El gobierno ha tenido una nueva idea maravillosa para impulsar la educación pública, en este caso a nivel universitario: prohibir la educación privada. O por lo menos frenar su expansión e impedir que se corresponda con la demanda. Como plan para impulsar lo público hay que reconocer que no tiene fallos.
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La verdad es que la existencia de una educación privada que la gente pueda elegir es todo un engorro. Si la gente no está obligada a elegir la educación pública, entonces la educación pública tiene que ser atractiva por su calidad. O sea, que para promocionar la educación pública hay o que mejorar su calidad o prohibir la educación privada. ¿Qué clase de persona inteligente y amante de la libertad se liaría con lo primero pudiendo decretar lo segundo desde el consejo de ministros?
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Una vez que la educación pública no tiene alternativa, además, deja de tener importancia su constante deterioro. Es algo en lo que sencillamente el gobierno dejaría de preocuparse. A un nivel de calidad 8 habría un 100% de educación pública. A un nivel de calidad 3 también habría un 100% de educación pública. Impide que la gente pueda elegir y olvídate de la calidad. Uno no sabe si corre muy rápido o muy lento hasta que no se enfrenta por lo menos a otro corredor. Que sólo haya una educación pública evita tener que comparar resultados y retratar la gestión.
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Aparte de la calidad ofertada, el adoctrinamiento estatal puede ser otro motivo de peso para que muchas personas eviten la educación pública. Pero si no hay una alternativa esto también deja de ser un problema. Ni hay que preocuparse por la calidad, ni hay que limitar los niveles de adoctrinamiento. O socialismo o libertad. O libertad o gobierno.
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En realidad tampoco se puede culpar a lo público de incurrir en defectos en los que también incurriría la empresa privada si pudiera. Si sólo hubiera una empresa de teléfonos, de la que nadie se pudiera marchar, sin ninguna alternativa, sin ningún competidor, con toda probabilidad la calidad del servicio sería mediocre. Añadan a ese empleados que no pueden ser despedidos y que los costes se paguen con los impuestos de la gente en vez de con los beneficios de los clientes. ¿Alguien en sus cabales ofrecería calidad y eficacia?
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Irónicamente la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, explicaba en una entrevista a Vanity Fair que, al haber crecido en Tolosa, su educación en un colegio público se vio resentida por las huelgas, las paralizaciones, y las constantes incidencias de la eskola borroka, por lo que para no perder más el tiempo se fue a estudiar derecho a la privadísima universidad de Navarra: “Fue muy duro para toda la sociedad, porque tuvo muchas ramificaciones, la escuela se quedó muy afectada, con muchísimas pérdidas de horas lectivas. En Tercero de BUP yo perdí el 40% de clases. Por eso cuando decidí estudiar Derecho elegí la Universidad de Navarra. Siempre he sido una defensora de la educación pública pero no quería perder el tiempo”.
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El testimonio biográfico de la ministra en Vanity Fair, el aparente sustitutivo de Bandera Roja para los líderes izquierdistas españoles del siglo XXI, viene a confirmar todo lo dicho al principio. No se puede reventar la educación pública y convertirla en un instrumento al servicio del adoctrinamiento si la gente se te puede escapar después a la Universidad de Navarra en busca de calidad. En realidad el caso de la ministra resulta muy ilustrativo. Cuando alguien se matricula libremente en una universidad pese a que su ideario se encuentra en sus antípodas ideológicas eso es calidad. Cuando no hay calidad pero tampoco se puede elegir otra cosa eso se llama gobierno. O gobierno socialista, para ser más precisos. Lo que hizo la ministra, que no lo puedan hacer los hijos del resto.
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