La dimisión de Chivite, tras el informe de la Oficina Anticorrupción, ya no puede ser optativa

Que las obras de Velate han sido un chanchullo monumental lo sabemos desde el principio. ¿O iba a ser casualidad que las obras se le adjudicaran a una oscura empresa que se anunciaba en el muslote de Koldo García? ¿Era también casual que la adjudicación favoreciera a la única empresa de la que Santos Cerdán era copropietario en la sombra? La única duda era cómo se las habían apañado para garantizarse la adjudicación. Eso a estas alturas corresponde averiguarlo a la policía. Lo que sí es evidente es que todo el mundo en la mesa de contratación de las obras sabía que la adjudicación se la iba a llevar Sevinabar. ¿Por qué tenía 7 miembros la mesa de contratación? ¿Por qué no decide una sóla persona las cosas en obras de esta envergadura (76 millones de euros)? Entre otras cosas porque es más fácil comprar a una persona que a siete. Por esto mismo resulta indefendible ignorar los votos particulares de 3 miembros de la mesa denunciando irregularidades.

La responsabilidad política de Chivite es inexcusable. Esto apesta desde el minuto uno y Chivite no puede alegar anosmia. No sólo se tapó la nariz ante las irregularidades denunciadas por los miembros de la mesa o después por Comptos y los medios sino que aún tuvo el valor que decir que la adjudicación de los túneles de Velate ha sido la más transparente de cuantas se han llevado a cabo con este gobierno. Pues cómo serán las demás. Es urgente revisar todas las adjudicaciones de obra pública que ha llevado a cabo este gobierno.

Chivite además no sólo se ha tapado la nariz y ha presentado como una adjudicación ejemplar lo que evidentemente era un desastre y una corruptela en toda regla, es que además ha mentido para defender la adjudicación. Así, ha sostenido hasta ahora que el proceso de adjudicación a su compañero Cerdán fue completamente legal y transparente, cuando ya Comptos había denunciado que no se habían garantizado en la adjudicación los principios de transparencia e igualdad. Aparte entonces de mentir Chivite, ¿cómo va a ser aceptable una obra pública de 76 millones en la que no están garantizados los principios de transparencia e igualdad? ¿Cómo va a ser encima ejemplar y la más transparente que se ha hecho en Navarra con este gobierno?

Ni legal, ni transparente, pese a lo que decía Chivite

Todo el tinglado se le ha venido hoy abajo a Chivite, por si quedaba algo todavía flotando, cuando la propia Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción del Gobierno de Navarra señala que la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate es «nula de pleno derecho». El informe emitido señala que el hecho de que el presidente de la mesa de contratación, antes de emitir su propio voto decantando el sentido de la votación, tuviera conocimiento de las puntuaciones del resto de miembros, debería anular la adjudicación. Este hecho, lógicamente, «constituye una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados y supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por tanto, de la propuesta de adjudicación». Chivite se viene excusando para no dimitir en que la adjudicación fue legal y transparente, pero Comptos dice que no fue transparente y la Oficina Anticorrupción que no fue legal. Chivite no puede seguir presidiendo en esta situación el gobierno foral.

Chivite tiene una responsabilidad política por todo lo que ha sucedido antes pero tambien después de la adjudicación. Primero por la responsabilidad política de que siguiera adelante una obra, la más importante de Navarra en décadas, viciada ya desde el principio por los votos particulares y las advertencias de irregularidades de buena parte de los técnicos de la mesa de contratación. Da igual que la adjudicación de las obras fuera posible y legal pese a esas advertencias, que ahora ya vemos que puede que tampoco, políticamente no se podían ignorar aquellas advertencias. Si el Gobierno de Navarra para otorgar la adjudicación final ignora esas advertencias y después se demuestra, como se ha demostrado, que había de por medio un caso de corrupción, el Gobierno de Navarra es políticamente responsable de haber ignorado los avisos y María Chivite, como su máxima responsable, tiene que dimitir.

La responsabilidad política de Chivite no se limita además al tiempo anterior a la adjudicación y al descubrimiento de los apaños de Cerdán. Que los apaños de Cerdán con Servinabar no se conocieran hasta después de la adjudicación, por otro lado, no excusa que se concediera irregularmente la obra, lo que hace es explicar por qué se concedió irregularmente la obra. Chivite ya sólo con la información que tenía nunca hubiera debido permitir la adjudicación con esas irregularidades de por medio. Pero es que después de la adjudicación y el destape de todo el caso Cerdán, Chivite siguió asegurando que todo había sido ético, estético, legal, transparente y ejemplar. El “fango” no estaba en la adjudicación sino en quienes denunciaban las irregularidades. En su defensa de la adjudicación de las obras, como hemos visto, Chivite llegó a mentir diciendo que el proceso había sido absolutamente transparente cuando ya Comptos había denunciado que no. La dimisión de Chivite por responsabilidad política no es ya por tanto optativa y no se puede excusar un minuto más. Si a Chivite le queda todavía un mínimo de integridad, debe evitarnos el bochorno de tener de aquí en adelante un gobierno foral bajo sospecha, la necesidad de preguntarnos cuánto sabía, o la duda de si, como Sánchez, se bunkeriza como si fuera culpable porque desde el poder siempre es más fácil garantizarse la impunidad. Es para evitar esto que en los países desarrollados, sea después culpable o inocente en el ámbito judicial el responsable político, los dirigentes democráticos presentan ante este tipo de casos la dimisión.