La labor de la Cámara de Comptos, el principal órgano fiscalizador de las cuentas públicas de Navarra, se puede cuestionar hace tiempo. En todos los escándalos de Servinabar, ¿dónde ha estado Comptos? ¿No es para vigilar que no sucedan ese tipo de prácticas que existe Comptos? ¿Cómo es que Comptos fue tan complaciente en su informe sobre todo lo sucedido en los túneles de Velate? Respecto a los túneles de Velate, por ejemplo, en el Informe de Fiscalización de las Cuentas de Navarra del año 2023 aparecían las incidencias en esta obra pero tratadas de una forma extraordinariamente benigna, al punto que Chivite llegó a usar la valoración de Comptos como un aval a su gestión. Comptos sin embargo llegó a afirmar en aquel informe que en la adjudicación de las obras de los túneles “hemos observado aspectos significativos que impiden garantizar de forma suficiente el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato”. Lo llamativo es que, habiendo advertido tal situación en la principal obra de Navarra, Comptos no hubiera alzado más la voz sobre un punto tan alarmante, o que normalizara y validara la adjudicación pese a unos incumplimentos tan importantes.
Al contrario, dio la sensación de que Comptos minusvaloraba esta circunstancia. El propio presidente de Comptos, compareciendo en la comisión de investigación parlamentaria hace poco tiempo, restaba importancia a las irregularidades detectadas. Admitía la existencia de esas irregularidades, reconocía que no se deberían haber producido en la mayor obra pública navarra de los últimos tiempos, pero no cuestionó su legalidad ni emitió duros reproches como sí hizo la Oficina Anticorrupción de Navarra. Por el contrario, el presidente de Comptos evitaba realizar algún reproche que le resultara incómodo al gobierno y se limitaba a certificar que vivimos en un mundo imperfecto. Los medios de comunicación afines al gobierno valoraron la comparecencia del presidente de Comptos como un aval a la gestión del ejecutivo. El hecho es que la mayor obra pública de Navarra acabó adjudicada a una trama corrupta dedicada a conseguir ilegalmente adjudicaciones públicas.
En el mejor de los casos podría concluirse que en todos los escándalos de corrupción en Navarra de los últimos tiempos, desde Velate hasta las VPO de Ripagaina, pasando por los Archivos de Navarra, Comptos ha sido mero paisaje en todo este torbellino. La alarma de incendios que se supone que es Comptos no funcionaba, o emitía señales tan tibias que los habitantes del edificio, ocupados en sus cosas mientras el edificio ardía, no llegaban a percibirlas. A este respecto caben dos supuestos. O Comptos no cuenta con las herramientas para fiscalizar efectivamente y en tiempo real al gobierno, y entonces podemos preguntarnos para qué lo queremos, o sí cuenta con esas herramientas y entonces hay que preguntarse cómo no nos hemos enterado de ningún escándalo hasta que han trascendido a la UCO o los medios.
El hecho de que al presidente de Comptos lo elija la mayoría parlamentaria no ayuda a pensar bien sobre su independencia y severidad a la hora de fiscalizar al gobierno. Si los partidos en el gobierno hubieran elegido a alguien complaciente asistiríamos a justo lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Es más, ahora nos encontramos ante una crisis inusitada en Comptos puesto que se multiplican las noticias sobre las omisiones y los retoques del presidente de Comptos al último informe de fiscalización de las cuentas de 2024, que había presentado el técnico auditor. Estas intromisiones del presidente de Comptos han quedado de manifiesto porque el informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 incluye una ‘cláusula de discrepancia’ del auditor censurado. La ‘cláusula de discrepancia’ está prevista en la Ley Foral de la Cámara de Comptos precisamente como una salvaguarda para los auditores frente a posibles manipulaciones por parte de la Presidencia.
A los retoques del presidente de Comptos respecto a los sobrecostes de los túneles de Velate en que habían incurrido Acciona y Servinabar, se une la eliminación de otros reproches incómodos para el gobierno de Chivite incluidos en el informe, como el cuestionamiento a la necesidad de que exista Nafarbide, la sociedad que gestionará los peajes a los vehículos pesados en las autovías y la N-121, o la responsabilidad del Departamento de Salud en la mala gestión que dio lugar a la creación de Bidean, la empresa pública de ambulancias del gobierno foral.
Toda esta polémica obliga a preguntarnos sobre si Comptos se ha revelado como un instrumento útil o no para fiscalizar al gobierno, si ha servido o no para alertar sobre ciertas prácticas, si ha preocupado o no a los responsables de esas prácticas, si ha actuado como un órgano exigente con el gobierno y sobre todo si puede ser exigente con el gobierno un organismo presidido por alguien nombrado por el gobierno, o al menos por los partidos que están sustentando al gobierno. Si el fiscalizado puede nombrar al fiscalizador en jefe, todo el sistema de fiscalización queda bajo sospecha. Que más allá de las dudas teóricas, después en la práctica el órgano fiscalizador no detecte los grandes escándalos que se van conociendo, o que el fiscalizador en jefe nombrado por el gobierno se dedique a cepillar los informes de los auditores favoreciendo al gobierno, termina de reventar la credibilidad en la independencia de Comptos.
