Este martes, día 11 de febrero, el Congreso de los Diputados volverá a tramitar, por enésima ocasión (tras haberse intentado en anteriores legislaturas), lo que viene a ser una iniciativa legislativa para la legalización de la eutanasia (en este caso, una propuesta del PSOE que también viene a concordar con el acuerdo de gobierno con PODEMOS).

Esto vendría a suponer un avance de la cultura de la muerte para el que ya se asentaron unas bases determinadas con los proyectos legislativos autonómicos de «muerte digna» (por poner ejemplos, Andalucía y las Vascongadas), aparte del hecho de dar carta blanca, en su momento, a lo que de manera eufemística llaman «interrupción voluntaria del embarazo».

Nada de esto es una sorpresa, en vistas tanto del tipo de personajes que ostentan el poder político en estos momentos como del termómetro de la sociología española (lamentablemente, cabe reconocer que no se está dando la existencia de una masa social que reaccione con intensidad ante las enésimas atrocidades del nihilismo, de la crisis de valores del continente).

Pero no será la finalidad del ensayo otra distinta al mero hecho de advertir acerca del peligro que corre el derecho de los facultativos a ejercer su libertad -orientada hacia el bien- de no practicar genocidios que son totalmente contrarios al principio hipocrático suscrito en conformidad con el ejercicio de su profesión (en otros países ya ha ocurrido: por ejemplo, en Argentina, con el doctor Rodríguez Lastra).

La excusa de introducir el aborto en la «sanidad pública»

El acuerdo firmado en su momento por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contempla no solo la legalización de la eutanasia, sino la inclusión, en la cartera de servicios que obligatoriamente tiene que sufragar forzosamente el contribuyente por vías estatales (lo que llaman «sanidad pública») tanto de esta práctica como del aborto.

A día de hoy, la segunda diabólica práctica no solo es legal, sino que también es costeada por la Seguridad Social. Distinto es que la mayoría de casos se deriven a clínicas privadas (así ocurre, en la práctica totalidad, en regiones como Extremadura), algo que no necesariamente se da por el colapso de las listas de espera.

Hay facultativos de los centros sanitarios de titularidad estatal que ejercen su derecho a la llamada «objeción de conciencia», razón por la que hay derivaciones a entidades que, en realidad, hacen su negocio, de manera sanguinaria (igual que la famosa multinacional estadounidense Planned Parenthood). No todas las operaciones económicas son morales.

Persecución y destierro de todo aquel que se oponga a homicidios de autoría médica

La dictadura de la corrección política que impera en estos momentos, basada en la intimidación, el señalamiento y la consecución de la llamada «muerte civil» (aparte de buscar convertir todos esos móviles en mecanismos bajo ley positiva) también concierne las cuestiones relacionadas con el aborto y la eutanasia.

Quien se manifieste públicamente, aunque no sea una persona influyente o su conversación se dé en un ambiente distendido, coloquial o informal, corre el riesgo de ser linchado e intimidado, como una persona liberticida, impía y/o retrógrada. Hay miedo incluso en los entornos académicos, ya se tenga un rol de docente o de alumno, ante la hegemonía izquierdista.

Hay países en los que algún que otro docente ha sido apartado de su carrera profesional por defender la santidad de la vida humana (recordemos que aquí en España se humilló a la profesora e investigadora Alicia Rubio, por elaborar un libro que denunciaba, con todo detalle, todas las facetas de esa ideología de base teórica gramsciano-beauvoirista).

De hecho, como ya ha ocurrido en Reino Unido y en Canadá (en este último caso, con la aguerrida activista Mary Wagner), se procura establecer por norma el arresto de todo aquel que, en solidaridad con aquellos individuos no nacidos, opte por ir a una clínica abortista para ayudar a las madres y luchar por la vida del humano en gestación.

Por lo tanto, en vistas de todo esto, no es complicado dar por hecho que, por activa o por pasiva, se tratará de obligar a los facultativos a practicar abortos o eutanasias (como mínimo, podrían estar sometidos a la apertura de un expediente o a su despido, aunque sea por vías penales, mientras que, en los casos más extremos, podríamos llegar a las multas o al ingreso en prisión de esos médicos.

Totalitarismo, materialismo y relativismo, siempre de la mano

Los distintos totalitarismos (frutos de las distintas fases de la Revolución) que se han ido sucediendo a lo largo de la historia han destacado por su faceta materialista y genocida (siempre resultante del racionalismo así como de la ausencia de una moral con consideraciones divinas y trascendentales). Por poner algunos ejemplos: el nazismo y el comunismo.

La libertad está muy amenazada a día de hoy, aunque pueda decirse que de una manera más silenciosa. Somos testigos de la imposición de una «falsa religión» de Estado así como del continuo expansionismo de ese ente artificial. De hecho, el llamado Bienestar del Estado ha fomentado valores como el cortoplacismo, el hedonismo y la más absoluta irresponsabilidad.

Para el burócrata de turno (bueno, para el entramado estatista) somos meros dígitos sin ninguna clase de valor (por ello se procura cuestionar la dignidad de enfermos, ancianos y no nacidos). Encima, se ven motivados por cuentos ideológicos basados en la mitología neomalthusiana o en el totalitarismo de género (destrucción de la familia y de la antropología cristiana).

Así pues, una vez dicho todo lo anterior, sabiendo que se requiere de la fuerza y de la coacción para imponer el mal y la mentira, podemos temernos lo peor. Pero solución hay (sí, sin duda). Los españoles tenemos el indiscutible e inexcusable deber moral de hacer frente al avance de la cultura de la muerte, en defensa de la dignidad humana, sin complejo alguno.