Da miedo escuchar a Sánchez asegurando sin ningún género de duda que va a ganar las elecciones y que seguirá gobernando en 2027 y mucho más allá. El temor de ver la seguridad con que hace estas aseveraciones nos pone sobre la pista de lo mentiroso que es, lo loco que está o lo que tiene planeado para que, efectivamente, no pueda perder. En este sentido lo temible no son ya las palabras, sino los actos que las acompañan. Hasta el PP parece entender por fin la gravedad de la situación. Decimos por fin porque hace sólo una semana los populares se negaban a reconocer este problema en el Congreso, pero Feijóo ha comenzado la semana hablando al fin del elefante en la habitación. Obviamente la inconsistencia de Feijóo resulta de nuevo letal, ¿cómo denunciar esta semana el sistema que la semana pasada avaló?
De entre todas las cosas por las que Pedro Sánchez habría tenido que dimitir hace tiempo de sus cargos en el gobierno y en el partido, una de ellas es la sospecha fundada de que intentó cometer un pucherazo en el comité federal del PSOE que acabó con su expulsión de la secretaría general. Sabiendo que iba a perder, Sánchez instaló unas urnas en un rincón, sin haberse aprobado la votación, sin censo de votantes, sin interventores, y no se sabe ni si empezando la votación con las urnas vacías, porque las colocaron unilateralmente los simpatizantes de Sánchez. No eran los observadores externos sino los propios compañeros de partido de Sánchez, entonces mayoritarios, los que denunciaban a gritos un intento de pucherazo. Podemos cerrar los ojos, pero estos son por tanto los antecedentes de Sánchez.
Los movimientos de Sánchez en los últimos meses, por otro lado, son inequívocos. Si no puedes dar un cambiazo con los votos, intenta dar el cambiazo con los votantes. Al final es lo mismo. El caso es que estamos hablando de meter de forma acelerada a entre dos y tres millones de nuevos votantes para las elecciones de 2027. No dos millones de votantes cualquiera, sino votantes de un colectivo que mayoritariamente vota al PSOE. El aperitivo de la maniobra lo hemos visto en las últimas cuatro elecciones autonómicas, en las que el PSOE ha sido barrido en el voto residente pero ha ganado con diferencia en el voto CERA del exterior.
Entre el millón de inmigrantes nacionalizados en los últimos años (no regularizados, sino nacionalizados), y los casi dos millones de nuevos votantes del exterior descendientes de españoles, para las elecciones de 2027 tendríamos entre 2 y 3 millones de nuevos votantes. El censo de 2027 no será ni parecido al de 2023. Estamos leyendo encuestas que destruyen al PSOE pero que se realizan en España, cuando el futuro gobierno de España quizá se está decidiendo ahora en lugares tan remotos como Buenos Aires.
Que todo forma parte de un plan resulta evidente. Nunca en todas las elecciones generales celebradas hasta ahora ha existido un cambio en el censo de este calibre. Los propios socialistas explican a quien quiere escucharles cómo mediante el voto exterior van a intentar predeterminar el resultado. No sólo eso, la introducción en el censo de estas legiones de nuevos votantes no tiene nada de arbitraria. No sólo se están inventado mediante una ascendendia remota nuevos españoles que jamás han pisado España o que jamás la pisarán, sino que además todo sugiere que los están distribuyendo de manera estratégica, asignándolos a cada provincia según le conviene al PSOE para decantar escaños allá donde se disputan por un pequeño puñado de votos.
Llegados a este punto la cuestión es si el estado de derecho español puede detener a un sujeto dispuesto a seguir como sea en el poder aparentemente para blindarse frente a su horizonte penal. La pregunta resulta particularmente inquietante porque el sujeto ya está en el poder. Es decir, hablamos de alguien que ha llegado democráticamente al poder pero que ahora tiene todos los recursos del gobierno a su disposición para subvertir desde dentro el estado de derecho, desde el Tribunal Constitucional cuya mayoría ha nombrado hasta la Fiscalía General, pasando por las cúpulas policiales o los consejos de administración de la mitad de las empresas del IBEX. Tiene además respaldando todo cuanto haga a RTVE, el equipo olímpico de opinión sincronizada y la cloaca de Ferraz. El límite de Sánchez no es la ley y el estado de derecho. Sánchez no se detiene ante la ley, la moral o el estado de derecho. Cuando Sánchez se encuentra ante un límite de ese tipo que le molesta, lo que se pregunta es si alguien puede hacer algo si se lo salta. La cuestión es por tanto si el estado de derecho español está preparado para resistir el embate de un sujeto como Sánchez dispuesto a todo, con el agravante de que ya está en el poder.
