Nafarroa Bai, PSN e IU abren la puerta a las listas negras de médicos

Aprobaron crear una lista con los nombres de los médicos que se opongan al aborto, pero rechazaron crear otra con los nombres de los partidarios.

Resultaría inconcebible que, cuando se convocara una oposición para el cuerpo de bomberos, en vez de apuntarse los interesados fueran todos los navarros que no quisieran presentarse quienes tuvieran que inscribirse en un registro. Esta extraña lógica, sin embargo, es la que Nafarroa Bai y el resto de la oposición han impuesto gracias a su mayoría parlamentaria. La medida se vuelve aún más sospechosa porque en la misma sesión se rechazó crear paralelamente un registro de médicos dispuestos a practicar abortos, algo difícil de entender si realmente partimos de la inocuidad de estos registros. A fin de cuentas, si de practicar un aborto se trata, lo que para ello hace falta es encontrar sólo a un médico que quiera hacerlo. A quien Nabai y el PSN quieren encontrar, por el contrario, es a todos los médicos que no quieran hacerlo.

La Constitución y el Consejo de Europa

Hace poco más de dos semanas, el Consejo de Europa rechazaba el intento de limitar la objeción de conciencia, emitiendo por el contrario una resolución en la que se determinaba que “ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto, eutanasia o cualquier otro acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón”.

La Constitución Española, por otro lado, establece en el artículo 16.2 que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Un derecho fundamental que se retuerce por completo cuando no se crea un registro para hacer algo voluntariamente, sino otro en el que es obligatorio apuntarse para no tener que hacerlo.

En vez de castigar a los médicos que abortaban fuera de la ley, se abre la puerta a castigar a los que no aborten

La nueva ley del aborto no nace de un debate en la sociedad civil, sino de una serie de denuncias periodísticas y policiales que pusieron de manifiesto la flagrante ilegalidad en que se  movían las clínicas abortistas. El gobierno socialista salió inmediatamente con la nueva ley en defensa del complejo empresarial abortista. Pasamos así de una situación en la que ciertas empresas privadas abortistas podían tener problemas legales a otra en la que quienes puedan tener problemas legales sean los médicos de la sanidad pública que no quieran practicar abortos. ¿Cuál será la pena para un médico que no quiera registrarse ni practicar abortos? Si una doctora en este caso se niega a practicar un aborto, a lo mejor sí que al final en España el gobierno acaba metiendo en la cárcel a una mujer a causa del aborto. Pero por no practicarlo.

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