El Gobierno de Navarra ha establecido límites a los precios de alquiler de viviendas, especialmente en zonas tensionadas como Pamplona y su comarca, para intentar frenar la subida de precios. A partir de julio, estos límites se aplicarán a cerca del 70% de los alquileres, principalmente los de larga duración.
Naturalmente topar los precios, como siempre pasa, no resolverá el problema sino que agravará la situación. Los precios altos son siempre resultado de la escasez, pero la escasez nunca se resuelve topando precios sino incrementando la oferta. Otra cosa es intentar curar la enfermedad topando la fiebre, que no es causa sino síntoma. Si los precios suben porque faltan pisos, el resultado de topar precios será que quien consiga un piso lo haga a un precio artificialmente barato, pero que el resto se siga quedando sin piso. Si tienes 10 personas y 8 pisos puedes topar el precio, pero dos personas se quedarán si piso. No hay forma de resolver el problema sin construir más vivienda.
Para construir más vivienda hace falta liberalizar el suelo, por mala prensa que la izquierda se haya encargado de trasladar hacia esta palabra. En realidad vivimos una anormalidad. Lo normal sería que se pudiera edificar en todas partes menos donde estuviera prohibido. La realidad en cambio es que sólo se puede edificar en donde está permitido. Esto reduce enormemente la oferta de suelo, lo encarece y lo hace depender de recalificaciones de orden político. No sólo se trata de una limitación de la oferta que encarece los pisos, sino que es una alfombra roja para la corrupción y los encargados de recalificar los terrenos.
Debe recordarse que Navarra ha pasado de 600.000 habitantes en 2006 a 700.000 en la actualidad, básicamente como efecto de la inmigración. ¿Cómo no se va a tensionar el mercado de la vivienda si la población crece por encima del parque de viviendas? Entre los efectos benéficos de la inmigración masiva no se cuenta desde luego la disponibilidad de vivienda. Los inmigrantes no suelen ser por otro lado personas que lleguen con un alto poder adquisitivo, por lo que la demanda de los inmigrantes es de vivienda barata, que lógicamente deja de ser barata cuando a causa de la inmigración aumenta la demanda. Todos los innmigrantes se concentran además en las zonas con los precios de la vivienda más bajos, favoreciendo su segmentación y dificultando su integración.
Respecto al precio de la vivienda, además del suelo, hay que tener en cuenta el precio de los materiales, los costes laborales, la fiscalidad o el precio de la energía, además de las barreras regulatorias. Si limitamos la altura de las casas a 3 pisos, tendremos menos oferta y precios más elevados. Si apostamos por un modelo energético caro, o por constantes aumentos salariales, o por limitar las horas de trabajo, o por formar técnicos de género en vez de albañiles, tendremos pisos más caros, porque se encarece todo el proceso de construcción del piso.
En cuanto a la fiscalidad, el estado y nos los constructores es el gran especulador e intermediario que hace negocio con la vivienda. Primero la encarece y después pretende topar lo precios. Porque claro, lo que parece implanteable es bajar los impuestos.
Para que además haya oferta de vivienda, aparte de pisos disponibles hace falta seguridad jurídica. No puede ser que el propietario se encuentre completamente desprotegido. No puede ser que el propietario no sepa cuál va a ser la legislación mañana. No puede ser que sea imposible echar a un okupa. Esto desincentiva totalmente la inversión inmobiliaria o que quien tiene un piso disponible decida ponerlo en alquiler.
Topar los precios de los alquileres no va a resolver el problema por tanto de la vivienda sino que lo va a agravar. No es una medida dirigida a las causas del problema sino a sus efectos. Es una medida que desincentiva el alquiler y agrava las causas del problema. Es una medida populista que se toma en vez de todas las medidas alternativas que debieran tomarse y es por fin una medida que no funciona, porque en todas partes donde se ha tomado no está funcionando.
