Un artículo de Chon Latienda titulado “Levantar alfombras” y publicado en Diario de Navarra aporta nuevos datos sobre el complicado entramado en Navarra que enlaza los posibles casos de corrupción con los encargados de luchar contra esa posible corrupción. Quis custodiet ipsos custodes? De este modo, Chivite ha reaccionado a la publicación de los escándalos encargando a Comptos y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción la adjudicación de obras a Acciona y Servinabar. ¿Cuál es entonces nuestro problema?
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción es un invento de Bildu creado al llegar el cuatripartito al poder, encargado de “levantar alfombras” para investigar retrospectivamente la posible corrupción de UPN sin tener que padecer las “importantes” limitaciones de Comptos, Araiz dixit. ¿Cuál es el resultado? Ni Bildu sin limitaciones pudo encontrar nada que llevar a un juzgado investigando los gobiernos de UPN y por supuesto en todos los casos actuales de corrupción se enteró de nada la Oficina Anticorrupción. ¿Qué se iba a enterar si la única corrupción que le importa era la pasada y ajena y sólo para usarla políticamente? ¿Alguien se imagina un órgano de Bildu destapando un caso que erosione a un gobierno con Bildu y pueda beneficiar electoralmente a la derecha que hay que mantener fuera del poder a toda costa? ¿Alguien piensa que un órgano totalmente colonizado puede denunciar a su colonizador? Eso sí, la oficina en cuestión nos cuesta 1 millón de euros anuales a los navarros. Si nos descuidamos un poco casi cuesta más que lo que nos pueden robar los corruptos. Como no sirve para nada, nos cuesta lo que nos roban los corruptos más 1 millón de euros. Pero vayamos más lejos.
Uno de los contratos adjudicados a Acciona-Servinabar, como señala Chon Latienda, fue el de la reforma del Archivo General de Navarra, en tiempos de Uxue Barcos como mandarina suprema. El contrato fue adjudicado por el Departamento de María José Beaumont, la consejera de Bildu. La directora general que firmó la adjudicación fue Edurne Eginoa. El presidente de la mesa de contratación fue José Contreras López. Para terminar, el arquitecto que revisó el proyecto fue Pedro López Vera. Toda esta retahíla de nombres adquiere un nuevo significado teniendo en cuenta que Edurne Eginoa es la actual directora de la mentada Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, y que José Contreras, el presidente de la mesa de contratación de la obra, es ahora el secretario de la Cámara de Comptos. O sea, que prácticamente los encargados de investigar las posibles malas prácticas y los investigados vienen a ser los mismos. ¿Qué podemos esperar de ninguna investigación con estas premisas? De lo que se trata es sólo de venderle algo a la opinión pública y de que parezca que hay una reacción institucional ante todos los casos de corrupción que se están destapando. Lo que nos lleva al siguiente punto.
Sí que hubo desde el principio una reacción del cuatripartito a las denuncias de irregularidades en la adjudicación de las obras de los túneles por parte de los técnicos de la mesa de contratación, pero no fue para investigar las irregularidades, sino para investigar y tratar de desacreditar a los técnicos que las denunciaban. Esto es un agravante que no estamos ponderando en absoluto en la medida que merece. Lo más grave del sanchismo -y el sanchismo incluye a todos los socios sanchistas- no es sólo que robe, sino que para robar colonice y desarticule todos los mecanismos de vigilancia, y que al ser descubierto intente dinamitar la autonomía de la UCO, la independencia de la Justicia, la libertad de prensa o el funcionamiento de la Fiscalía. Estamos llegando a un punto en que el hecho de robar va a resultar un perjuicio mucho menos grave que la voladura del estado de derecho mediante la que intentan quedar impunes de todos los robos que se comportan como si hubieran cometido.
Todo lo anterior nos conduce de nuevo a la necesaria dimisión de Pedro Sánchez y María Chivite y a la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Más allá de que ya sólo por imagen y respecto al país no pueden estar al frente del gobierno personas totalmente salpicadas por las sospechas de corrupción, no puede estar en el gobierno alguien que si es culpable pueda tener la tentación, y los medios, de dar un golpe de estado blando antes de tener que rendir cuentas a la justicia. El riesgo es enorme y real.
Hay corrupción porque no cabía otro escenario, porque bajaron las defensas, porque decidieron escuchar sólo a sus pseudomedios y porque persiguieron a los denunciantes en vez de a los denunciados. Es imposible que no haya corrupción en un sitio donde se persigue e investiga a quienes la denuncian. Tienen que irse por tanto a la oposición todos los partidos que ahora están en el gobierno o lo sostienen. Y es que las opciones de por qué se persigue a los denunciantes en vez de a los denunciados son limitadas, pero todas les incapacitan para seguir gobernando.
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