¿Deberíamos estar indignados o asustados? Es una buena pregunta para un día como hoy. Entre las noticias del día más indignantes y estremecedoras, aunque el ranking viene apretado, sin duda estaría la del registro de la UCO de la propia sede de la Guardia Civil, buscando los expedientes abiertos como represalia contra los agentes que investigaban casos de corrupción del PSOE.
Una noticia como esta es indignante, pero quizá más aterradora aún que indignante. Esta noticia significa que no toda la Guardia Civil es limpia. Que la cúpula está colonizada. Que hay instrucciones políticas del gobierno para que las investigaciones que le salpican se paralicen. Que se castiga a los agentes que investigan casos de corrupción que perjudican al gobierno. Que para que esto sea posible al frente de la Guardia Civil tiene que haber personas dispuestas a tapar los casos de corrupción del PSOE. Que el gobierno puso a esas personas y no otras al frente de la Guardia Civil precisamente porque sabía que podía contar con ellas para hacer eso y que las iba a necesitar para hacerlo.
Todo lo anterior implica que la corrupción del PSOE y del gobierno llega al más alto nivel, algo que por otro lado ya sospechábamos hace tiempo por todo lo que se está destapando. Los múltiples casos de corrupción que se están investigando no implican a un organismo, una entidad pública o un ministerio, sino a casi todos los ministerios y multitud de organismos de la administración. La corrupción del PSOE tenía poder para manejar aeropuertos, compras nacionales e internacionales, rescates, fiscales, diplomacia, adjudicaciones de obras públicas, policías, guardias civiles… Es imposible que una trama corrupta tuviera acceso a todos esos recursos y a dar órdenes e instrucciones a todos esos organismos sin la complicidad del presidente del gobierno.
El presidente del gobierno, por otro lado, con su defensa cerrada de Zapatero, su evasión de cualquier responsabilidad política, y su forma de aferrarse al poder y utilizarlo para intentar frenar las investigaciones, no desmiente esa sospecha sino que más bien la confirma. Sánchez se comporta como si efectivamente fuera el jefe de la trama, estuviera salpicado por todo lo descubierto y no tuviera otra salida para intentar evadir su horizonte penal que aferrarse al poder. Sólo desde el poder puede manejar a su favor la televisión pública, dar instrucciones a los fiscales, aporbar decretos, pactar cambios legales o hacer que se castigue a los guardias civiles que investigan la corrupción.
Al decir que quizá hoy deberíamos estar más asustados que indignados es porque, si hay incluso guardias civiles represaliados por investigar los casos de corrupción del PSOE, entonces el grado de contaminación de las instituciones por parte del gobierno se puede calificar como una especie de autogolpe. La esperanza de que España no acabe convertida en una tiranía pende de que la Justicia, o la Guardia Civil y la Policía Nacional, actuando como policía judicial, es decir a la orden los jueces y no a la orden de los mandos colocados por el gobierno, pueda desentrañar los casos de corrupción del gobierno. Que el gobierno pueda castigar a los guardias civiles que investigan la corrupción del PSOE es objetivamente mucho más grave a que, pongamos por caso, un grupo de chiflados disfrazados de los Village People asalten el Capitolio. Castigar desde la administración controlada por el gobierno a quienes denuncian las irregularidades es algo que por otro lado ya hemos visto en otras ocasiones como en el escándalo de Servinabar con los túneles de Velate, cuando la administración de Chivite represalió al secretario que denunció las irregularidades de la mesa de contratación.
En el caso de los últimos registros en Ferraz por la posible financiación ilegal del PSOE, o del registro de la sede de la Guardia Civil para ver si se ha represaliado a los agentes honrados, tenemos como responsable de ambas operaciones al juez Pedraz. No es que quepa dudar de ningún juez, pero menos que ninguno de Pedraz si de lo que se trata es de tapar la corrupción gubernamental apelando a una supuesta conspiración ultraderechista.
Por el contrario, la directora de la Guardia Civil es María de las Mercedes González, nombrada por el gobierno de Sánchez en 2024. María de las Mercedes González, como es habitual en el sanchismo, es una persona que ni tiene un perfil independiente ni apariencia de ello siquiera, todo lo opuesto. La actual directora de esta Guardia Civil en que se represalia a los guardias que investigan la corrupción del PSOE fue secretaria general de la Agrupación Socialista en el distrito madrileño de Barajas, número 4 de la lista del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid en 2015, concejal del PSOE y delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid.
Una vez más nos encontramos ante la evidencia de que se encuentra al frente de España un gobierno podrido y totalmente contaminado por la corrupción, y sin embargo siendo esto gravísimo es el problema menor. El problema mayor es que, según se va destapando la trama corrupta, la reacción del gobierno se comprueba que está siendo usar el poder del gobierno y todos los organismos previamente colonizados para desactivar la investigación. ¿Para qué fueron tan exhaustivamente colonizadas por el gobierno todas las instituciones con perfiles absolutamente partidistas? Precisamente, cabe sospechar, para que si se destapaba toda la podredumbre el gobierno pudiera contar con ellos para llegar hasta donde sea. Así las cosas lo menos preocupante es el robo, sino la toma del estado de derecho para asumir un poder absoluto sin división de poderes ni contrapesos. Un autogolpe de esta naturaleza podría ser la única opción de impunidad para todos los implicados. Ahora todo depende, esperemos que no sea demasiado tarde, de la justicia y de los policias y guardias civiles honrados. El estado ha sido tomado por los corruptos y están dispuestos a llegar hasta donde haga falta para evitar ser juzgados. Nos encontramos por tanto ante el peor escenario que podríamos imaginarnos, el de un estado que en vez de perseguir el delito ha sido aparentemente tomado por delincuentes. Teniendo en cuenta todo el poder que hemos dejado que tenga el gobierno y su control del estado deberíamos estar muy preocupados. No ya por el dinero robado sino por la superviviencia de la democracia y el estado de derecho en España.
