No es que tengamos la sospecha de que el tipo de régimen que les gusta a los dirigentes de Podemos e IU es una dictadura comunista, es que ellos han hecho explícita esa querencia a ese tipo de régimen. La culpa es nuestra por no tomárnosla en serio. Señalamos el peligro de pactar con golpìstas y filoetarras o meter a los comunistas en el gobierno, pero después parece que no nos creemos del todo ese peligro que predicamos. Ahora vemos que el peligro es real e inevitable con toda esta gente condicionando el gobierno. También hemos sobrestimado la cantidad de gente en la izquierda que ama la libertad, incluso la de no ser de izquierdas, y la cantidad de gente que podía haber en la izquierda capaz de alzar la voz o tomar medidas frente al avance de un movimiento totalitario de izquierdas en España. Lo bueno por otro lado es que ahora todos los partidos están de acuerdo en que hay un golpe de estado en marcha en España. O sea, la discrepancia es quiénes son los golpistas, pero respecto a que hay en marcha un golpe de estado tenemos consenso. No tiene mayor sentido discutir sobre ello. Y por tanto la coyuntura histórica para España es realmente seria.

Fidel un dos imprescindibles do SXX. Un revolucionario. Con él camiñaron e camiñarán os pobos. Cuba va! @En_Marea #HastaSiempreComandante pic.twitter.com/qeYbEXE3KR

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) November 26, 2016

El problema con el que nos encontramos es que hemos puesto el gobierno en manos de filoetarras y de gente cuyas referencias políticas son el FRAP, la RDA, Maduro, Fidel Castro o Valtonyc. ¿En qué momento pensamos que poner a esta gente a dirigir el estado no iba a producir una quiebra democrática? ¿Sería mucho más extraño que un avión se estrellara si a sus mandos pusieran a un mono en vez de a un piloto? Si nos gobierna gente que era admiradora de Chávez o Castro, ¿dónde está la sorpresa de que ese tipo de gente nos quiera convertir en Venezuela?

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Lo que ya se dice abiertamente es que los jueces que deben determinar si las cosas que el gobierno hace son legales o ilegales los debe nombrar el gobierno. O que las leyes sólo las debe cumplir la minoría. Que la mayoría, por ser mayoría, se puede saltar las leyes, tanto las que exigen una mayoría reforzada como las que la mayoría podría cambiar en vez de incumplir. Pero es que precisamente ahí está parte del truco. No se trata por ejemplo de cambiar la Constitución, sino de convertir en constitucional cualquier cosa que choque frontalmente con la Constitución. Si el gobierno nombra sin contrapesos a los magistrados que tienen que decidir si lo que hace el gobierno es constitucional, el gobierno no sólo se puede saltar la Constitución, es que además puede hacer como que no se la salta. A fin de cuentas si tú con tu mayoría cambias la ley, puedes hacer algo que antes era ilegal, pero sigues teniendo otro límite legal, el que te marque la nueva ley. En cambio, si nombras a los jueces, puedes hacer lo que quieras y ellos siempre dirán que es legal.

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Frente al discurso de que la mayoría y la legalidad son lo mismo, es evidente que no lo son. Si fuera así, el gobierno nunca podría saltarse la ley o los partidos de la mayoría nunca podrían cometer un delito. Por eso la ley es igual para todos. La ley no es sólo para la minoría. La mayoría también está sometida a la ley.

"Ninguna toga tiene la capacidad para limitar que el pueblo pueda autogobernarse. Que tomen nota, porque en nombre del rey, no se puede limitar la democracia".

📽️ @MayoralRafa pic.twitter.com/XyBTE4qlI5

— Podemos (@PODEMOS) December 15, 2022

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En este sentido llama la atención lo ignorante o lo totalitario del discurso de algunos partidos y diputados. Según ellos la ley, en una democracia, está al servicio del gobierno. Es todo lo contrario. Las leyes, empezando por la Constitución, antes que nada son un límite al poder del gobierno. O un político entiende esto o no entiende nada sobra la democracia y la libertad. Si el poder es ilimitado, aunque lo ejerza un gobierno elegido por mayoría, desaparecen la libertad y la democracia. Según esto un gobierno democrático podría usar su mayoría para ilegalizar democráticamente a la oposición. Y la oposición, si es demócrata, debería aceptar resignadamente su ilegalización, su fusilamiento o su castración. No todo lo que es mayoritario es aceptable en una democracia y la democracia consiste justamente en que el gobierno tenga límites aunque representa a la mayoría. Que el gobierno nombre a los jueces a su capricho es el paso anterior a ilegalizar a la oposición. Por otro lado Pedro Sánchez, y ahí está su hemeroteca, lo que decía antes de ganar las elecciones era que iba a hacer más independientes de los partidos a los jueces y a despolitizar su elección. O sea, que precisamente en esto no tiene mucha legitimidad democrática para hacer todo lo contrario de aquello por lo que supuestamente la gente lo eligió.

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El punto en el que estamos, o al que estamos llegando porque esto no ha acabado, significa sin duda un cambio cualitativo en la naturaleza democrática de nuestro sistema político, pero por otro lado no es sino la culminación de un deterioro democrático en el que se lleva progresando durante décadas. No resulta muy sorprendente que en el origen de todo este deterioro judicial nos encontremos a ese viejo PSOE tan mitificado, añorado y maravilloso que ya en 1985, en tiempos de Felipe González, cambió la ley para sortear lo dispuesto en la Constitución y manosear a su antojo el CGPJ. “Montesquieu ha muerto”, o sea la separación de poderes y la independencia judicial ha muerto, fue lo que entonces Alfonso Guerra declaró con orgullo. Los socialistas de los 80 lo justificaron con los mismos argumentos que los socialistas de 2022. ¿Y dónde vamos ahora que todos estamos de acuerdo en que hay un golpe de estado en marcha y una amenaza para la supervivencia de la democracia en España? ¿A una dictadura caribeña en Europa Occidental? ¿A un conflicto civil? Dentro del PSOE no hay salvación. Lo que no se explica sin el PSOE no son los logros de este país, sino las debacles y las tragedias de este país.

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