No se exagera mucho cuando se repite que la UE es la fuente de todo mal. A fin de cuentas hemos decidido ceder soberanía y vivir en una confederación piramidal, por lo que quien ocupa el pico de esa pirámide burocrática determina el marco político de toda la Unión. Hay quien pensó que Bruselas o Estrasburgo servirían como límite a los dislates de los políticos nacionales, particularmente los españoles, ¿pero quién pone límite a los dislates de la poderosa casta política estrasburguesa? ¿Y quién asegura que los dislates de los políticos nacionales son originales y exclusivos y que no son aproximadamente los mismos que los de los políticos europeos? De este modo cedimos nuestra soberanía, por puro complejo, a un entramado burocrático tan descontrolado como controlador, dirigido por incompetentes o iluminados equivalentes a los incompetentes o iluminados de producción nacional pero sobre los que tenemos todavía menos control.

La misma justicia europea en virtud de la cual las euro órdenes son papel mojado, los Puigdemont campan a sus anchas por Waterloo o se nos deroga la doctrina Parot, ha decidido ahora -analizando un caso en Italia- que la concesión de todo tipo de derechos y ayudas a los inmigrantes no depende de la residencia y el arraigo. La izquierda naturalmente ha celebrado esta resolución del TJUE como una victoria aplastante contra la apenas naciente idea en España de la prioridad nacional.

El caso es que la resolución del TJUE es nuevo acto de autodestrucción de la UE. De algún modo lo que viene a hacer esta resolución es convertir en obligatorio lo imposible, que es una forma como otra cualquiera de suicidarse. Es decir, la tesis de que el arraigo es independiente de las ayudas o la situación administrativa del inmigrante no tiene sentido. De hecho, la tesis consagrada por el tribunal es un arma de doble filo. Si el arraigo no es relevante para pedir ayudas, esto quiere decir por un lado que no hacen falta por ejemplo 10 años de arraigo para aspirar a ayudas en igualdad de condiciones con los nacionales, sino que se pueden recibir desde el minuto uno, pero si ayudas y arraigo quedan desvinculados también podría interpretarse como que un inmigrante podría quedar excluido de ellas aunque llevara viviendo en Europa 60 años.

Por otro lado, si el arraigo y las ayudas o la situación administrativa no tienen relación entre sí, ¿por qué limitar la concesión de ayudas sólo a los inmigrantes que viven aquí? Si el arraigo no es relevante, ¿por qué no facilitar en las embajadas que por ejemplo todos los africanos puedan pedir las ayudas europeas o ya puestos la nacionalidad desde su país? Acabemos con la pobreza en el mundo nacionalizando como luxemburgueses a todos los africanos. Una de dos: o subimos a todos los africanos al nivel de Luxemburgo o bajamos a los luxemburgueses al nivel de los africanos. También podemos, por la misma lógica, acabar con la crisis petrolera de Ormuz mezclando petróleo con agua de mar. Si mezclamos un litro de petróleo con 99 litros de agua de mar tendremos 100 litros de petróleo igual que si nacionalizamos luxemburgueses a todos los africanos tendremos 1.500 millones de ricos luxemburgueses.

No es casualidad que se esté hablando en este momento y no otro de prioridad nacional. Establecer prioridades es casi por definición consecuencia de la escasez. Si hubiera viviendas para todos, servicios para todos o dinero para todos no haría falta establecer prioridades. Lo que muchos españoles están no ya viendo, sino viviendo, es por ejemplo que, después de cotizar y pagar impuestos toda su vida, van a pedir una vivienda protegida o una ayuda vital y tienen por delante a un montón de nombres extranjeros que les impiden conseguirla porque no hay para todo el mundo. Entonces empieza a no sonarles tan absurda la idea de la prioridad nacional.

Convertir las ayudas o la situación administrativa en una concesión automática independiente además del arraigo es por tanto un suicidio. No se puede abrir la puerta a un marco que exige recursos infinitos sin tener recursos infinitos. Cuando el TJUE convierte en obligatoria para los estados miembros una política imposible es algo más que un dislate, es un suicidio. Por lo demás nos encontramos una vez más con la paradoja de que nos hunden las instituciones europeas en cuya mítica sensatez habíamos confiado para salvarnos de nosotros mismos. Al final sí va a resultar que somos un poco racistas, pero contra nosotros mismos. No consideramos inferiores a los extranjeros, nos consideramos inferiores nosotros a los noreuropeos y vivimos con ese complejo y con las consecuencias de ese complejo.