Esta semana se ha tenido conocimiento de una nueva medida estatista en el mundo sobre la libertad de los sujetos físicos en la red de redes, es decir, en Internet. En concreto, aplicada sobre el uso de las redes sociales, que viene a ser una de las mayores evidencias de la hiperconectividad y la requerida inmediatez.

Desde hace un tiempo, varios gobiernos de Occidente, de ese entramado de países en el que, en teoría, prevalecen ciertas libertades concretas y la conformidad de un Estado de Derecho, están trabajando en la restricción de las redes sociales a los menores de edad.

Entre esas entidades figuran las que competen a Dinamarca, Australia, Francia y Alemania. Empero, la iniciativa más sobresaliente habría sido la recién implementada por el gobierno laborista de Keir Starmer, en Reino Unido, que define el límite en los dieciséis años de edad, sin consentimiento parental. Sí, ese mismo ente que en su día abrió la puerta a la probición de las Redes Privadas Virtuales con servidores muy remotos, que desafían restricciones en ciertos países.

Esta última normativa destaca también por una serie de atributos que trascienden el mero hecho de prohibir con su correspondiente sanción económica. Se pretende vulnerar el anonimato en Internet de una manera más agresiva, ya que no bastará con tener conocimiento de la dirección IP de uso. Las plataformas deberán de exigir a las personas adultas información que resulte de su reconocimiento facial, sus tarjetas de crédito/débito y sus documentos de identidad.

En teoría, la justificación que se da es la necesidad de proteger a los niños de «supuestas adicciones» así como del cibercrimen (principalmente, captación por grupos delictivos o estrechamiento de cerco por parte de pedófilos y pederastas). Problemas, en todo caso, ciertos, para los que existen determinados guardarraíles y aplicativos que restringen ciertas consultas o facilitan el control parental.

No obstante, es muy curioso que buena parte de esos mandatarios descuiden la seguridad pública, ya que su posmodernidad les lleva a ser más favorables con los delincuentes así como con quienes, en calidad de bárbaros contemporáneos, están disparando los indicadores de criminalidad relacionados con los hurtos, las ocupaciones ilegales y las agresiones sexuales.

Es a su vez que muchos de estos respalden o financien agendas e iniciativas públicas que se basan en la hipersexualización de la infancia. Me refiero a los programas de educación sexual y las películas y series de dibujos animados que pretenden exponer al niño al incesto, a la sexualidad con adultos y a la zoofilia. De hecho, cabe recordar que el último fenómeno, junto a la pedofilia, serían pasos posteriores a la denigración semántica del concepto natural del matrimonio.

Pero si se sale de la zona de confort de la ingenuidad, se puede recordar que los gobernantes necesitan explorar nuevas excusas para atomizar a los individuos y convertirlos en meros rehenes de eso que llaman Estado. La responsabilidad de las familias y de los educadores (en conformidad con la primera, enmarcada en el principio de subsidiariedad) quedan plenamente vulneradas.

Además, la dispersión y descentralización de la información que son intrínsecas al fenómeno de Internet supone toda una amenaza para entramados políticos que necesitan imponer por la fuerza ciertas «verdades oficiales», valorando medidas de persecución penal y cancelación basada en la muerte civil. La libertad de pensamiento está seriamente amenazada por los amigos del «progreso» y de la «tolerancia».

Los jóvenes han conseguido, con facilidad, gracias a los reels de TikTok e Instagram, abrirse a corrientes y puntos de vista alternativos. De hecho, es fácil contrastar y cuestionar las versiones oficialistas de ciertos sucesos e imposibilitar la permanencia del carácter proscrito de la verdad. Pero esto no solo sirve para sucesos de seguridad (relacionados con los «nuevos ingenieros europeos») y terrorismo, sino también para manipulaciones económicas frente a la preponderancia del intervencionismo, en sus expresiones marxistas y keynesianas.

Incluso convendría señalar que muchos jóvenes renuncian a la intimidación propagandística sobre los «discursos de odio» o el auge del «extremismo populista y xenófobo». Esto está ocurriendo en países como España, Alemania, Francia, Flandes y Portugal, muy a pesar de la suciedad relativista a la que se exponen en las escuelas oficiales (en base a la Agenda 2030 y los idilios multiculturales, animalistas, secularistas y de género).

Con lo cual, es comprensible que los enemigos de la libertad exploren nuevas fórmulas, de carácter digital, en el camino de servidumbre, sin reparar en el alejamiento de los estándares occidentales. El afán monitorizador y de persecución al disidente, a fin de expulsarlo de la vida pública en todos sus sentidos, es algo que ya no necesariamente se da en los bloques políticos de corte totalitario y planificador como pudieran ser Rusia, China y Corea del Norte.