El escándalo de hoy, confirmando todas las sospechas, es doblemente monumental. En primer lugar es un escándalo abrumador, y un bochorno a escala internacional, que nada menos que la directora de la Guardia Civil y el DAO de la Guardia Civil hayan sido imputados por el juez como sospechosos de prevaricación y obstrucción a la justicia. ¿Con qué cara va a actuar en la calle la Guardia Civil o exigir responsabilidades al ciudadano cuando los máximos responsables de la institución están imputados por corruptos? Por fortuna queda la UCO y el guardia de a pie para sostener el buen nombre la institución. Obviamente la infausta Mercedes González y el incalificable Manuel Llamas no representan a la Benemérita aunque la dirijan. El daño a nivel de imagen es sin embargo enorme. Los españoles en general y los guardias civiles en particular no merecen ni pueden soportar esta situación.
Que la directora de la Guardia Civil y su DAO hayan sido imputados por colaborar en el encubrimiento de los corruptos del PSOE es, sin embargo, acaso menos grave que el hecho de que el gobierno los mantenga en su puesto pese a esta imputación. No es que el gobierno no les cese de manera fulminante o que ellos no dimitan, es que ellos no dimiten porque son conscientes del respaldo del gobierno. La situación es apabullante e intolerable: un gobierno del PSOE respaldando a los cargos de la Guardia Civil elegidos por el PSOE e imputados por intentar tapar la corrupción del PSOE.
Ayer eran imputados por decenas cargos de la SEPI que habrían participado en los amaños corruptos de Hirurok, la trama que unía a la fontanera de Moncloa con Servinabar. Hoy son imputados los máximos responsables de la Guardia Civil por intentar tapar esa trama. El Fiscal General del Estado condenado por saltarse la ley para ganar el relato de Sánchez. El número dos de Sánchez detenido por corrupto. El siguiente número dos de Sánchez detenido por corrupto. Zapatero, la mujer de Sánchez, el hermano de Sánchez… Un país no puede tener a todos los altos cargos de la administración tocados por los escándalos de corrupción. No sólo es que esto no sucede en ningún otro país democrático de nuestro entorno y haya que empezar a pensar en Corea del Sur para buscar posibles comparaciones, es que si esto sucede resulta inconcebible que el gobierno mantenga tras ser imputada a la cúpula de la Guardia Civil o la SEPI.
La pregunta fundamental por tanto es por qué el gobierno, o sea Pedro Sánchez, o sea PS, mantiene a los imputados en vez de depurarlos. Cuando se destapa un caso de corrupción, en vez de lanzarse contra los corruptos el gobierno se lanza contra los que investigan a los corruptos. ¿Cuál es la única explicación lógica para entender esta forma de actuar? Que el propio presidente del gobierno sea el número uno de la corrupción parece la única respuesta cabal. Nadie actuaría como Sánchez, ni siquiera en términos de salvar su imagen, si no estuviera en una etapa en que ya ni le importe la imagen, sino sólo mantener el poder para blindarse de las investigaciones en curso. No puede reclamar la cabeza de nadie porque la directora y el DAO de la Guardia Civil, evidentemente, no trataban de entorpecer las investigaciones sobre la corrupción del PSOE por cuenta propia, sino por las órdenes de alguien. ¿Quién podía dar esas órdenes? En todos los casos de corrupción que estamos viendo que afectan a Fiscalía, SEPI, Interior, Infraestructuras y Transportes, Exteriores… ¿Quién puede estar lo bastante alto para coordinar todo el organigrama? ¿Cómo RTVE puede estar al servicio de la defensa mediática de la trama? ¿Quién aparte de P.S. puede ser, por exclusión, el coordinador general de la trama?
Sería un error pensar que todo lo referido es sólo escandaloso. Es mucho más que eso, es peligroso. Hablamos de que al frente de la presidencia del gobierno podríamos tener al cabecilla de una enorme trama corrupta, que ha infiltrado todos los poderes del estado para poder actuar con impunidad y blindarse frente a la investigación judicial. Sánchez acaba de ver cómo se condenaba a 24 años de cárcel a su mano derecha durante años. La otra mano era Santos Cerdán. Hablamos por tanto de alguien que, teniendo todo el poder de la presidencia, puede estar en la tesitura de acabar encarando una condena de 24 años por corrupción salvo que de una especie de golpe de estado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que está utilizando todos los poderes del estado para intentar desacreditar al poder judicial y para descarrilar las investigaciones de la Justicia, y que asistimos a cosas como la modificación sustancial del censo español de cara a las próximas elecciones. Si estamos sólo escandalizados en vez de alarmados ante el peligro es que no nos terminamos de enterar de la gravedad del momento.
