Como es sabido por todos, las tasas de licencia para las obras de construcción en España son especialmente caras, estando muy por encima de la del resto de países de la Unión Europea. Las principales razones de este mal dato, malo para el contribuyente, son la pésima ley del Suelo y la falta de solución para la financiación de las entidades locales. Actualmente en Pamplona la tasa impositiva para la obtención de la licencia de obras es de casi el 5% del presupuesto de la obra. Está política de ahogo al contribuyente propicia que la cifra de los presupuestos que se presentan en los ayuntamientos para la solicitud de la licencia, sean sensiblemente inferiores a los que realmente se ejecutan. Durante los años de bonanza económica, en los que los ayuntamientos han ingresado cantidades ingentes mediante las tasas de licencias, se ha hecho la vista gorda a esta situación, que por otra parte no está del todo desencaminada: es muy difícil prever el costo de ejecución de una obra de construcción y una vez terminada y con la hipoteca a cuestas no resulta especialmente atractivo acudir al ayuntamiento a pagar más tasas…
Debido al estancamiento que se ha producido en el sector inmobiliario, el Ayuntamiento de Pamplona ha sufrido una drástica reducción en los ingresos procedentes de las tasas de licencia de obras. Podemos pensar que también para ellos ha llegado la crisis y que quizá se planteen realizar un ERE de funcionarios, que tanto sanearía la administración… Pues no, para ellos nunca llega la crisis. El pasado mes de junio se aprobó una resolución del Área de Hacienda Local, dependiente del Ayuntamiento de Pamplona, en la que se proponía la revisión de todas las licencias otorgadas en los últimos años, de cara a revisar la cifra del presupuesto de ejecución.
Una vez pasado el verano el Ayuntamiento no ha perdido el tiempo. Desde el mes de octubre están llegando a promotores, entidades privadas, pequeños inversores e incluso particulares cartas instando a la presentación de toda la documentación referente a las obras que hayan realizado en los últimos años. Los términos de estás cartas resultan claramente amenazantes para los contribuyentes. Si una vez abierto el expediente se aprecia una mínima diferencia entre el presupuesto presentado para la obtención de la licencia y el presupuesto del final de obra, el Ayuntamiento de Pamplona reclama, con carácter retroactivo, el pago de la tasa de licencia. Hasta aquí resulta esperpéntica la forma que está utilizando el Ayuntamiento para financiarse en tiempos de crisis, pero por desgracia, es escrupulosamente legal. Pero la cuestión alcanza el nivel de tragedia y no parece tan legal, cuando descubrimos que el trabajo de revisión de los centenares de expedientes recae no en funcionarios del Ayuntamiento, sino en una empresa privada que cobrará un porcentaje de la cantidad que el Ayuntamiento de Pamplona logre recaudar. Se dice que la Asociación de Constructores Promotores de Navarra (ACP) está plateándose denunciar ante los Tribunales de Justicia está técnica empleada por el Ayuntamiento de Pamplona. Esta Asociación ni lo confirma ni lo desmiente.
La actuación del Ayuntamiento de Pamplona está siendo la puntilla para muchos promotores o pequeños empresarios, que además de quedarse sin trabajo y sin liquidez para pagar los salarios de sus empleados (teniendo que mandar a muchos al INEM) tienen que hacer frente a cartas amenazantes, que cuatro o cinco años después llegan cargadas de impuestos más o menos revolucionarios.
