Todo lo que se conoce de las obras de los túneles de Velate es más grave que lo anterior. Entre los documentos que el departamento de Cohesión Territorial ha tenido que entregar a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre los escándalos de Cerdán, figuran varios correos tan reveladores como políticamente incriminadores.
Así, por ejemplo, uno de los correos muestra la conversación entre el director general de intervención de Hacienda, Juan José Pérez Capapay, y el interventor delegado que fiscalizó la licitación. Ambos comentan las irregularidades detectadas en la mesa de adjudicación y los votos particulares emitidos por varios de sus miembros. Capapay se refiere entonces a la situación del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, y concluye que “No le queda otra que desistir y volver a licitar, veremos cuánto aguanta”.
La conversación entre Capapay y el interventor delegado delata por tanto dos elementos relevantes: primero su convicción de que la única opción ante las irregularidades detectadas es volver a licitar la obra, y segundo que el director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, va a tener que soportar y quizá no aguantar una fuerte presión en sentido contrario.
Pero hay más.
La frase completa entre Capapay y el interventor hace referencia a que Capapay había hablado de la situación con el consejero de Economía y Hacienda, el socialista José Luis Arasti, casualmente oriundo de Milagro igual que Cerdán. Arasti había trasladado a Capapay el dilema en el que estaba López Vera sobre si firmar o no la licitación ante aquellas irregularidades, y que además la postura de López Vera era no firmarla: “Por lo que comentó nuestro consejero parece que no tiene propósito de firmar, no le queda otra que desistir y volver a licitar, veremos cuánto aguanta”.
Ahora sabemos lo que aguantó: dos meses de presión.
Todo lo anterior pone de manifiesto que el Gobierno de Navarra era perfectamente consciente de toda la situación y de todas las irregularidades que aquejaban a la licitación, y era consciente de que el director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, no quería firmar la adjudicación de la obra con todas esas irregularidades. También pone de manifiesto que los técnicos de la administración veían inevitable que lo que había que hacer era volver a licitar, y que la duda era si López Vera podría aguantar la presión para no hacerlo. O sea, que como finalmente firmó hay que concluir que firmó bajo presión. La presión del gobierno.
No es por tanto solamente que en la adjudicación llena de irregularidades a Servinabar el Gobierno de Navarra tuviera una responsabilidad política elemental, adjudicando una obra tan importante en un proceso lleno de anormalidades denunciadas por múltiples miembros de la mesa de contratación, es que además la obra se licitó bajo la presión gubernamental. Es decir, el Gobierno de Navarra es responsable no ya de no parar la licitación por responsabilidad y cautela, sino que de estos correos se deduce que es responsable de presionar para que se licitara a pesar de todo y aunque el director general de Obras Públicas no quería firmarla. ¿O quién presionó si no y quién tenía capacidad de presionar al director general?
Aunque Chivite siga negándolo todo como esta mañana en el Senado, las evidencias son incontestables. La adjudicación de las obras estuvo llena de irregularidades, múltiples miembros de la mesa de contratación las denunciaron, el director general de Obras Públicas no quería validar con su firma esa licitación irregular, el Gobierno de Navarra lo sabía, y como resultado de las presiones a pesar de todo la licitación se firmó. Puesto que la máxima responsable del Gobierno de Navarra es su presidenta, Chivite es la máxima responsable de todo el desastre y las responsabilidades políticas en un asunto de este calado se asumen dimitiendo. Esto, puesto que el principio de presunción de inocencia la ampara al menos de momento, asumiendo que sus responsabilidades son meramente políticas y no de complicidad con Cerdán.
Por lo demás, el discurso de Chivite limitando todo el escándalo de Velate a pequeñas irregularidades irrelevantes e intrascendentes raya la apelación a la estulticia. A Cerdán le tocó la lotería del Gordo en un sorteo amañado, ¿y aún se empeña la presidenta en que la lotería del Gordo le hubiera tocado igual a Cerdán sin amaño? ¿Se puede mantener el resultado de un sorteo amañado bajo semejante premisa? ¿De verdad pretende convencernos Chivite que no hay relación entre las irregularidades de la adjudicación y que la beneficiaria de la adjudicación fuera una empresa de la que secretamente era copropietario Cerdán? Aún si el procedimiento hubiera sido impecable cabría dudar, pero estando el proceso de adjudicación plagado de irregularidades lo que no cabe es no dudar. En el momento en que el Gobierno de Navarra, plenamente consciente de todo como ahora sabemos, decide a pesar de todo dar vía libre a la adjudicación a Servinabar, la suerte de la presidenta estaba echada si bajo esas irregularidades había un caso de corrupción. La única salida digna de Chivite es la dimisión.
