La mujer del presidente del gobierno no puede dedicarse a captar fondos del gobierno. El presidente del gobierno tampoco puede dedicarse a decidir si hay caso o no hay caso con la mujer del presidente del gobierno. Si alguien no puede determinar si hay caso o no hay caso con la mujer del presidente es precisamente el presidente. El presidente, con carácter general, no puede interferir los procesos judiciales, mucho menos cuando se encuentra directamente relacionado con las personas implicadas en esos procesos. Que el ataque contra los jueces es el ataque de Sánchez no resulta dudable. Todos los tertulianos, cargos y políticos del PSOE siguen el dictado de Sánchez. Ninguno dice nunca nada que no coincida con el discurso de Sánchez.
El gobierno y el PSOE, o sea Pedro Sánchez, han ido un paso más allá de proclamar la inocencia de Begoña Gómez. Tengamos en cuenta que Begoña Gómez, de hecho, no ha sido condenada, sino que simplemente está siendo investigada, por tanto lo que está exigiendo el PSOE no es la defensa de la presunción de inocencia en un proceso judicial, que la tiene, sino que ni siquiera se pueda abrir un proceso o investigar a la mujer del presidente si le parece mal al presidente. Lo que está pidiendo el PSOE no es la presunción de inocencia sino que ni se pueda juzgar a Begoña Gómez, que sea inviolable.
La inviolabilidad es un estatus particular que el artículo 56 de la Constitución otorga a la figura del rey: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”. El artículo 65.2 se refiere a la mera gestión interna y doméstica de la Casa Real. El artículo 56 establece por tanto una doble situación, por un lado la inviolabilidad penal del jefe del estado, y como contraparte que el jefe del estado no puede decidir nada por sí mismo, sino que precisa el refrendo del gobierno, por eso mismo es inviolable, porque no decide y no responde de sus actos, salvo si se quiere moralmente pero no jurídicamente. Obviamente esto no se puede aplicar de ningún modo al presidente del gobierno, que sí decide sus actos y es el máximo sujeto ejecutivo. Mucho menos a su mujer, que es una figura que no tiene ningún derecho, fuero ni privilegio especial en la legalidad española. De todos modos, incluso hablando del propio rey, la inviolabilidad se discute que signifique impunidad total si, por ejemplo, matara a su mujer en un arranque de ira. Sólo significaría que el jefe del estado no responde por actos que no son propios. Para muchos observadores el jefe del estado es de hecho una figura decorativa sin poder real, en todos los sentidos de la palabra, y la inviolabilidad sería la plasmación de esa realidad. En cualquier caso la impunidad absoluta del rey sería una cuestión discutible y lo que sin duda no existe en absoluto en derecho es la inviolabilidad de Begoña Gómez.
A Begoña Gómez no se le ha condenado y los ataques contra la justicia se producen simplemente porque se le esta investigando. Nadie sin embargo puede quedar en una democracia al margen de ser investigado, ni siquiera la mujer del presidente; es más, la prueba del algodón de una democracia es precisamente que se pueda juzgar a la mujer del presidente o al presidente. Si Begoña Gómez fuera condenada, cosa que no ha ocurrido aún, podría recurrir porque España es un estado democrático garantista. Ni aun suponiendo que Peinado fuera un juez cuestionable podría condenar en firme a Begoña Gómez por su sola voluntad. De hecho, Peinado es sólo el instructor de la causa, ni siquiera va a sentenciar sobre ella. Será otro juez quien sentencie y después habrá tribunales superiores, compuestos por varios magistrados, ante los que Begoña Gómez podría apelar en caso de condena. Begoña Gómez no está menos defendida ni tiene menos derechos que un ciudadano español cualquiera. Más bien al contrario, Begoña Gómez se encuentra híper protegida al gozar de los mismos derechos que cualquiera y además tener a todos los poderes bajo control del gobierno a su servicio. De haber algo irregular en el caso Begoña sería eso.
El gobierno intenta derivar ahora el escándalo de la mujer del presidente hacia las palabras del juez sobre los policías que escoltan a doña Begoña. ¿Se podría temer, como desliza el juez, que Begoña Gómez se diera a la fuga y que para ello fuera ayudada por sus escoltas o que estos la permitieran por una actitud pasiva? Lamentablemente el juez Peinado no está diciendo nada que cualquier español no pudiera temer también a la luz de la situación. Tenemos una cúpula policial absolutamente colonizada por Pedro Sánchez. La directora de la Guardia Civil figura en la agenda de Leire Díez, la fontanera de Moncloa, como una títere al servicio de la cloaca de Sánchez junto al Fiscal General del Estado. El DAO de la Guardia Civil presuntamente ordenó represaliar y abrir expediente a los agentes de la UCO que investigaban la corrupción del PSOE. Sin tener que retroceder hasta los tiempos del fugado Luis Roldán al frente de la Guardia Civil, Puigdemont ha tenido que contar con la colaboración de los Mossos, y probablemente del CNI (también colonizado por Sánchez), para poder entrar y salir de España sin ser detenido. Delcy Rodríguez aterrizó en España y paseó por Barajas al margen de la legalidad internacional y con la necesaria complicidad de múltiples agentes y funcionarios testigos del hecho. Pedro Sánchez impuso un estado de alarma ilegal sin que ninguna autoridad policial o militar moviera un ceja. De hecho lo único que recordamos al respecto, mientras los cuerpos de seguridad imponían cientos de miles de multas ilegales, es a un lamentable general de la Guardia Civil explicando que investigaban a los desafectos al gobierno. Tampoco un militar o mando policial ha dicho una palabra después de dejarse abandonada a la población tras la DANA de Valencia. De la forma en que el narcotráfico campa por el Estrecho o de la disolución del OCON-Sur tampoco hablemos.
Sánchez acaba de cambiar a toda la escolta de Begoña Gómez por un incidente con Vito Quiles, lo que sugiere que todos los hombres de la escolta son ahora de la absoluta confianza de Sánchez. No cabe dudar de la posibilidad de que los policías alrededor de Sánchez pudieran recibir de sus superiores órdenes de hacer o no hacer cosas en relación a Begoña Gómez. Al retirarle el pasaporte a doña Begoña, pese a las protestas de los sindicatos policiales, en realidad Peinado les está haciendo un favor a los policías, evitándoles el posible dilema de llegar a un punto en que tener que desobedecer una orden o someterse a ella, bajo una presión absoluta.
La “persecución” de Peinado contra Begoña Gómez no deja de ser un mero relato, el relato del gobierno, el gobierno que preside el marido de Begoña Gómez. Si el caso de Begoña Gómez fuera el único que rodea a Sánchez podríamos extrañarnos, pero parece que alrededor de Sánchez no hay nada que no sea corrupto ni irregular desde los tiempos de sus primarias, aunque a lo mejor la actividad de Begoña Gómez es la excepción. Si alrededor de Sánchez todo fuera impoluto a lo mejor cabía dudar de Peinado, lo que no se le puede exigir a Peinado es que archive un caso sólo porque la sospechosa de tráfico de influencias es la mujer de Sánchez. El PSOE por otro lado no ataca exclusivamente a Peinado, sino que ya son sospechosos todos los jueces que investigan la corrupción del PSOE. Por lo visto tenemos que creernos que todos los jueces están locos o son unos golpistas con toga, salvo claro está los nombrados a dedo por el PSOE. Antes de Peinado fue la juez Alaya, no estamos viendo nada nuevo. Mientras que la persecución contra Begoña Gómez por parte de Peinado es una entelequia, la persecución del gobierno y sus cloacas contra Peinado es una evidencia. Es esto lo que debería preocupar ahora mismo al ciudadano español que defiende la democracia.
El último capítulo de este despropósito es que el CGPJ repruebe a Peinado gracias al voto de calidad de su presidenta progresista. En vez de defender al juez que investiga el entorno del gobierno, como en una democracia, el CGPJ lo ataca para defender al gobierno. En este caso hay que señalar la diferencia esencial entre los miembros del CGPJ y todos los jueces a los que el sanchismo califica como golpistas con toga. Los jueces que están investigando la corrupción son jueces independientes, que llegaron al cargo por oposición, sin intervención de los partidos políticos. Por el contrario, los magistrados del CGPJ son jueces elegidos por los partidos. A este respecto no cabe sino lamentar una vez más el deplorable entreguismo del PP y vergonzoso acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ. El PP le regaló a Sánchez el CGPJ y ahora vemos las consecuencias. Es imposible aprobar un comunicado en el CGPJ para defender a los jueces que investigan la corrupción del PSOE, porque la mitad de los magistrados están nombrados por el PSOE y la presidenta, también progresista, tiene voto de calidad. En cambio los magistrados nombrados por el PSOE, apoyados en el voto de calidad de la presidenta, pueden romper el empate para reprobar a Peinado. El PP, después de entregar el CGPJ a la izquierda, se somete a lo que diga el CPGJ respecto a Peinado. Recordemos además que la entrega del CGPJ a la izquierda la justificó el PP asegurando que en 6 meses el nuevo CGPJ presentaría una futura norma de renovación de las plazas que garantizaría su independencia. Han pasado ya 2 años y Sánchez se muere de risa. Por lo demás es una broma que tengamos que fiarnos de la escolta de Begoña, a la orden del DAO de Sánchez y recién renovada por Sánchez, y tengamos en cambio que desconfiar de los jueces independientes.
