La Justicia tumba una sanción contra el director de un colegio que criticó la ideología de género

Redacción 18 octubre 2018 Noticias
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Es posible que muchos de ustedes recuerden una polémica que saltó al foco mediático en octubre de 2016, cuando trascendió a los medios una carta que el director de un centro concertado, el Juan Pablo II de Alcorcón, había enviado a las familias a comienzo de curso.

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En aquella carta, el director del centro lamentaba la aprobación ese mismo año de la Ley de Identidad y Expresión de Género aprobada por la Comunidad de Madrid (por unanimidad de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), por “prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos”. Además se lamentaba del dogmatismo contra quien piensa diferente a este respecto y del “pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones”, lo que llevaba al director del centro a sugerir un “parecido” con el sectarismo que sirve de caldo de cultivo a los terroristas.  Teniendo en cuenta que ese verano había tenido lugar el cruento atentado islamista de Niza, al que poco antes también hacía referencia en la carta para condenarlo, el proceso inquisitorial estaba cantado.

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Aparte del chaparrón mediático, la Consejería de Educación ordenó una inspección que no arrojó ningún dato negativo. El gobierno de la Comunidad de Madrid, no contento con ello, trasladó la carta a la Fiscalía la cual no encontró ningún ilícito penal contenido en la carta “…al no rebasar los límites del derecho constitucional a la “libertad de expresión”, y concretamente a la “difusión de ideas u opinión”, pudiendo revestir las manifestaciones contenidas en la carta del Director, expresiones desafortunadas e inapropiadas pero sin que de las mismas resulte discurso del odio o a la violencia”.

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La Consejería de Políticas Sociales, no obstante, haciendo uso del régimen sancionador incluido en la propia ley impuso una multa e 1.000 euros al director. Paradójicamente, esta persecución venía a dar la razón al director sobre la tiranía ieológica que denuciaba en su carta.

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Conviene recordar que todo esto pasó gobernando el PP y bajo la presidencia de Cristina Cifuentes, no bajo un gobierno de Bildu o de Podemos. No es por tanto que no se pueda poner en cuestión la ideología de género en determinadas comunidades autónomas gobernadas por tal o cual partido o colición: es que no se puede cuestionar ya en ningún sitio, la tiranía ideológica es total.

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O casi. Porque según leemos en la web de la Fundación Educatio Servanda, ni esta fundación ni el director se conformaron con asumir la sanción, y sobre todo la injusticia y la represión ideológica que conllevaba, sino que llevaron el caso a los tribunales en busca de amparo judicial.

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En la web de la fundación encontramos también la noticia de que acaba de producirse la sentencia del caso la cual condena a la Comunidad de Madrid a devolver al director la sanción más los intereses, así como a cargar con las costas del proceso.

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La sentencia judicial, que ya es firme, pone de manifiesto que la “la propia Administración reconoce que el actor lo que ha emitido es una crítica a la Ley 3/2016 (FD 1º de la Orden de 19 de septiembre de 2017), y en este punto la doctrina constitucional relativa a la garantía constitucional del derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones no sólo mediante la palabra o el escrito, sino también mediante cualquier otro medio de reproducción, sostiene que desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, la formulación de críticas, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público, salvo si lo expresado solamente trasluce ultraje o vejación. Siendo esto así, el contenido de la carta del recurrente, y las expresiones descontextualizadas por la Administración, lo que reflejan es el desacuerdo del recurrente con una norma jurídica”.

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El pronunciamiento judicial evidencia el atropello sufrido por el director del colegio, pero también que todavía existe esperanza y un resquicio para la libertad de expresión. Esta sentencia anima a las familias y responsables educativos, a toda la sociedad en general, a no callar y utilizar todos los recursos del estado de derecho para luchar contra el pensamiento único de la ideología de género.

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Obviamente el director de este colegio no ha recibido el apoyo de ninguno de esos líderes políticos o mediáticos que inmediatamente se solidarizan con cualquier rapero que llama a volar la cabeza a guardias civiles o concejales del PP. O con artistas que utilizan formas consagradas para hacer una performance, llamar la atención y en último término ganar dinero con todo ello. ¿Libertad de expresión? Ultimamente proliferan los defensores de una libertad de expresión consistente en defender el derecho a decir sólo lo que ellos piensan, lo cual es todo lo contrario a la libertad de expresión. Y no están en la oposición a nada. Están en el poder. La buena noticia es que todavía hay gente valiente que se atreve a decir lo que piensa y algunos resortes del estado que, a fecha de hoy, aún escapan a su absoluto control.

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