Los datos publicados por la Ertzaintza son concluyentes: el 61% de los detenidos en la CAV son extranjeros. Hablamos de 9.222 personas, para añadir números a los porcentajes. Es un número elevadísimo, pero es que si además el 61% son extranjeros hablamos de casi 6.000 delincuentes importados que no deberían andar por las calles, sino haber sido expulsados.
Los datos se acidulan todavía más cuando los números se refieren a las detenciones relacionadas con la comisión de delitos de naturaleza sexual. En esta caso la proporción de delincuentes extranjeros asciende al 71%. Casi 3 de cada 4 delitos sexuales en País Vasco los cometen por tanto delincuentes importados. Casi el 75% de los delitos sexuales podrían desaparecer si no existiera esta importanción delincuencial. Casi el 75% de los delitos sexuales son responsabilidad política de quienes no quieren adoptar ninguna medida de control ni expulsión.
Naturalmente no se puede evitar relacionar estos datos con el hecho de que las agresiones sexuales se hayan triplicado o cuatriplicado en los últimos años. Todas las cifras cuadran. Que se hayan multiplicado las violaciones de repente no se explica sin algún tipo de cambio social extraordinario, ese cambio es la inmigración masiva de los últimos años y los datos de criminalidad sexual, que muestran que el 71% de los agresores sexuales son extranjeros, certifican la explicación.
A diferencia de País Vasco, los partidos de progreso en el gobierno foral han decidido que en Navarra se oculten los datos. Esta ocultación resulta de lo más paradójica porque caben dos escenarios. O los números confirman que hay una relación entre inmigración y delincuencia, o la desmienten. Si la desmienten, no se entiende por qué nos ocultan los datos. Que no nos digan que los datos desmienten el relato de que hay una relación si después nos censuran los datos, o habrá que pensar que están trabajando para impulsar ese falso relato.
Por lo demás, tampoco resulta admisible que el gobierno se arrogue la potestad de decidir los datos que ofrece o no ofrece a los ciudadanos, porque con esos datos los ciudadanos puedan llegar a pensar esto o lo otro. Al menos en una democracia, el gobierno tiene que ser transparente y ofrecer todos los datos. No puede filtrar los datos que ofrece según convengan o no convengan al discurso del gobierno. El gobierno está obligado a publicar los datos y después será problema de los ciudadanos las conclusiones a las que lleguen o no lleguen con ellos. Por el contrario resulta inadmisible que el gobierno, salvo que sea un gobierno dictatorial, pretenda determinar lo que piensen los ciudadanos ofreciendo u ocultando los datos según le interese. Que sepa al menos la gente que el gobierno le oculta los datos y que el discurso del gobierno sólo se sostiene censurando los datos.
