En un estado de derecho digno de tal nombre todo el mundo es inocente hasta demostrarse lo contrario. Esa presunción de inocencia cobija desde a Santos Cerdán hasta Iñigo Errejón. Es importante que sea así. Lo que sucede es que esa presunción se limita al ámbito penal. A nadie se le puede condenar penalmente sin probar su culpabilidad, pero fuera de los juzgados cambia la situación. La responsabilidad política, por ejemplo, no coincide con la penal sino que la precede. La mera sospecha por la publicación de una información, no digamos ya una imputación judicial, solían ser el límite marcado para que resultara exigible la responsabilidad política, al menos cuando nos mirábamos en el espejo de otros países a los que considerábamos modelo de democracia, honradez y transparencia. No es así en el ámbito penal, pero en el ámbito político era mejor que un inocente tuviera que dejar su cargo a que la corrupción y el abuso de poder se asentaran en el gobierno. Por supuesto esto los políticos lo suelen ver de una manera cuando están en el gobierno y de otra cuando están en la oposición.
Respecto a los grandes escándalos que rodean al sanchismo, a estas alturas parece absurdo sostener el discurso negacionista, impuesto por Sánchez, de que no había nada de sustancia en casos como los que apuntaban a su mujer o a su hermano. Por el contrario, ambos casos han ido escalando y revelando nuevos detalles comprometedores que los jueces y tribunales estiman que merecen ser investigados. No es cuestión de un juez excéntrico, sino de varios jueces ya y de tribunales superiores que han avalado las investigaciones y la instrucción de esos jueces. En este sentido no es halagüeño el retrato que ha quedado de todos los partidos y todos los medios que prácticamente hablaban de un juez prevaricador y de un caso sin contenido en el que no había nada que investigar.
Por supuesto todo lo anterior, por todo lo explicado, no presupone aún que Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez sean culpables de aquellos posibles delitos que se investigan. Este es precisamente otro de los puntos fundamentales de esta consideración. Ni el juez Peinado ni ningún otro ha condenado al hermano o a la mujer de Sánchez. No es por haber condenado a su mujer que Sánchez hizo una huelga de 5 días, sino por el mero hecho de que la Justicia hubiera osado investigarla. No es por condenar a la mujer de Sánchez que el partido y todos los medios sanchistas cargaron contra los jueces, sino sólo por atreverse a examinar sus actividades. Por supuesto si hubiera habido una condena es que se habría considerado probado un delito, y contra esa condena cabría un recurso, pero de lo que hablamos es de un gobierno, y de unos medios al servicio de ese gobierno, ni siquiera dispuestos a admitir que la Justicia pueda investigar al presidente o a su familia. Eso no es democracia, eso es cesarismo.
Si al presidente o a su familia, a diferencia del resto de españoles, no se le puede investigar, entonces lógicamente tampoco se le puede condenar. Asumir que el presidente o su familia no pueden ser investigados es asumir por tanto que gocen de una absoluta impunidad. Porque aunque no todo investigado es condenado, no cabe ser condenado sin ser investigado. Lo que aquí se estaba planteando para Sánchez y su entorno era un estatus de impunidad, jaleado por los partidos sanchistas y sus medios. No puede haber por otro lado mayor incentivo a la corrupción que un estatus de impunidad. Aquí se ha llegado a defender que quien decida si hay caso o no hay caso respecto a unas actividades de la mujer del presidente no sea la Justicia imparcial, sino el propio presidente y marido de la investigada.
Hemos asistido por tanto a una cacería de jueces cuando ni siquiera había una condena, sino una mera investigación. La instrucción de los distintos procesos, por otro lado, han dejado ya claro que existían motivos para impulsar una investigación. No para emitir una condena, que eso ya se verá más adelante, pero sí al menos para buscar una aclaración. Todos los partidos sanchistas y sus cacatúas mediáticas ya han quedado por tanto mal, pretendiendo que no había nada que investigar. Obviamente si además hubiera una condena el retrato sería todavía más desfavorecedor. Por otro lado, todos estos defensores incondicionales del sanchismo, político y mediático, han dado buena prueba de su peligrosidad no sólo tratando de dotar al entorno de Sánchez de un estatus de impunidad, sino promoviendo diversas reformas legales para, llegado el caso, ser procesados o juzgados sólo por fiscales o jueces previamente nombrados por ellos, en vez de por jueces y fiscales imparciales. De hecho estamos en plena ofensiva del sanchismo contra la independencia fiscal y judicial y, seamos sinceros, eso tiene mucho más sentido cuando buscas tu impunidad o perseguir al rival que cuando buscas la Justicia. Interesa tener todo esto en cuenta porque el sanchismo debe ser evacuado del poder proponiendo a los españoles un programa de regeneración que, entre otras muchas cosas, defienda, refuerce y garantice en España la independencia judicial.
