La Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona han ofrecido datos sobre la evolución de los robos y agresiones en Pamplona. El dispositivo organizado alrededor del ocio nocturno ha pasado de practicar 90 arrestos en 2022 a 183 en 2025, un aumento del 100%. Por lo que respecta a los investigados, la cifra ha pasado de 17 en 2022 a 277 en 2025.
El hecho delictivo típico, señalan los mandos policiales, es la agresión para luego robar. La acción no se centra sólo en el casco antiguo, sino también en las vías de regreso desde el centro a barrios periféricos como San Juan, Iturrama, la Milagrosa o la Rochapea. También en los entornos, recurrentes en las noticias de sucesos, del antiguo convento de Aranzadi o de la antigua ikastola Jaso. En estos asentamientos residen algunos de los perfiles más reconocidos por los agentes, la gran mayoría de origen magrebí. Concretamente, de los 183 detenidos el 80% son originarios de Marruecos y Argelia.
La realidad en Pamplona es que la situación lleva tiempo fuera de control y nos encontramos con un problema creciente. Eso sí, no es un problema policial. Es decir, la policía hace su trabajo vigilando, actuando, llevando a cabo las detenciones y poniendo a los detenidos a disposición de la Justicia. Es ahí cuando empieza el problema. Como los propios datos indican, cuando no se ocultan los datos, una enorme proporción de la delincuencia callejera tiene origen extranjero. No sólo eso, se trata de extranjeros detenidos una y mil veces, puestos a disposición de la Justicia una y mil veces, que siguen siendo devueltos a las calles una y mil veces, y que por tanto vuelven a delinquir una y mil veces. La solución no es que la policía vuelva a detenerlos mil veces.
Tenemos por tanto no un problema policial sino un problema legal y un problema político. Todos estos delincuentes no pueden estar en la calle y hay tres opciones para evitarlo. Una es el control de fronteras, para evitar su entrada o reentrada. Otra es meterlos a todos en la cárcel en España en cuanto cometen un delito o al menos cuando se convierten en reincidentes. La tercera es expulsarlos de España. La cuestión es que esto ya no está en manos de los policías, y en buena medida tampoco de los jueces, sino que es un asunto que debe abordarse desde el punto de vista político y legislativo. El problema es que la mayoría política que gobierna niega la existencia de este problema. No sólo eso, llama fascista a quien señala la existencia de este problema y cree que ella misma se convertiría en fascista si reconciera y afrontara la existencia de este problema. La única alternativa a convertirse en fascista es negar el problema y meter los datos de la nacionalidad de los delincuentes bajo la alfombra. Están atrapados por su propia dialéctica pero las consecuencias las pagan los ciudadanos. Tendrá que ser por tanto el ciudadano que paga las consecuencias quien busque una solución en las urnas.
