AEn líneas generales, no siendo España de las menos, los europeos no estamos acostumbrados a poder defendernos por nosotros mismos, sino a que se nos defienda (en Norteamérica, pese a cierto abrazo de mentalidad europea, hay más interés en el derecho a la defensa propia) mientras que, pese al apego personal que le tenemos a nuestra propiedad, vivimos bajo otra clase de mentalidad.
Nuestra jurisdicción no reconoce (no hablemos de otorgar ya que hablamos de algo connatural, ajeno a artificios politiqueses), en un sentido literal y estricto, la cuestión del derecho a la defensa propia. En cuanto a la propiedad, ya de por sí, el artificio iuspositivista del 78″ la supedita a «intereses sociales».
Pero, para empezar, no hace falta meterse en la emboscada de las parrafadas legislativo-normativas, sino remitirse a dos recientes casos de actualidad que, por su carácter mediático, indudablemente nutrido por las redes sociales, han generado un notorio debate en la sociedad, bastante alejado de la unicidad de criterio, de la cuasi unanimidad.
El altruismo de un veinteañero malagueño
Recientemente, un juzgado de Málaga ha condenado a un bienio de prisión -con fianza de 180.000 euros- a un joven de 26 años, por «homicidio imprudente». Se trata de una sentencia firme, que, a priori, podría impresionar a quienes conocían al chico que, según determinadas fuentes, era un buen estudiante y una persona educada.
Y sí, «por bueno» puede acabar en prisión (gracias a una campaña de crowfunding del partido político VOX se beneficiará de un descuento muy considerable en la fianza económica impuesta). Borja no tuvo intención de asesinar a nadie, sino de evitar que el atracador sustrajera a una trabajadora malagueña su bolso.
En la sentencia se indica que el joven malagueño propinó puñetazos al fallecido (por cierto, cabe indicar que se trata de un toxicómano con antecedentes penales). Pero tal y como citan en ese texto jurídico, Borja no buscaba determinadas consecuencias (traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral), sino que, finalmente, la víctima del atraco lograra su bolso.
La nieta «okupa» y consentida por ajenos a la familia
El pasado mes, un octogenario matritense llamado Vicente Moreda se desplazó, durante unos días, a Cartagena, para visitar a su mujer, enferma de Alzheimer, que está ingresada en una residencia de ancianos. Hasta aquí, nada malo ni anormal: un ejemplo de familiar que no rompe sus lazos afectivos con aquellos allegados internos en centros geriátricos.
Lo desagradable no fue lo que se encontró en la residencia (por ejemplo, que su mujer estuviera mal atendida o en peor estado de salud), sino su «sorpresa» al regresar a su inmueble madrileño. La cerradura estaba cambiada, siendo imposible entrar. Pero la «okupa» se trataba de su nieta, acompañada por un par de amigos.
Ni el abuelo ni la madre de la menor daban crédito. La segunda, hija del anciano, reconocía, en cambio, que había sido una menor conflictiva (llegó a estar en un reformatorio, es decir, en un centro de menores). No consiguieron que entrara en razón, ni siquiera con mediaciones policiales. Para colmo, la justicia sobresee la causa (aunque la familia recurrirá la sentencia).
Más corrección política
Visto esto, no es muy descabellado, bajo el respeto, pensar que el sistema judicial español presenta ciertas anomalías. Mientras que individuos como Arnaldo Otegi y el «carnicero de Mondragón» campan a sus anchas por las calles, no está muy bien visto lo de la defensa no policial (con una intención altruista) mientras que contrarrestar la «okupación» no es nada fácil desde el ámbito normativo-jurídico.
Lo políticamente correcto es «quedar bien», «ser solidario a costa de los demás» y «preocuparse por la reinserción social del ladrón, el asesino y el violador». Reivindicar poder salvaguardar mejor nuestra propiedad e integridad viene a ser algo proscrito, reprobado automáticamente por determinadas hordas.
Dicho esto, en base al sentido común, sin complejos ni duda en reconocer que el Estado falla al actuar en pro de los derechos naturales, la sociedad ha de reaccionar (la acción en sí no es exclusiva de las «hordas justicieras» de los lobbies feministas) y reivindicar sin tapujos ni titubeos su derecho a defenderse y a poder defender al prójimo, en pro de la libertad y la propiedad.