Alterar el censo es intentar meter 2 millones de votantes más, no dejarlo como está. A ningún votante español se le quita el derecho al voto, lo que se pretende es meter a 2 millones de personas que de repente Sánchez ha decicido que son españolas en el censo, no por tanto quitarles sino darles el voto.
Tan pucherazo es cambiar los votos como cambiar a los votantes, son sólo dos formas de conseguir el mismo resultado por distinto camino. Si puedes elegir a los votantes, puedes elegir el resultado. Por eso democracia es que los votantes elijan al gobierno y no el gobierno a los votantes.
Un pucherazo no puede consistir en dejar el censo como está, sino en alterarlo de forma sustancial. Es absurdo por tanto pretender que quien está alterando el censo es el Supremo y no el gobierno.
La alteración del censo por parte del sanchismo ni siquiera respeta sus propios términos. No se comprueba si realmente los nuevos votantes son descendientes de exiliados del franquismo, sino que es un hecho que se presupone para inscribir a todo el que lo soclicite. No se comprueba la procedencia y encima se les empadrona de forma arbitraria, o peor aún donde más le conviene alterar el censo al gobierno.
Sofía Puente, hermana de Oscar Puente, mediante una mera instrucción gubernamental, amplió el contenido de la Ley de Nietos salida del Parlamento generando la presunción automática de la condición de exiliado para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Es decir, no durante la Guerra Civil o la posguerra sino mucho más allá. Todos los salidos de España por cualquier causa, incluidas las económicas en aquellos tiempos de crisis, quedan automáticamente convertidos en exiliados políticos.
No se trata de quitar el voto a ningún español, sino de convertir a dos millones de personas en nuevos votantes españoles. Con las teorías del gobierno y su sincronizada en el mundo hay unos ocho mil millones de personas privadas de tener la nacionalidad española y de poder votar en España. La etimología de la palabra “nación” y su derivada “nacionalidad” proviene del latín y del verbo nacer. La nacionalidad se refiere por tanto de manera originaria, aunque después se pueda desarrollar, al lugar de nacimiento y a la relación con el lugar de nacimiento. Hablamos sin embargo de otorgar la nacionalidad a personas que no tienen la nacionalidad española, que van a poder conservar otra nacionalidad, que no van a vivir en España, que no han nacido en España y que tampoco sus padres o incluso sus abuelos nacieron en España.
El Tribunal Supremo no le quita el derecho a voto a nadie, esa es una petición de principio o un razonamiento circular. Si esas personas tienen derecho a la nacionalidad y al voto es precisamente el objeto de discusión. Que tengan derecho a voto será en todo caso la conclusión del proceso de análisis jurídico, no su punto de partida o sobraría el proceso.
La alteración del censo no es neutra. Se está inflando el censo con personas que tienen un determinado sesgo ideológico. El voto exterior en las últimas elecciones autonómicas lo ha ganado en todos los casos el PSOE, cuando el voto de los residentes ha sido totalmente distinto. No se está inflando por tanto el censo pese a que pueda alterar los resultados electorales, sino precisamente para alterarlos.
Por si no tuviéramos ya suficientes evidencias para estar preocupados, Pedro Sánchez y sus subordinados acumulan ya un complicado historial de antecedentes con votaciones extrañas y acusaciones de pucherazo dentro de su propio partido.
Todo esto que ahora hace el gobierno era lo que previsiblemente se podía temer de un gobierno antidemocrático. De hecho, este análisis nos remite a nuestros propios análisis del año 2020, cuando ya nos preguntábamos qué medidas podría tomar el gobierno sanchista para durar 30 años en el poder. Entre ellas citábamos las nacionalizaciones masivas, el cambio de las leyes electorales o la concesión del voto a los mayores de 16. Esta última medida, por cierto, se ha caído del repertorio porque parece que al sanchismo no le favorece demasiado el voto de la juventud. La cuestión esencial sin embargo es por qué en 2020 (ahí está la hemeroteca) ya nos preguntábamos si teníamos un gobierno al que a lo mejor ya no podíamos sacarlo democráticamente del poder. La respuesta sin embargo era evidente. ¿Cómo no iba a ser peligroso formar alianzas de gobierno con partidos golpistas, filoetarras o comunistas? ¿En qué momento o lugar esta clase de gente llega al poder y se deja desolajar democráticamente después?
El peligro se ha multiplicado después hasta cotas insospechadas con el descubrimiento de los casos de corrupción. El combo mortal incluye por tanto a una serie de partidos de carácter claramente antidemocrático, como Bildu o Podemos, claramente golpista, como ERC o Junts, y en vez un contrapunto equilibrante tenemos a un presidente que o da un golpe blando para mantener el poder o, con todo su entorno imputado, se enfrenta un terrible horizonte penal. No es por tanto en un marco cualquiera en el que estamos asistiendo a un intento de alterar sustancialmente el censo, sino en un marco absolutamente aterrador y en el que, si el estado de derecho no aguanta, sólo se puede pensar lo peor.
