Ya se ha conocido la ponencia en la que se va a basar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía. Ninguna sorpresa: aceptará plenamente las tesis del gobierno y declarará la intachable constitucionalidad de la amnistía. Pero en realidad, ¿se está clarificando la constitucionalidad de la amnistía o la parcialidad del Constitucional? Esta es la clave de todo el asunto.
💥El Constitucional al servicio de Sánchez una vez más: "la amnistía cabe en la constitución"
— El Toro TV (@eltorotv) June 2, 2025
👉Se filtra la ponencia sobre la ley de amnistía del Constitucional
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Que la amnistía es inconstitucional es una cuestión fuera de toda duda. El propio Pedro Sánchez no tenía dudas sobre la inconstitucionalidad de la amnistía antes de las elecciones. De hecho, para tranquilizar a los votantes de izquierdas que pudieran tener reparos, aseguró que si le votaban no habría amnistía, y que además no podía haberla porque era inconstitucional. Ahí está la hemeroteca.
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Obviamente Pedro Sánchez cambió de opinión justo después de las elecciones. Por arte de magia en sólo una noche, la del recuento electoral, la amnistía pasó de ser inconstitucional a plenamente constitucional. La magia de ese cambio, por otro lado, fue la mera constatación de que necesitaba para gobernar los votos de Puigdemont. Por más que hayamos asumido aquel hecho con resignación y buena parte de la sociedad lo haya llegado a normalizar, lo cierto es que aquello marcó el rumbo a la degradación que ahora estamos padeciendo de todo el entramado institucional español. La degradación en este caso no fue el final de un proceso, sino el propio inicio de una legislatura anormal. Primero por la mentira: Sánchez se presentó a las elecciones comprometiéndose con que no habría amnistía y en cuanto ganó las elecciones pactó la amnistía, lo que le dejó sin legitimidad democrática. Segundo porque la amnistía consiste en comprar a unos delincuentes sus votos a cambio de la impunidad. ¿En que estado derecho se puede asumir semejante cosa con normalidad? Si comprarles los votos a unos delincuentes a cambio de su impunidad no es corrupción, ¿qué es corrupción?
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«Consagra la dictadura del Parlamento»
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Detengámonos un momento a reflexionar sobre el propio concepto de la amnistía. ¿Por qué es inconstitucional? ¿Por qué el propio Pedro Sánchez consideraba inconstitucional la amnistía hasta el mismo momento en que, casualmente, necesitó el voto de los amnistiados para mantener el sillón? Pues porque la Constitución, en el artículo 62, establece que corresponde al Rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Es decir, si la Constitución prohíbe expresamente los indultos generales, no cabe una amnistía dentro de la legalidad. Una amnistía es una medida que todavía va más lejos que el indulto general, porque no sólo borra la pena sino el delito. Por consiguiente, si la Constitución prohíbe lo menor, el indulto general, menos aún puede permitir lo mayor, que sería la amnistía. Sería algo así como entender que la Constitución no permite el consumo de carne pero sí el canibalismo. Si por otro lado fuera constitucional la amnistía, no tendría sentido que fuera inconstitucional el indulto general, porque se podría aprobar una amnistía en vez de un indulto general.
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No cabe duda por tanto de la inconstitucionalidad de la amnistía, lo que nos lleva al problema de que constitucional no es lo que dice la Constitución, sino lo que el Tribunal Constitucional dice que dice la Constitución. Constitucional es por tanto, en último término, lo que dice el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, ¿de quién depende? Si al final es el gobierno el que elige la mayoría del TC, malamente el TC puede llevarle la contraria al gobierno. Este es un problema antiguo y de fondo que tiene que abordar España y cualquier futuro gobierno si quiere implementar un programa real de regeneración. En un partido de fútbol el árbitro no lo puede elegir uno de los dos equipos que juegan, o el partido es una farsa o la imparcialidad del árbitro es un elemento esencial.
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Hay quien está defendiendo que el Congreso, por definición, no puede hacer nada ilegal o antidemocrático. Frente a una mayoría en el Congreso, todo lo demás debe quedar por debajo, ¿o la democracia no es lo que determine la mayoría en el Parlamento? Si así fuera, Hitler habría sido un demócrata. La mayoría no puede decidir fusilar la minoría, aunque tuviera mayoría parlamentaria para hacerlo, o prohibir salir a la calle a las pelirrojas, o prohibir criticar a la mayoría. La mayoría tampoco puede aprobar leyes que sólo se apliquen a la minoría. Si la mayoría aprueba una ley, queda sometida a esa ley lo mismo que la minoría. La mayoría por otro lado puede cambiar el marco legal, pero no actuar contra el marco legal sin haberlo cambiado previamente. La idea por tanto de que la mayoría parlamentaria puede hacer todo lo que quiera sin ningún tipo de limitación, incluyendo el respeto a los derechos fundamentales o al funcionamiento del estado de derecho, no sólo es un error sino una invitación a la opresión.
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En este sentido, cabe hacerse un par de preguntas importantes. ¿Qué hubiera dicho sobre la amnistía la anterior mayoría del Tribunal Constitucional? No cabe dudar demasiado de que la hubiera considerado inconstitucional. Pero si la Constitución es la misma con este TC o con el anterior TC,¿cómo es que la sentencia pudiera ser distinta? Porque, como decíamos, lo que dice la Constitución se ha convertido en papel mojado, la Constitución dice lo que dice que dice el TC, y el TC, según la mayoría política que lo nombró, puede decir hoy que la Constitución dice blanco, y mañana que dice negro. El resultado, por duro que sea decirlo, es que es como si no hubiera Constitución. Y si no hay Constitución, lo que hay es un poder ilimitado del gobierno. La ponencia del TC dice que el gobierno puede hacer todo lo que no le prohíbe la Constitución, lo cual ya es mucho decir, porque lo prudente en un estado de derecho no es que el gobierno pueda hacer todo lo que no se le prohíbe, sino que sólo pueda hacer aquello que se le encarga. Lo primero es darle al gobierno el poder absoluto y después tratar de ponerle límites si se deja, lo segundo es entregarle el poder a la nación e ir después dándole o quitándole al gobierno facultades. Sólo lo segundo es poner una barrera al totalitarismo. Por otro lado, volvemos al problema de determinar qué es lo que la Constitución prohíbe hacer al gobierno si eso lo decide un tribunal nombrado por el gobierno.
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Si en el párrafo anterior nos preguntábamos que hubiera pensado el anterior TC sobre la constitucionalidad de la amnistía, también podríamos preguntarnos qué pensaría este mismo TC sobre la amnistía si el gobierno no dependiera de los votos de Puigdemont y Pedro Sánchez siguiera manteniendo el mismo discurso que antes de las elecciones sobre la inconstitucionalidad. Cuando Pumpido y el resto de magistrados progresistas del TC escuchaban a Pedro Sánchez antes de las elecciones decir que la amnistía era inconstitucional, ¿se tiraban de los pelos pensando en lo equivocado que estaba el presidente? Antes de que Pedro Sánchez decidiera que la amnistía era constitucional, ¿ya pensaban eso los magistrados progresistas del TC o cambiaron de opinión a la vez que el presidente? ¿En qué universo cabe imaginar que la mayoría del TC nombrada por el sanchismo se oponga a lo que diga el sanchismo? Y si el sanchismo dice hoy blanco y mañana negro, ¿en qué universo cabe pensar que la mayoría sanchista del TC no pasará también de decir blanco a negro? Si esto es así, tenemos que enfrentar el hecho de que el marco normativo español ya no es lo que determina la Constitución sino lo que establezca en cada momento el sanchismo. El diagnóstico es terrible porque la Constitución se supone que es un marco superior que garantiza los derechos de los españoles, incluido el de oponerse al gobierno, al margen de quién esté en el gobierno o tenga la mayoría en ese momento. Si por el contrario el marco que garantiza nuestros derechos pasa a depender del gobierno y los partidos que lo sustentan, el derecho a oponerse al gobierno pasa a estar o dejar de estar garantizado por el propio gobierno. Hablar de peligro es poco y la sentencia del TC es por todo lo expuesto una pieza fundamental en la quiebra del estado de derecho y en el golpe de estado blando al que nos estamos encaminando.