanchistas que pese a las trampas cayera Sánchez y se salvara la democracia, la nueva mayoría debería afrontar un nuevo diseño de los tribunales de Justicia para garantizar su independencia. El TC debería ser la última garantía del estado de derecho, y su progresiva colonización política la ha convertido por el contrario en su más importante debilidad. Era quizá cuestión de tiempo que llegara al poder alguien como Sánchez para sacar partido de esa debilidad.
