Para todo aquel que tiene ojos en la cara, Pedro Sánchez hace tiempo que prepara el camino para algo así como dar un golpe de estado blando en España. Como poco, todo lo que viene haciendo de un tiempo a esta parte abonaría esa tesis en vez de desmentirla. El punto de inflexión en la deriva totalitaria de Sánchez seguramente se produce en abril de 2024, cuando escribe una carta a la ciudadanía para denunciar que los casos de corrupción que le rodean son en realidad una conspiración político-judicial de la extrema derecha, que él por ejemplo ya ha decidido que no hay caso Begoña, que ningún juez puede osar cuestionar su decisión y que se toma unos días de descanso para pensar cómo reacciona para frenar a la oposición democrática.

Al volver de esos días de reflexión, Sánchez no anuncia un plan de medidas, pero poco a poco las va ejecutando. Estas medidas incluyen una intensificación en la colonización de la Justicia, el control de la Fiscalía y la liquidación de la separación de poderes. La Ley Begoña y la Ley Bolaños resultan representativas a este respecto. Además la mañana después de la DANA se lleva a cabo el golpe de gracia al último resquicio de pluralismo u objetividad que pudiera quedar en RTVE. Entretanto se encarga a la fontanera Leire Díez que vaya preparando dosieres contra todos los jueces, fiscales, periodistas, políticos, policías y guardias civiles que le resulten molestos al gobierno. Pedro Sánchez empieza a comportarse como un césar más que como un presidente democrático, pero es todavía sólo el principio.

Sólo ayer, en menos de 24 horas, tuvieron lugar tres ataques inusitados a la libertad, al pluralismo político y al estado de derecho. Hace escasos años nadie hubiera pensado que un gobierno democrático en España podía lanzar semejantes mensajes. ¿Por qué no vamos a pensar ahora que podemos estar ante un golpe de estado blando si es lo que hubiéramos pensado hace unos años de todo lo que ahora se nos está anunciando? El gobierno no sólo quiere impedir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, es que lo quiere limitar a para todo el mundo. Una ministra de Sánchez habla ya abiertamente de que “la siguiente batalla debe ir orientada a limitar y seguramente prohibir Twitter”. Las normas que intenta impulsar el sanchismo, por otro lado, generan un escenario en que el gobierno tenga el DNI de todo el que emita en redes sociales una crítica contra el gobierno. Para perseguir las criticas se ha inventado el delito de odio, que como todo el mundo sabe es toda palabra que se aparte del discurso oficial del gobierno. No es que el gobierno vaya a prohibir el acceso a las redes sociales, como en China o en Venezuela, a los menores de 16 años, sino que el gobierno ha decidido que a lo mejor todos somos menores de 16 años. Si empiezas a copiar a China y Venezuela, y China y Venezuela son dictaduras, habrá que empezar a pensar que el golpe de estado blando es algo más que una teoría inquietante, como la “teoría” del reemplazo que Irene Montero confirmaba este fin de semana.Y no es que la teoría del reemplazo la confirmen los discursos sanchistas, es que la confirman los actos.

No menos inquietante, hablando de reemplazar al electorado, es la pretensión del gobierno de Sánchez de nacionalizar a 1,3 millones de “nietos del exilio” para que voten en las elecciones generales. Estamos regularizando inmigrantes ilegales de 500.000 en 500.000, cada año nacionalizamos ya a más de 250.000. La regularización es el paso previo a la nacionalización, y los socios de Sánchez ya han anunciado que piensan cambiar las normas para hacer más inmediata la regularización y la nacionalización. El pucherazo de Sánchez no va a ser reemplazar las papeletas de los votantes, sino reemplazar a los propios votantes.

Por si todo lo anterior no fuera ya suficientemente alarmante e indicativo de una alerta democrática, la ministra de Vivienda aparecía ayer en un programa de RTVE, la televisión pública ahora convertida en meramente gubernamental, diciendo que quería aplicar el artículo 155 de la Constitución a la Comunidad de Madrid porque al gobierno central no le gusta su política de vivienda. Es decir, que el sanchismo está planteando ya sin careta que haya dos tipos de gobiernos autónomos en España: los de la izquierda y los intervenidos por Pedro Sánchez. Podemos ahorrarnos por tanto las elecciones autonómicas y los gobiernos autonómicos. Si todo esto no da argumentos para empezar a pensar en un golpe blando es que somos la rana que se está cociendo en el puchero, o que el panorama es ya tan aterrador que sencillamente nos negamos a verlo.