El Sindicato Unificado de Policía exige al Ayuntamiento de Pamplona y al gobierno foral medidas urgentes para desmantelar los focos de delincuencia que proliferan por Navarra, particularmente en su capital, así como para ejecutar las expulsiones pendientes de todos aquellos delincuentes importados que, pese a su comportamiento delictivo, siguen pululando y reincidiendo en nuestra Comunidad.
El caso de la manada de magrebíes que violó a una universitaria con ocasión de la carpa de la UPNA evidencia la doble dificultad que presenta la situación. Por un lado, el caso ha puesto manifiesto la existencia y peligrosidad de diversos asentamientos y campamentos de ilegales en diversas zonas de Pamplona. Los miembros de la manada magrebí formaban parte de uno de esos asentamientos. La situación se había denunciado por parte de la policía previamente a la violación y el Ayuntamiento no había hecho nada. Esto nos lleva a la segunda dificultad del caso y es el anatema político para poder hablar del problema. En pocos años se han triplicado las violaciones en Navarra, la inseguridad se ha disparado y existen claros focos de marginalidad, inseguridad y delincuencia. Pero no se puede hablar de ello porque sería xenofobia y racismo. La consiguiente falta de medidas no puede tener otro destino que el crecimiento y agravamiento exponencial del problema. De hecho también el sindicato policial SIPNA (Sindicato Independiente de Policías de Navarra) viene asimismo señalando y denunciando hace tiempo el incremento de la inseguridad en Navarra. No es sin embargo un asunto políticamente correcto porque los delincuentes son en general personas irregulares o de origen extranjero.
Para afrontar la situación, el Ayuntamiento de Pamplona va a ofrecer 25 viviendas reformadas a los pobladores de los asentamientos ilegales, para que puedan pasar el invierno y dignificar su situación. Obviamente esta decisión lo que hace por el contrario es poner de manifiesto diversos problemas. En primer lugar los focos de miseria y marginalidad que está generando la inmigración descontrolada. No es prosperidad y pensiones garantizadas lo que trae consigo el descontrol migratorio masivo. En segundo lugar la inseguridad que provocan estos focos. En tercer lugar el problema con la vivienda que incrementa toda esa población que llega al país por cientos de miles y sin recursos. En cuarto lugar el hecho de que el Ayuntamiento, la administación en general, tenga viviendas vacías y ociosas. En quinto lugar, que estas viviendas sólo se hayan movilizado tras una violación en manada y para favorecer a un colectivo de personas irregulares, mientras se desprecia el problema de la vivienda para los nacionales en situaciones de necesidad.
Por supuesto la medida de entregar pisos municipales a los irregulares sin techo no deja de ser además un parche y una solución temporal. ¿Podemos o no podemos acoger a todos los pobres del mundo? ¿Hay o no hay efectos negativos por acoger masivamente a gente de fuera que no podemos integrar? ¿Se saturan o no se saturan las viviendas y los servicios? ¿Suben o no suben la pobreza y la inseguridad como consecuencia de la inmigración descontrolada? Importando cientos de miles de pobres, ¿sube o baja el nivel de pobreza? Si siguen llegando irregulares descontroladamente, ¿cuánto tiempo más va a pasar hasta que reaparezcan los asentamientos? Si el número de inmigrantes que podemos acoger sin efectos secundarios negativos no es infinito, cae por su peso todo el discurso migratorio de la izquierda. Por lo demás tanto el gobierno como el ayuntamiento siguen siendo rehenes de un discurso que les obliga a negar el problema. Y víctimas de esa incapacidad para afrontar el problema seguiremos siendo todos los ciudadanos.
